La semana que finalizó nos deja una agenda de cuestiones críticas que requerirán definición en los próximos días. La sostenibilidad del superávit fiscal del primer bimestre, la escalerita descendente de la inflación, el tipo de cambio que recibirán los exportadores por la liquidación de la cosecha gruesa y el dilema que se le plantea al gobierno tras el rechazo del DNU 70/23 en el Senado son algunas de las centrales. Veamos.

El problema de la sostenibilidad de la licuación y destrucción de pesos

La administración Milei viene sosteniendo, a través de su Ministro de Economía, Luis Caputo, que no prevé un salto devaluatorio, en el corto plazo, ni un incremento en el procentaje de microdevaluaciones mensuales que realiza (crawling peg) del 2%.

Las etapas que el Presidente afirma se sucederan son “Abrir el cepo, avanzar hacia la competencia de monedas y cerrar el Banco Central”. Aparentemente esta secuencia sería la que está en mente de Milei y que Caputo debe administrar.

La apuesta está basada en la continuación de la política de licuación del gasto público, la motosierra recortando partidas y la aspiradora de pesos con tasas negativas de interés con reducción de los pasivos remunerados del Banco Central.

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En ese marco, el gobierno imagina que el ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, en los próximos meses, aumentarían las reservas del Central pasando de una situación de reservas netas negativas a positivas, lo que crearía las condiciones para el primer paso de la secuencia planeada: la salida del cepo.

Sin embargo algunos nubarrones comenzaron a presentarse durante febrero en este escenario. En primer lugar la caída, en términos reales de la recaudación impositiva producto de la feroz recesión que afecta al sector productivo y comercial de nuestro país. De esta manera, y como resulta lógico, los principales tributos nacionales vinculados con la actividad económica comenzaron a caer en su recaudación en términos reales.

Durante febrero, la profundización del recorte de gastos públicos, compensó la caída y permitió mantener, por segundo mes consecutivo, el superávit fiscal. Pero el gobierno no debiera descuidar las luces amarillas que empiezan a aparecer en el tablero de control del Palacio de hacienda.

La política de licuación del gasto y destrucción de pesos tiene un límite que está dado por la respuesta de la recaudación tributaria. Si esta última continúa cayendo en términos reales, para mantener el superávit será necesario profundizar la baja del gasto y esto, a falta de incentivos para que el sector privado se recupere, generará una nueva caída en la recaudación, ingresando en un círculo vicioso con mal pronóstico para la autoridades económicas.

Evitar este efecto al que hemos denominado "el perro que se muerde la cola" es esencial para no ingresar en una espiral descendente de la que resultará muy difícil salir y que podría transformarse en una trampa para el gobierno.

Si tenemos en cuenta cuales han sido, en el último bimestre, las partidas que más han aportado al ajuste veremos claramente que la situación no es sostenible en el mediano plazo.

De acuerdo a el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el primer bimestre del año el gasto público nacional pagado bajó $5,5 billones respecto a 2023 y, los mayores aportes porcentuales a esa baja lo realizaron las partidas de Jubilaciones y pensiones soportaron el 34%, inversión real el 14%, las transferencias a provincias el 12%, subsidios a la energía el 10%, salarios el 7%. y el efecto Licuación el 40%.

Asimismo, si analizamos la totalidad de los gastos públicos vemos que, salvo el PAMI, el resto de las partidas disminuyeron fuertemente en términos reales.

De acuerdo al análisis del IARAF, en el primer bimestre del año, 15 de los 16 gastos bajaron interanualmente en términos reales. La excepción fue el PAMI. Los gastos de mayor caída fueron: transferencias de capital a provincias (-98,4%), inversión pública (82,2%), Transferencias corrientes a provincias (76,7%) y subsidios a la energía (-61,6%).

Este es el escenario fiscal de los dos primeros meses de la administración Milei. Licuación, motosierra y destrucción de pesos. Es obvio que la tasa de inflación presente un comportamiento descendente desde los 25.5 puntos porcentuales de diciembre hasta los 13.2 de febrero en el marco de la escasez de pesos y la recesión que pone un límite a las remarcaciones. La pregunta es cuantos meses más es sostenible este esquema.

