La administración de Javier Milei enfrenta nuevos desafíos políticos tras la controvertida expulsión del senador Edgardo Kueider, un acontecimiento que ha generado fricciones significativas entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, complicando además las perspectivas para la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

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La destitución de Kueider, quien fue descubierto con fondos no declarados en la frontera paraguaya, ha desencadenado una serie de consecuencias políticas inesperadas. Su banca será ocupada por Stefanía Cora, una legisladora vinculada a La Cámpora, modificando el equilibrio de poder en el Senado y potencialmente obstaculizando las iniciativas gubernamentales.

El episodio ha provocado un intercambio público entre las máximas autoridades del Ejecutivo. Milei cuestionó la validez de la sesión, argumentando que Villarruel no debería haber presidido la Cámara alta mientras él se encontraba en Italia, señalando una posible violación de la división de poderes. La vicepresidenta respondió defendiendo la legitimidad de sus acciones, indicando que el traspaso formal del poder ejecutivo no se había realizado al momento de la sesión.

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La situación se complica además por la licencia solicitada por el senador Víctor Zimmermann para incorporarse al gobierno de Chubut, reduciendo aún más el apoyo con que cuenta el oficialismo en la cámara alta. Esta modificación en la composición del Senado afecta las posibilidades de aprobar nombramientos cruciales, como los pliegos para la Corte Suprema de Justicia de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Las relaciones con el PRO también han sufrido tensiones, con acusaciones desde el gobierno hacia Mauricio Macri por la postura adoptada por los senadores de su espacio en la votación sobre Kueider. Fuentes cercanas al ex presidente confirmaron una estrategia de voto dividido, a pesar de que la Mesa Ejecutiva del partido había anunciado su respaldo a la posición de La Libertad Avanza.

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En este contexto, el gobierno debe reconstruir puentes con los gobernadores, especialmente los de Juntos por el Cambio, quienes mantienen su malestar por la falta de tratamiento del Presupuesto y la ausencia de respuesta a sus solicitudes de diálogo directo. Sin embargo, hay señales positivas en la adhesión de algunas provincias al régimen de cancelación de deuda propuesto por el vicejefe de Gabinete del Interior.

El oficialismo anticipa nuevas batallas parlamentarias, planteando la posibilidad de solicitar la destitución de otros legisladores que enfrenten causas judiciales avanzadas. Esta estrategia podría generar más confrontaciones en el Congreso, aunque desde el gobierno la consideran necesaria para exponer posiciones sobre la corrupción.

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La Casa Rosada intenta minimizar el impacto de estos acontecimientos, sosteniendo que las votaciones en el Senado se definen por temas específicos más que por alineamientos partidarios. No obstante, el panorama político sugiere crecientes dificultades para alcanzar los consensos necesarios que permitan avanzar con la agenda legislativa del gobierno durante el período de sesiones extraordinarias.