La administración de Javier Milei intensifica su estrategia para bloquear una iniciativa legislativa que busca limitar el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), en un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. El oficialismo considera que la oposición intenta restringir las facultades presidenciales mediante modificaciones a la ley que regula estos instrumentos legislativos.

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La próxima semana se perfila crucial con una sesión especial programada para el 13 de noviembre, donde el oficialismo propone debatir el proyecto "Ficha Limpia", que impediría a personas con condenas ser candidatos. Sin embargo, la oposición busca ampliar la agenda para incluir las modificaciones a la ley de DNU, que ya cuentan con dictámenes de las comisiones pertinentes.

El proyecto opositor mayoritario establece un plazo de 90 días para la aprobación congresional de los DNU, tras el cual caducarían automáticamente. Además, propone que el rechazo de una sola cámara sea suficiente para invalidar estos decretos, una modificación sustancial al sistema actual. Milei ya anticipó su veto, calificando la iniciativa como un intento de "golpe de Estado" por alterar las reglas vigentes.

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La Libertad Avanza, a través del diputado Lisandro Almirón, acusa al kirchnerismo de obstaculizar la gobernabilidad. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, trabaja en asegurar los votos necesarios para sostener un eventual veto presidencial, buscando apoyo en el PRO, el MID y legisladores provinciales.

El oficialismo intenta consolidar una base de respaldo que incluye a radicales afines al gobierno y diputados de partidos provinciales. Los bloques que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro emergen como potenciales aliados en esta estrategia de contención legislativa.

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Los dictámenes presentados reflejan las diferentes visiones sobre el control parlamentario de los DNU. Mientras el dictamen mayoritario, informado por Juan Brügge, enfatiza la excepcionalidad de estos instrumentos y la necesidad de límites temporales, el radicalismo propone modificaciones en el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La disputa trasciende el debate técnico y revela tensiones más profundas sobre el equilibrio de poderes en Argentina. El oficialismo defiende la necesidad de mantener herramientas ejecutivas ágiles para implementar reformas, mientras la oposición argumenta la importancia del control legislativo para preservar el orden institucional.

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Esta confrontación ocurre en un contexto más amplio de reacomodamiento político, donde el gobierno busca mantener su capacidad de gestión mientras enfrenta una oposición que intenta establecer límites institucionales a su poder. El desenlace de esta batalla legislativa podría definir el alcance real de las facultades presidenciales para el resto del mandato.