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La trampa del dólar "Blend" y la liquidación de la cosecha gruesa

El esquema cambiario vigente establece que las exportaciones se liquiden en un 80% al tipo de cambio oficial y el restante 20% al valor del dólar Contado con Liquidación (CCL), lo que hace que, al día de hoy, el tipo de cambio que recibe un exportador sea de aproximadamente unos $ 930 pesos por dólar.

Este esquema ha permitido al gobierno reducir la brecha cambiaria por un descenso en los valores de cotización del CCL, ya que al volcarse a ese mercado el 20% de las exportaciones este pequeño mercado recibe una oferta de dólares que deprime su cotización.

Si bien esto ha permitido al gobierno mostrar como éxito la reducción de las brechas y hasta ha generado opiniones en las redes sociales acerca de la inminencia del levantamiento del cepo, esconde un problema que será puesto en la agenda pública en las próximas semanas.

La inconsistencia dinámica de este proceso es que, a mayores exportaciones habrá mayor afluencia de dólares al mercado del CCL y, como consecuencia de ello, mayor depresión de su precio.

Entonces, llegaríamos a una situación en la cual el tipo de cambio real que los exportadores recibieran tendría un tendencia decreciente: a mayores liquidaciones, menor tipo de cambio.

Los productores agropecuarios pueden administrar el ritmo de liquidación de sus cosechas. Están obligados a vender un porcentaje para cubrir los gastos y el resto pueden esperar, manteniendo su activo en silos bolsas, a la espera de una mejora de las condiciones, que no son otras que un tipo de cambio real para ellos.

Esta trampa en la que el gobierno ha ingresado es de compleja resolución porque implica o devaluar para mejorar el valor del dólar que recibirán los exportadores o arriesgarse a que la liquidación de la cosecha gruesa no tenga el volumen esperado y, en consecuencia, el ingreso de dólares al Banco Central no resulte el deseado.

El objetivo de salir del cepo se vería postergado ante un escenario de estas características.

El rechazo al DNU y el timing político de la negociación

Otra de las cuestiones centrales en la agenda política de la semana fue el rechazo del DNU 70/23 que, con una importante mayoría de 42 votos contra 25, el Senado le propinó al gobierno.

La importancia del margen de diferencia de votos muestra, a las claras, la escasa capacidad del gobierno para establecer mayorías parlamentarias. Hecho que ya quedó en evidencia ante la derrota política en aprobar la Ley Bases original.

El Presidente Milei, en una estrategia de huida hacia adelante, o como el prefiere llamarla de acelerar ante la adversidad política, formuló, en su discurso del 1 de marzo una convocatoria a la firma de un Pacto refundacional para el 25 de mayo, condicionado a la previa aprobación de una nueva Ley Bases y un paquete fiscal de aumento de impuestos.

Este hecho había provocado una transitoria descomprensión en el sistema político argentino que ha sido interrumpido por el comunicado emitido por la Oficina del Presidente, luego del rechazo del DNU, en el que se acusa a la oposición de socavar al gobierno y poner en peligro la firma de dicho Pacto.

En este punto es importante considerar que, hasta ahora, el gobierno no ha logrado ningún éxito legislativo que le permitiera avanzar con algunas de sus propuestas de cambio.

Toda la tarea está a cargo de Luis Caputo en el plano fiscal y cambiario con el plan licuadora y aspiradora de pesos.

Es indudable que esto no es sostenible y, hasta el propio Fondo Monetario Internacional, viene advirtiendo la necesidad de aprobación de leyes que den un marco de sostén a las políticas del gobierno ya que, de lo contrario, el grado de fragilidad se incrementará y no permitirá el inicio de ningún proceso de inversión productiva en el país, que sería la base primordial para iniciar el ciclo de crecimiento.

Por estas horas el dilema que se presenta a la Casa Rosada es si avanzar con las negociaciones con gobernadores y la oposición, lo que implicará efectuar concesiones, para asegurar la aprobación legislativa de un núcleo de medidas de cambio o profundizar el enfrentamiento, acentuando lo que Milei denomina el Principio de Revelación, para dejar en claro a quienes se oponen al cambio, y esperar a las elecciones legislativas del 2025 para intentar construir una mayoría parlamentaria propia, de la que hoy carece.

La semana que finalizó nos deja este gran interrogante, el que deberá tener respuesta en los próximos dias y, de cuya resolución, dependerá, en gran medida, el escenario de corto plazo que enfrentaremos.