En una nueva fase de su plan de ajuste del Estado, conocido como "deep motosierra", el gobierno del presidente Javier Milei se prepara para implementar dos medidas clave: exámenes de idoneidad para trabajadores estatales y una revisión exhaustiva de organismos públicos. Estas acciones, impulsadas por el Ministerio de Desregulación, buscan profundizar la reducción de la estructura de la administración pública y optimizar su funcionamiento.

A partir de la próxima semana, se abrirán los turnos para que los empleados públicos puedan inscribirse y rendir las pruebas de idoneidad, que servirán como certificado de aptitud para quienes aspiren a ingresar o renovar sus contratos en el Estado. Los detalles de este proceso se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial.

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Las pruebas estarán dirigidas principalmente a los 40.000 empleados estatales de planta transitoria cuya vinculación laboral expira el 31 de diciembre, así como a aquellos que nunca hayan trabajado en la administración pública y deseen postularse por primera vez. Si bien la aprobación del examen será obligatoria, no será vinculante en términos de contratación.

El test constará de tres niveles de dificultad, adaptados a diferentes perfiles laborales: profesionales, administrativos y servicios generales. Las preguntas evaluarán habilidades de lógica, matemática y conocimiento sobre la administración pública. El formato será anónimo, de opción múltiple, y se realizará de forma presencial en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada persona tendrá tres oportunidades para aprobar.

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Paralelamente, el gobierno está llevando a cabo una revisión minuciosa de funciones, estructura y presupuesto de los organismos descentralizados. El objetivo es identificar tareas innecesarias o duplicadas y tomar medidas para optimizar su funcionamiento. Entre las dependencias bajo escrutinio se encuentran la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami) y el Consumo Protegido (Coprec), cuyo futuro está siendo evaluado por el Ejecutivo.

Según fuentes oficiales, más de 100 organismos descentralizados serán sometidos a este proceso de revisión, que podría derivar en fusiones, eliminaciones o reincorporaciones a la administración central, en línea con lo establecido por la Ley Bases.

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Estas medidas se enmarcan en el plan de ajuste del Estado impulsado por el gobierno desde el inicio de su gestión. Datos del INDEC revelan que entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, la dotación de personal en la administración pública nacional se redujo en un 10,48%, lo que representa una disminución de 35.785 puestos de trabajo. Los recortes se registraron en todas las dependencias públicas, incluyendo ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales.

El gobierno sostiene que el examen a los trabajadores estatales no está pensado como un filtro, sino como un mecanismo para garantizar la eficiencia del personal y construir un Estado más profesional. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha generado preocupación entre los empleados públicos y los sindicatos, que temen por la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo.

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A medida que el plan de ajuste avanza, el gobierno deberá encontrar un equilibrio entre la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado y la preservación de los derechos laborales de los trabajadores. El desafío radica en llevar adelante una reestructuración que permita una mayor eficiencia sin afectar la calidad de los servicios públicos ni generar un impacto social negativo.