El panorama político argentino se vio sacudido tras la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia por parte del presidente Javier Milei, que autoriza la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el debate legislativo. Esta decisión provocó un amplio espectro de reacciones en los distintos espacios parlamentarios, evidenciando profundas divisiones internas que podrían determinar el futuro de este instrumento legal.

La estrategia adoptada por el Ejecutivo Nacional sorprendió a propios y extraños, especialmente porque en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario había anticipado que enviaría un proyecto de ley para que fuera el Congreso quien diera luz verde a las negociaciones con el organismo multilateral. Sin embargo, optó por una vía más expeditiva mediante la firma del decreto, una herramienta que tiene validez inmediata hasta que sea rechazada por ambas cámaras legislativas.

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Esta decisión activó los mecanismos de consulta interna en las diferentes bancadas parlamentarias, cuyos integrantes comenzaron a delinear posturas que no necesariamente coinciden con las directrices de sus respectivos espacios políticos. La fragmentación resulta evidente en prácticamente todos los bloques, donde las voces críticas se entremezclan con posturas más moderadas y hasta con apoyos implícitos.

En el caso de la Unión Cívica Radical, el bloque liderado por Rodrigo de Loredo mantiene una posición expectante. Fuentes cercanas a este espacio político sugieren que, pese a algunas críticas formales que pudieran surgir, no existiría una intención real de obstaculizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Harán un poco de pataleo, solicitarán el tratamiento del Presupuesto 2025, pero difícilmente pongan trabas al entendimiento con el FMI", revela una fuente interna del radicalismo. No obstante, la postura oficial recién se definirá luego de la reunión de bloque programada para este martes.

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Por su parte, el PRO atraviesa un momento de particular tensión tras las declaraciones de Mauricio Macri, quien cuestionó la estrategia presidencial al señalar que "no ayuda a generar confianza" y que "demuestra la debilidad institucional en la cual estamos". El bloque que conduce Cristian Ritondo todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque algunos legisladores como Martín Yeza ya expresaron públicamente su desacuerdo con la metodología elegida para aprobar el acuerdo.

La bancada amarilla tiene prevista su habitual reunión semanal, donde evaluarán el tema con el aporte técnico de sus economistas, entre los que se destacan Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Diego Santilli y Daiana Fernández Molero. Recién entonces se espera una postura unificada del espacio, aunque los pronunciamientos individuales van delineando un escenario de disconformidad con el instrumento legal elegido.

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Encuentro Federal, el heterogéneo bloque presidido por Miguel Pichetto, exhibe al menos tres posiciones diferenciadas frente al decreto presidencial. Un sector, liderado por los legisladores socialistas, rechaza de plano cualquier acuerdo con el FMI por considerar que implica "más deuda y pobreza" para la población. En contraste, otro grupo de diputados -principalmente aquellos vinculados a los gobernadores de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos- evitará confrontar con el Ejecutivo en esta materia.

Entre ambas posturas emerge una tercera vía, representada por legisladores como Nicolás Massot, quien integra la comisión Bicameral de DNU. El diputado bonaerense se muestra favorable a autorizar el acuerdo con el organismo internacional, pero cuestiona enfáticamente que se realice mediante un decreto. "El Gobierno ya se apropió de la fijación de prioridades de gasto al no tratar el Presupuesto dos años seguidos. Ahora, también se apropia de las autorizaciones de deuda. Es un avance inadmisible sobre las facultades del Congreso", manifestó.

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Massot aboga por una estrategia dual: aprobar el acuerdo mediante una ley específica y avanzar simultáneamente con el tratamiento del Presupuesto 2025, actualmente frenado por decisión del Ejecutivo. "No significa que deba esperarse a que esté el presupuesto sancionado para aprobar lo del FMI, pero sí que el Gobierno envíe actualizado el presupuesto, e inicie el debate en comisión", precisó.

El bloque Democracia para Siempre, conformado por radicales cercanos a Facundo Manes y Martín Lousteau, también manifestó su rechazo inicial al DNU. Su argumentación principal sostiene que autorizar el acuerdo por esta vía equivale a otorgar un "cheque en blanco" al presidente. Sin embargo, dentro de este espacio existe preocupación por la potencial presión que pueda ejercer el Ejecutivo sobre los gobernadores radicales, lo que podría modificar la postura de algunos legisladores.

Uno de sus integrantes, Fernando Carbajal, expresó con ironía su postura: "Yo no tendría mucho apuro en tratarlo. Que vaya al FMI a ver si se los aceptan". El diputado recordó además que la comisión Bicameral de DNU tiene pendiente el tratamiento de numerosos decretos anteriores, lo que augura un largo camino procedimental para esta nueva norma.

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La posición más contundente proviene de Unión por la Patria, principal bloque opositor, que no solo rechaza el decreto sino que ha escalado su protesta al ámbito judicial. Un grupo de siete diputados de este espacio -Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollan, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi- presentó una denuncia penal contra el presidente Milei por considerar ilegal el procedimiento elegido para avanzar en las negociaciones con el Fondo.

Este escenario de fragmentación parlamentaria vuelve incierto el futuro del decreto presidencial. Para que sea rechazado, ambas cámaras legislativas deberían pronunciarse explícitamente en su contra, una ecuación política compleja considerando las divisiones internas en los bloques parlamentarios.

En este contexto, los gobernadores provinciales emergen nuevamente como actores clave en la resolución del conflicto. Su capacidad para influir en las decisiones de los legisladores nacionales de sus respectivos distritos podría inclinar la balanza en uno u otro sentido. Las necesidades financieras de las provincias y su dependencia de los recursos nacionales constituyen elementos de presión que el Ejecutivo podría utilizar estratégicamente para garantizar la supervivencia del decreto.

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El debate sobre el DNU del acuerdo con el FMI trasciende lo meramente procedimental para convertirse en un pulso político que evidencia las tensiones entre las facultades del Poder Ejecutivo y las prerrogativas constitucionales del Congreso en materia presupuestaria y de endeudamiento público. Mientras el oficialismo privilegia la celeridad en las negociaciones con el organismo multilateral, amplios sectores de la oposición cuestionan lo que consideran un avance sobre las atribuciones parlamentarias consagradas en la Constitución Nacional.