La tensión política en el Congreso argentino alcanzó un nuevo punto crítico cuando el bloque de la Unión Cívica Radical, liderado por Rodrigo de Loredo, anunció su decisión de no otorgar quórum en la sesión especial convocada para modificar la regulación de los decretos presidenciales. Esta movida estratégica, que se suma a la postura similar adoptada por el PRO, representa un respaldo significativo al gobierno de Javier Milei en medio de complejas negociaciones presupuestarias.

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La decisión radical llega en un momento crucial para las provincias, inmersas en intensas negociaciones con el gobierno nacional por la distribución de partidas en el Presupuesto 2025. Los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro ejercieron una influencia determinante en esta postura, evidenciando la prioridad que representa la agenda económica provincial sobre las disputas legislativas.

El panorama político se complejiza con la reciente fractura dentro del radicalismo. Doce legisladores alineados con Facundo Manes y Martín Lousteau abandonaron el bloque principal para formar "Democracia para siempre", mientras que figuras como Julio Cobos mantienen su intención de participar en el debate, desafiando la línea partidaria predominante.

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La iniciativa opositora pretende modificar la ley 26.122, estableciendo que el rechazo de una sola cámara legislativa sea suficiente para derogar un decreto presidencial. Este cambio significaría una restricción considerable al poder ejecutivo, actualmente facultado para mantener vigentes sus decretos hasta que ambas cámaras los rechacen explícitamente.

El proyecto en cuestión propone cambios sustanciales en el manejo de los DNU. Establece un plazo de 90 días para la aprobación legislativa, permite el tratamiento inmediato durante el receso parlamentario y prohíbe la emisión de decretos análogos tras un rechazo dentro del mismo período legislativo. Sin embargo, el presidente Milei ya anticipó su intención de vetar cualquier modificación aprobada.

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La alianza táctica entre el PRO y La Libertad Avanza trasciende la coyuntura legislativa. Mauricio Macri, en reunión con Cristian Ritondo, delineó una estrategia que podría extenderse hacia un acuerdo electoral más amplio, contemplando candidaturas conjuntas en Buenos Aires y la Capital Federal.

Los gobernadores provinciales enfrentan una encrucijada particular. Las negociaciones por deudas de coparticipación y cajas jubilatorias no transferidas se entrelazan con la discusión presupuestaria, a apenas 18 días del cierre del período ordinario de sesiones. Jorge Macri e Ignacio Torres, junto a otros mandatarios provinciales, navegan estas aguas turbulentas buscando equilibrar las necesidades regionales con los lineamientos políticos nacionales.

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El escenario legislativo refleja una reconfiguración de alianzas que trasciende las tradicionales líneas partidarias. La oposición, que reúne aproximadamente 134 votos para impulsar la reforma, enfrenta ahora el desafío de alcanzar el quórum necesario sin el respaldo de dos bloques principales.

Este realineamiento político sugiere un fortalecimiento de la posición del gobierno nacional, respaldado por una coalición informal que prioriza la gobernabilidad y las negociaciones presupuestarias sobre las iniciativas de control legislativo. La estrategia del oficialismo, combinando presión presupuestaria con promesas de acuerdos políticos futuros, parece estar dando resultados en su objetivo de mantener las actuales facultades ejecutivas.