El presidente Javier Milei y su equipo están decididos a avanzar con la privatización del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), una obra de infraestructura fundamental que conecta los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires y abre la posibilidad de vender el combustible al exterior, particularmente a Brasil. La secretaria de Energía, María Tettamanti, expresó sin ambigüedades la postura del Ejecutivo: "No tengo ninguna duda de que eso tiene que ser una concesión privada".

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Actualmente, el gasoducto se encuentra en manos de la estatal Enarsa, pero el Gobierno considera que es necesario desprenderse de ciertos negocios para poder privatizar la empresa, tal como estaba previsto en la Ley Bases. Tettamanti subrayó que el objetivo es que sea el sector privado el encargado de ampliar la capacidad de transporte de gas, lo que permitiría ahorrar 567 millones de dólares en divisas y atraer una inversión de 500 millones de dólares.

En este contexto, la empresa Transformadora Gas del Sur (TGS), que opera el gasoducto, presentó una propuesta de iniciativa privada para expandir la capacidad de transporte hasta 21 millones de metros cúbicos diarios, lo que posibilitaría llevar el gas desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires y la zona Litoral. Para que esta licitación avance, el Gobierno debe declarar el proyecto de interés público mediante un decreto, dado que se trata de un bien público como el Gasoducto Perito Moreno.

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La secretaria de Energía planteó la necesidad de establecer una tarifa que brinde previsibilidad a los empresarios, lo que atraería compradores dispuestos a acordar la capacidad de compra en función de los costos del transporte. Además, Tettamanti señaló que el esquema actual de concesión de Enarsa bajo la ley 17.319 representa un obstáculo que debe ser estudiado para encontrar una salida y retornar al esquema de tarifas regido por la ley 24.476, considerado más funcional.

El cambio de nombre del gasoducto, que pasó de llamarse "Néstor Kirchner" a "Perito Moreno", también responde a la visión del Gobierno de que ninguna obra de este tipo debería responder a intereses políticos. La construcción del gasoducto, que abarca 573 kilómetros desde Tratayén en Neuquén hasta Salliqueló en Buenos Aires, fue declarada de interés público nacional en 2022 y fue inaugurada en 2023 por el entonces presidente Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner y Sergio Massa.

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La privatización del Gasoducto Perito Moreno se enmarca en la política energética del Gobierno de Javier Milei, que apunta a fomentar la participación del sector privado en la expansión de la infraestructura y la explotación de los recursos de Vaca Muerta. La posibilidad de exportar gas a Brasil y otros países de la región representa una oportunidad estratégica para incrementar las divisas y fortalecer la posición de Argentina como proveedor de energía en el mercado internacional.

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Sin embargo, el proceso de privatización también genera interrogantes sobre el rol del Estado en la gestión de recursos estratégicos y la necesidad de garantizar que los beneficios de estas operaciones se traduzcan en un desarrollo equitativo y sostenible para el país. El Gobierno deberá abordar estos desafíos mientras avanza en su agenda de reformas estructurales y busca atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo.