La administración libertaria sorprendió al anunciar el envío al Parlamento del entendimiento con el organismo internacional a través de un decreto, mecanismo que le permite dar vigencia inmediata al acuerdo mientras busca la aprobación de al menos una de las cámaras legislativas
Economía07/03/2025 13News-Economía
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La administración libertaria sorprendió al anunciar el envío al Parlamento del entendimiento con el organismo internacional a través de un decreto, mecanismo que le permite dar vigencia inmediata al acuerdo mientras busca la aprobación de al menos una de las cámaras legislativas.
El ejecutivo argentino tomó una decisión estratégica respecto al nuevo entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Tras anticiparlo durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei optó por implementar el acuerdo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, instrumento que permite darle vigencia inmediata mientras transita el proceso de revisión parlamentaria.
Esta movida constituye un intento de equilibrar dos imperativos: cumplir con la legislación nacional, que establece que los acuerdos con el FMI deben ser tratados por el Congreso, y evitar potenciales tácticas dilatorias que pudieran comprometer la estabilidad económica en un contexto donde el oficialismo cuenta con escasa representación parlamentaria.
"Es un acuerdo beneficioso que permite el desendeudamiento, mejora el perfil de la deuda y fortalece la economía", argumentaron fuentes oficiales. Justificaron la utilización del mecanismo de urgencia por la sensibilidad que representa para los mercados cualquier incertidumbre relacionada con este tipo de entendimientos, que impactan desde la cotización del dólar hasta las decisiones de inversión.
El procedimiento establecido por la ley 26.122 marca que el DNU deberá ser enviado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dentro de los diez días hábiles posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Esta comisión, presidida actualmente por el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, dispone de igual plazo para emitir dictamen, tras lo cual ambas cámaras quedan habilitadas para debatirlo.
Una particularidad del sistema argentino es que, para invalidar un decreto de estas características, se requiere el rechazo explícito tanto de Diputados como del Senado. La administración libertaria confía en obtener más de 129 votos favorables en la cámara baja, mientras que en el Senado, donde cuenta con apenas seis legisladores propios frente a 34 pertenecientes a bloques kirchneristas, la situación presenta mayor complejidad.
El abogado constitucionalista Felix Lonigro explicó que "el decreto empieza a regir desde el momento de su publicación, más allá del tratamiento en el Congreso, que posteriormente definirá su aprobación". En similar línea, su colega Andrés Gil Domínguez sostuvo que "el DNU reemplaza al Congreso, rige desde que se emite".
Desde el organismo multilateral, por su parte, han aclarado que no consideran la aprobación parlamentaria como un requisito indispensable. Julie Kozack, vocera del FMI, manifestó: "Tomamos en cuenta el compromiso del presidente Milei de buscar apoyo del Congreso a un nuevo programa", aunque precisó que "obtener el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades según lo dispuesto en la legislación interna argentina".
La funcionaria aprovechó para destacar los resultados económicos conseguidos bajo la actual administración. "El plan de estabilización y crecimiento está generando resultados significativos. Se han hecho grandes esfuerzos para reducir la inflación, estabilizar la economía y forjar un regreso al crecimiento. La pobreza finalmente está empezando a declinar", afirmó Kozack.
También señaló que existe "un entendimiento compartido sobre la necesidad de continuar adoptando un conjunto consistente de políticas monetarias, fiscales y cambiarias, mientras avanzamos en las reformas para el crecimiento". Respecto a las negociaciones, solo indicó que "continúan de manera constructiva" y que una vez finalizado el proceso "el acuerdo final requerirá la aprobación del directorio ejecutivo" del organismo.
Este movimiento del gobierno se produce en un contexto donde la relación con el parlamento ha sido compleja. Con menos de 40 diputados y solo seis senadores propios, La Libertad Avanza ha enfrentado dificultades para avanzar con sus iniciativas legislativas, logrando aprobar solo algunos proyectos durante las sesiones extraordinarias.
La decisión presidencial busca evitar que una iniciativa fundamental para la economía quede atrapada en las dinámicas parlamentarias. El oficialismo recuerda que, durante la gestión de Alberto Fernández, el acuerdo con el FMI recibió respaldo mayoritario del Congreso, incluyendo votos del peronismo no kirchnerista, Juntos por el Cambio y partidos provinciales, pese a las críticas tanto desde la izquierda como desde sectores libertarios.
En aquella ocasión, incluso el propio Milei, entonces diputado, había criticado ese entendimiento por no aplicar reglas de austeridad fiscal más estrictas. Ahora, desde el gobierno consideran que el nuevo acuerdo representa una visión diferente, combinando ajuste fiscal con apertura económica, desregulaciones y estrategias de desendeudamiento.
La administración libertaria anticipa que la Comisión Bicameral analizará el decreto con responsabilidad, especialmente considerando la relevancia del tema. Espera que en bloques como la UCR, el PRO, los partidos provinciales e incluso un sector del peronismo, prevalezca una voluntad de diálogo que evite decisiones que puedan afectar negativamente la economía.
El presidente había adelantado su intención durante la apertura de sesiones ordinarias: "Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo entendimiento con el FMI que nos brindará herramientas para avanzar hacia un esquema cambiario más libre y eficiente, atrayendo mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación y mayor crecimiento".
Con este movimiento, el gobierno busca garantizar que una pieza clave de su política económica no quede rehén de las complejidades parlamentarias, mientras mantiene abiertos los canales institucionales para que el Congreso ejerza su rol de control sobre los acuerdos internacionales, tal como establece la legislación vigente.
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