El ejecutivo se encuentra en las etapas finales para concretar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, con montos que oscilarían entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, según estimaciones de analistas del mercado. La administración de Javier Milei ha decidido implementar un camino alternativo al tratamiento legislativo tradicional, optando por un Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicaría este lunes, estrategia que genera interrogantes legales y podría desembocar en un conflicto judicial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en declaraciones recientes que los montos ya fueron definidos con los economistas del staff del organismo multilateral, aunque evitó precisar cifras exactas por cuestiones de confidencialidad. "El monto ya fue definido con los economistas del staff", afirmó el funcionario en una entrevista televisiva, añadiendo que el acuerdo se concretaría en abril, considerando los tiempos burocráticos tanto argentinos como del propio organismo internacional.

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La administración libertaria sorprendió el jueves pasado al anunciar que el acuerdo se formalizará mediante un decreto y no a través del debate parlamentario, como establece la Ley de Sostenibilidad de la Deuda aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta decisión representa un cambio significativo respecto a lo expresado días antes por el propio presidente, quien había manifestado que el acuerdo debería pasar por el Congreso porque "las reglas de juego son las reglas de juego".

Fuentes oficiales consultadas por medios locales indican que la firma del decreto estaba programada inicialmente para el viernes por la noche, pero sufrió demoras por revisiones técnicas. El documento pasó por exhaustivos análisis de los equipos técnicos del Ministerio de Economía, la Secretaría de Planeamiento Estratégico y la Secretaría de Legal y Técnica, antes de su aprobación final.

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Desde el Ejecutivo reconocen que esta vía "fuerza los límites" de la legislación vigente, pero consideran que se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales presidenciales. "La medida está dentro de las atribuciones que contempla la Constitución", sostienen fuentes de Casa de Gobierno, que anticipan posibles presentaciones judiciales: "Es probable que busquen llevarlo a la Justicia para frenarlo, como pasa con la mayoría de las medidas que impulsamos".

Para defender la validez legal del decreto, funcionarios cercanos al presidente argumentan que la situación es diferente a la del DNU 70/23 (mega DNU) y señalan que en este caso "es más difícil demostrar el daño". Además, aseguran que la medida se ampara en un decreto firmado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner.

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El cronograma de desembolsos y su utilización constituyen aspectos cruciales aún no revelados públicamente. Fernando Marull, economista de FMyA, estima que los fondos podrían rondar los 12.000 millones de dólares, representando un adelanto de pagos hasta 2027. Esta cifra correspondería al monto pendiente del acuerdo firmado en 2018, que nunca se terminó de desembolsar durante la transición presidencial entre Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Según cálculos de la consultora GMA, bajo el programa vigente Argentina mantiene compromisos por 2.500 millones de dólares con el organismo en lo que resta del año y 12.700 millones durante el actual período presidencial. Estos números ofrecen contexto sobre la magnitud de la operación financiera en curso.

Claudio Loser, exdirector ante el FMI, identifica tres elementos pendientes para completar el acuerdo: "El monto, el cronograma y el lenguaje sobre el cepo y el tipo de cambio". Particularmente sensible resulta la definición sobre la política cambiaria, aspecto sobre el cual el FMI ha sido crítico en sus informes recientes sobre Argentina.

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Durante un discurso ante empresarios, Caputo intentó tranquilizar al mercado respecto al impacto del acuerdo sobre el tipo de cambio: "¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? No va a pasar nada. No hay pesos para que pase nada". El funcionario descartó un "cimbronazo" aunque admitió que podría registrarse cierta volatilidad.

Las afirmaciones ministeriales contrastan parcialmente con lo expresado por el presidente Milei en la apertura de sesiones del Congreso, donde anticipó que Argentina avanzará hacia un esquema cambiario "más libre y eficiente". Los detalles de esta transición y su cronograma permanecen desconocidos.

La vocera del FMI, Julie Kozack, mantuvo una postura cauta en su última conferencia de prensa, señalando que "el potencial del programa está bajo discusión, como parte de un diálogo constructivo", sin confirmar el cierre definitivo del acuerdo. En la misma línea se expresó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien reconoció que las negociaciones "todavía no están cerradas".

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La estrategia del gobierno para implementar el acuerdo incluye intentar blindar el DNU en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, evitando que llegue al recinto de alguna de las cámaras. Esta táctica forma parte del plan diseñado por el equipo político presidencial para acelerar las negociaciones con el organismo multilateral mientras dilata el tratamiento legislativo.

Para asegurar apoyo político, el Ejecutivo planea concretar reuniones con aliados potenciales en los próximos días, una vez que la medida se publique oficialmente. Los operadores gubernamentales buscan consolidar respaldos del PRO, el MID, sectores de la UCR, bloques como Independencia e Innovación Federal, además de legisladores vinculados a gobernadores del peronismo no kirchnerista.

La publicación del decreto representa un punto de inflexión en la relación del gobierno con el organismo internacional de crédito y potencialmente marcará el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo para Argentina. El proceso tiene lugar en un contexto de tensiones políticas crecientes, con críticas de la oposición que cuestiona tanto el mecanismo elegido como los términos del acuerdo.

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La decisión de evitar el tratamiento legislativo ha generado fuertes cuestionamientos de la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, quien acusó al mandatario de actuar "desesperado por falta de dólares" y de replicar estrategias de endeudamiento similares a las implementadas durante la presidencia de Mauricio Macri.

Los próximos días resultarán determinantes para conocer los detalles finales del acuerdo, el cronograma de implementación y las respuestas del sistema judicial ante las probables impugnaciones que enfrentará el decreto presidencial. Mientras tanto, los mercados financieros observan con atención cada movimiento, en un equilibrio delicado donde las expectativas juegan un papel fundamental para la estabilidad económica argentina.