La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
4 informes exclusivos cada mes, con el análisis de las tendencias macroeconómicas y políticas con perspectivas sobre mercados financieros y su impacto en la industria. Recomendaciones estratégicas para inversores y empresarios.
Suscripción con MERCADOPAGO
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra Oscar Laborde, anterior representante diplomático argentino en Venezuela, por presunta traición a la Patria en relación con el caso del gendarme Nahuel Agustín Gallo, quien permanece retenido por autoridades venezolanas desde principios de diciembre.
La controversia se desató cuando Laborde realizó gestiones no autorizadas ante el gobierno de Nicolás Maduro, aparentemente validando acusaciones de espionaje contra Gallo y cuestionando la legalidad de su ingreso al territorio venezolano. Según el Ministerio de Seguridad, estas acciones socavaron los esfuerzos diplomáticos oficiales para asegurar la liberación del ciudadano argentino.
La situación comenzó a desenvolverse cuando Gallo emprendió un viaje para visitar a su familia en Venezuela, contando con la documentación necesaria y siguiendo los protocolos establecidos. Su ingreso por el Puente Internacional Simón Bolívar desde Colombia había sido debidamente autorizado. Sin embargo, las autoridades venezolanas procedieron a su detención el 8 de diciembre, confiscando sus pertenencias y trasladándolo a un destino desconocido.
Ante la falta de información sobre su paradero, se activaron múltiples mecanismos legales y diplomáticos. Gendarmería Nacional interpuso un recurso de habeas corpus en Mendoza, inicialmente rechazado pero posteriormente validado por la Cámara Federal, que invocó el principio de jurisdicción universal para casos de desaparición forzada.
La complejidad del caso se intensificó debido a la expulsión previa del personal diplomático argentino de Venezuela, obligando a canalizar las gestiones a través de la embajada brasileña en Caracas y organismos internacionales. En este contexto, la intervención no autorizada de Laborde ha sido interpretada por las autoridades como una acción que benefició al régimen venezolano en detrimento de los intereses nacionales.
La denuncia, fundamentada en el artículo 214 del Código Penal, sostiene que las acciones del ex embajador trascienden el marco de la ayuda humanitaria, constituyendo una deslealtad hacia el Estado argentino. El Ministerio argumenta que la conducta de Laborde compromete la posición nacional en la defensa de sus ciudadanos y menoscaba los principios de justicia y derechos humanos.
La Cámara Federal de Mendoza ha exigido a Venezuela información inmediata sobre la situación de Gallo, incluyendo su ubicación, motivos de detención y condiciones de su retención. Paralelamente, se ha iniciado una investigación sobre posible desaparición forzada, mientras la denuncia contra Laborde sigue su curso en el sistema judicial argentino.
La situación ha generado tensiones diplomáticas significativas y ha puesto de relieve la compleja dinámica de las relaciones internacionales en la región. El caso continúa desarrollándose mientras las autoridades argentinas persisten en sus esfuerzos por garantizar la seguridad y los derechos fundamentales del gendarme retenido.
