La administración económica argentina bajo el ministro Luis Caputo ha revelado un ambicioso plan para reformular el sistema impositivo del país, centrándose específicamente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Durante una entrevista reciente en un canal de streaming, Caputo confirmó que su ministerio está trabajando en una iniciativa para "dividir el IVA", donde el gobierno nacional recaudaría únicamente una porción del impuesto —aproximadamente entre el 9% y 10%— mientras que el porcentaje restante quedaría bajo la jurisdicción de cada provincia.

"En términos del IVA, la idea es generar competencia impositiva entre provincias particularmente", explicó el ministro durante la conversación. "Nosotros cobraremos lo que le corresponde a Nación sobre el 21% y las provincias pondrán su propio IVA", añadió, detallando los aspectos fundamentales de esta reforma fiscal.

Esta propuesta forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para presionar a las administraciones provinciales a reducir su carga impositiva, especialmente en lo referente a Ingresos Brutos, un tributo provincial frecuentemente criticado por economistas debido a su efecto cascada en la estructura de costos de productos y servicios. Al transferir parte de la responsabilidad recaudatoria a las provincias, el plan busca fomentar una competencia entre jurisdicciones que potencialmente resultaría en menores tasas impositivas para atraer inversiones y actividad económica.

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La medida se enmarca en el programa económico del presidente Javier Milei, orientado hacia la desregulación de la economía y la reducción de la presión fiscal como mecanismos para reactivar la actividad productiva tras años de estancamiento. Los analistas consideran que esta reforma podría representar uno de los cambios estructurales más significativos en el sistema tributario argentino en décadas, alterando sustancialmente la relación fiscal entre Nación y provincias.

En la misma entrevista, Caputo abordó otros aspectos clave de la política económica actual. Confirmó la intención gubernamental de implementar medidas para estimular la circulación de dólares en la economía cotidiana. Este plan permitiría a los ciudadanos utilizar sus ahorros en moneda extranjera para la adquisición de bienes y servicios, independientemente de si dichos fondos fueron declarados durante el reciente programa de blanqueo de capitales.

Este enfoque representa un cambio paradigmático en la política monetaria argentina, tradicionalmente caracterizada por restricciones al uso de divisas extranjeras. La medida busca incorporar al circuito económico formal los aproximadamente 200 mil millones de dólares que, según estimaciones, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero debido a la histórica desconfianza en la moneda local y las instituciones financieras.

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Respecto a la evolución de los precios, el ministro reiteró su predicción de que la inflación "va a colapsar" en los próximos meses. Específicamente, anticipó que el índice inflacionario de abril será inferior al registrado en marzo, situándose probablemente en torno al 3%. Esta proyección resulta significativa considerando que Argentina ha estado lidiando con una de las tasas de inflación más elevadas del mundo, superando el 211% interanual en diciembre de 2023.

En cuanto a la política cambiaria, Caputo defendió el reciente esquema de flotación implementado por el Banco Central. Contrariamente a las críticas sobre un posible atraso cambiario, el ministro afirmó que "Argentina no está cara en dólares" y argumentó que "un país barato en dólares es un país que le va muy mal". Esta declaración busca contrarrestar los cuestionamientos sobre la sostenibilidad del actual tipo de cambio en un contexto de gradual liberalización de restricciones cambiarias.

Los economistas permanecen divididos respecto a la efectividad potencial de estas medidas. Mientras algunos valoran positivamente la intención de reducir distorsiones en el sistema impositivo y promover la competencia fiscal, otros expresan preocupaciones sobre la capacidad recaudatoria de las provincias con economías menos desarrolladas, que podrían verse presionadas a mantener impuestos elevados para sostener sus finanzas.

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El sector empresarial, particularmente las pequeñas y medianas empresas, ha recibido con cautela el anuncio. Si bien la simplificación del sistema impositivo figura entre sus principales demandas históricas, existe inquietud sobre los mecanismos de implementación y los potenciales costos administrativos de adaptarse a un sistema donde cada provincia establezca su propia tasa de IVA.

La reforma propuesta deberá atravesar un complejo proceso legislativo antes de su eventual implementación. El oficialismo carece de mayorías en ambas cámaras del Congreso, lo que anticipa arduas negociaciones con gobernadores provinciales y bloques opositores para concretar esta transformación del sistema tributario.

La administración Milei mantiene que estas reformas estructurales son indispensables para revertir décadas de estancamiento económico y elevada inflación. Sin embargo, la capacidad del gobierno para construir los consensos políticos necesarios determinará si esta ambiciosa reforma fiscal se materializa o queda en el plano de las intenciones, como ha ocurrido con numerosas iniciativas similares en la historia reciente argentina.

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Entre tanto, el equipo económico continúa implementando un programa de ajuste fiscal orientado a alcanzar el equilibrio presupuestario, considerado por el presidente Milei como el pilar fundamental para estabilizar la economía y crear las condiciones para un crecimiento sostenible en el mediano plazo.