La transición hacia la unificación cambiaria en Argentina durante 2025 representa un desafío multidimensional que trasciende la mera técnica monetaria, constituyendo un punto de inflexión en la transformación económica del país. El gobierno de Javier Milei enfrenta el complejo desafío de desmantelar un sistema de controles cambiarios profundamente arraigado, mientras preserva la estabilidad macroeconómica y la credibilidad institucional.

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La estrategia de liberalización contempla una secuencia gradual de "capas", comenzando con la reducción del crawling peg del 2% al 1% mensual. Esta decisión técnica refleja una lectura sofisticada de la dinámica inflacionaria: el actual ritmo de microdevaluaciones ha dejado de funcionar como ancla nominal efectiva, potencialmente estableciendo un piso artificial para la inflación que podría obstaculizar los objetivos de estabilización.

La compleja arquitectura del sistema cambiario actual presenta distorsiones significativas. El dólar blend, inicialmente concebido como mecanismo de incentivo para el sector agroexportador, ha perdido eficacia operativa ante la compresión de la brecha cambiaria. Este instrumento, que permitió la liquidación de aproximadamente USD 6.000 millones en el mercado financiero durante 2024, enfrenta críticas tanto del sector productivo como de organismos multilaterales, que cuestionan la sostenibilidad de tipos de cambio diferenciales.

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El fortalecimiento de las reservas internacionales emerge como condición sine qua non para la unificación cambiaria. El Banco Central, bajo la conducción de Santiago Bausili, ha delineado una hoja de ruta que contempla múltiples fuentes de financiamiento, incluyendo un potencial nuevo acuerdo con el FMI y alternativas de mercado como el préstamo REPO con la banca internacional.

La dimensión política introduce una variable crítica en la ecuación. El calendario electoral de 2025 plantea un dilema estratégico para la administración Milei: por un lado, la postergación de la unificación cambiaria podría interpretarse como un incumplimiento de sus promesas desregulatorias; por otro, una liberalización prematura que genere volatilidad cambiaria podría comprometer los logros en materia de desinflación.

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La experiencia histórica sugiere que las transiciones exitosas hacia regímenes cambiarios unificados requieren una cuidadosa calibración de expectativas y fundamentals macroeconómicos. El desafío radica en evitar que la gradualidad en la implementación genere expectativas de devaluación que puedan desestabilizar el proceso.

El BCRA enfrenta el reto adicional de diseñar un esquema de flotación administrada que equilibre la flexibilidad necesaria para absorber shocks externos con la capacidad de intervención suficiente para moderar volatilidades excesivas. Este framework operativo deberá contemplar no solo aspectos técnicos sino también consideraciones de economía política y distribución del ingreso.

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La eliminación del cepo cambiario trasciende la mera política monetaria para convertirse en un test crucial de la capacidad institucional argentina para implementar reformas estructurales sostenibles. El éxito de esta transición dependerá tanto de la solidez técnica del programa como de la habilidad política para gestionar expectativas y construir consensos en un contexto de alta sensibilidad social.