Las actualizaciones de haberes previsionales vinculadas a la inflación generaron un incremento significativo en el gasto público durante febrero, obligando al equipo económico a profundizar ajustes en otras áreas para mantener el equilibrio fiscal. Según estimaciones de consultoras privadas, las erogaciones en jubilaciones y programas sociales aumentaron más del 30% en términos reales comparado con el mismo período del año anterior.

El análisis elaborado por la consultora Analytica, basado en datos oficiales devengados, reveló que el gasto público experimentó un crecimiento cercano al 11% en febrero respecto al mismo mes de 2024. Esta cifra, aunque elevada, representa una desaceleración frente al incremento del 21% registrado en enero. Los especialistas atribuyen este comportamiento principalmente a la base de comparación extremadamente baja de los primeros meses de 2024, cuando se produjo una intensa licuación del gasto debido a la escalada inflacionaria posterior a la devaluación de diciembre 2023.

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La implementación del decreto que estableció una fórmula de actualización automática por inflación para haberes previsionales y programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) modificó sustancialmente la dinámica del gasto. Esta indexación automática transformó estos componentes en rubros prácticamente inflexibles a la baja, generando presiones adicionales sobre las cuentas públicas.

Entre los sectores que mostraron mayor crecimiento real respecto al año anterior, destacan las transferencias a provincias con un aumento del 49,9%, las asignaciones familiares y AUH con 35%, y las jubilaciones y pensiones con 32,1%. Estos incrementos contrastan notablemente con las pronunciadas reducciones en obra pública (-68,3%) y subsidios económicos (-55,6%), donde los recortes en energía (-59,3%) y transporte (-50%) reflejan la estrategia del gobierno para compensar los aumentos en otras áreas.

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El gasto en haberes previsionales específicamente registró un incremento del 38% interanual en febrero, lo que supone un aumento del haber mínimo en términos reales del 54,8% desde el año anterior. Sin embargo, este dato debe interpretarse considerando el efecto de la base de comparación, ya que los refuerzos previsionales perdieron 23,7% de su poder adquisitivo en el último año según cálculos de Analytica.

La consultora también analizó la cobertura actual de las jubilaciones mínimas en relación con la canasta básica total para un adulto mayor. Sin bonos adicionales, el haber mínimo cubre aproximadamente el 110% de dicha canasta, mientras que con la inclusión del bono, la cobertura se eleva al 139%.

Un aspecto relevante para las proyecciones futuras es el impacto que tendrá la evolución de la inflación sobre el gasto previsional. Si la inflación continúa desacelerándose, el gasto en jubilaciones y pensiones podría aumentar hasta un 12,9% anual. Por el contrario, si se produce una aceleración inflacionaria, el incremento sería menor, aproximadamente un 6,6% interanual. Esta relación inversa se explica por el rezago existente en la fórmula de actualización, ya que los haberes se ajustan según el índice de precios registrado dos meses antes.

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El Gobierno enfrenta desafíos significativos para mantener el equilibrio fiscal durante 2025. A diferencia del año anterior, no contará con ingresos extraordinarios que facilitaron el cumplimiento de las metas fiscales en 2024. No obstante, las autoridades económicas y el Fondo Monetario Internacional prevén un crecimiento económico del 5% para este año, lo que podría mejorar la recaudación tributaria asociada a la actividad económica.

Un caso ilustrativo de este potencial efecto compensatorio es el recorte de alícuotas en derechos de exportación. Mientras los cálculos oficiales estiman un costo fiscal de aproximadamente 800 millones de dólares, algunas proyecciones del sector privado elevan esta cifra por encima de los 1.000 millones, dependiendo del ritmo de liquidaciones que se concrete.

Diversos analistas han advertido que la desaceleración inflacionaria reducirá la efectividad del mecanismo de "licuadora" que facilitó el ajuste durante 2024, lo que obligaría al gobierno a implementar medidas adicionales de recorte. La consultora SBS señaló que todavía existe margen para reducciones en el gasto salarial del sector público y en subsidios económicos.

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Por su parte, Empiria indicó que alcanzar un excedente financiero similar al 0,3% del PIB logrado en 2024 representa un reto considerable. La consultora identificó un "déficit inercial" derivado de ingresos que el fisco no podrá contabilizar este año, como el impuesto PAIS que expiró a finales de 2024, y los fondos extraordinarios obtenidos mediante el blanqueo, la moratoria y el anticipo de Bienes Personales. Se estima que estos factores representan aproximadamente el 1,5% del PIB, a lo que se suma otro 0,3% por gastos con aumentos automáticos como jubilaciones y AUH.

La trayectoria fiscal constituye un elemento crucial en las negociaciones actualmente en curso con el FMI para un nuevo acuerdo. El gobierno argentino utiliza como argumento favorable el sobrecumplimiento de las metas de superávit durante 2024, demostrando su compromiso con la disciplina fiscal.

Sin embargo, el organismo internacional ha expresado observaciones sobre el perfil del ajuste implementado. En su documento más reciente, publicado en enero, el FMI reconoció la rápida transición hacia el superávit lograda por la administración actual, pero señaló la necesidad de "ampliar el esfuerzo de reforma fiscal y mejorar aún más las condiciones sociales para fortalecer la aceptación de la población".

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El Fondo destacó que, además de las medidas fiscales consideradas de "alta calidad" (como la mejora en la progresividad del impuesto a la renta personal y la reducción de subsidios), una parte considerable del ajuste inicial se logró mediante "profundos recortes al gasto discrecional, incluida la inversión pública y los salarios, así como medidas de ingresos temporales o puntuales", en referencia al impuesto PAIS y las medidas incluidas en el paquete fiscal.

El organismo recomendó que, a medida que se estabilice la situación macroeconómica, las políticas deberían orientarse hacia reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Entre las sugerencias se incluyen la implementación de mecanismos automáticos para la recuperación de costos en tarifas energéticas, mejoras en la sostenibilidad del sistema previsional y la masa salarial pública, simplificación del sistema tributario para reducir sus efectos distorsivos, y mayor flexibilidad en las relaciones fiscales con las provincias.

Con la economía mostrando signos incipientes de recuperación y las negociaciones con el FMI en su fase final, la administración actual enfrenta el doble desafío de mantener el equilibrio fiscal mientras gestiona las presiones derivadas de componentes del gasto que, como las jubilaciones y los programas sociales, han adquirido una dinámica propia vinculada a la evolución de la inflación. La capacidad para encontrar espacios adicionales de ajuste en otras áreas del presupuesto será determinante para el cumplimiento de las metas fiscales durante 2025.