La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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La iniciativa del gobierno de Javier Milei para modificar el sistema electoral argentino enfrenta un obstáculo significativo debido a la estratégica indefinición del peronismo, que mantiene en vilo las negociaciones por la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La necesidad de alcanzar una mayoría especial de 129 votos en la Cámara de Diputados coloca al bloque de Unión por la Patria en una posición determinante para el futuro de la reforma.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrentó esta realidad durante un encuentro en Casa Rosada con Cristian Ritondo del PRO y Rodrigo de Loredo de la UCR, donde quedó en evidencia la fragmentación de posiciones entre los potenciales aliados del oficialismo. Mientras el gobierno insiste en la eliminación definitiva del sistema, el PRO propone una suspensión temporal para 2025 y la UCR aboga por una reforma que simplifique y reduzca costos.
La complejidad de las negociaciones se profundiza ante la ausencia del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, que rechazó participar en las conversaciones informales y exige que el debate se desarrolle en el ámbito institucional del Congreso. Esta postura refleja las tensiones subyacentes en la construcción de consensos para una reforma electoral de tal envergadura.
El silencio calculado de Unión por la Patria no solo complica las negociaciones directas sino que influye en el posicionamiento de otras fuerzas políticas. Dentro del peronismo, las posiciones varían según las realidades territoriales: mientras el Frente Renovador impulsa la suspensión en Buenos Aires y legisladores chaqueños proponen eliminar su obligatoriedad, representantes de Santa Fe y Buenos Aires defienden las PASO como herramienta para evitar la fragmentación electoral.
La dimensión provincial del debate añade complejidad adicional, especialmente en Buenos Aires, donde la eventual suspensión de las primarias podría facilitar el desdoblamiento electoral pretendido por el gobernador Axel Kicillof, una movida con potenciales implicaciones para la dinámica interna del peronismo.
El kirchnerismo duro, por su parte, cuestiona tanto los tiempos propuestos por el oficialismo como la falta de claridad en los objetivos de la reforma. Fuentes cercanas al sector sugieren que cualquier definición quedará supeditada al análisis detallado en comisiones, programado para inicios de febrero según el cronograma tentativo del gobierno.
La decisión del Ejecutivo de incluir la reforma en el período de sesiones extraordinarias sin asegurar previamente los apoyos necesarios refleja las dificultades de la gestión libertaria para construir consensos legislativos. La ausencia de una mesa política formal de negociación complica aún más la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre una reforma que requiere mayorías especiales.
El panorama se complejiza al considerar que la reforma electoral podría entrelazarse con otras negociaciones pendientes, como la designación de jueces para la Corte Suprema o el proyecto de Ficha Limpia, que podría afectar la elegibilidad de figuras como Cristina Kirchner. Esta interdependencia de temas sugiere que el peronismo podría estar reservando su posición como moneda de cambio para futuras negociaciones más amplias.
La incertidumbre sobre el destino de las PASO refleja no solo las dificultades del gobierno para construir mayorías legislativas sino también la compleja trama de intereses políticos y territoriales que atraviesan cualquier intento de reforma electoral en Argentina. El desenlace de esta pulseada política podría establecer precedentes significativos para la capacidad de gestión legislativa del gobierno de Milei.
