El jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, realizó declaraciones contundentes este viernes sobre el régimen de protección industrial de Tierra del Fuego, sumando presión a un sector que ya enfrenta cambios regulatorios significativos impulsados por la administración económica actual. Durante una entrevista radial, el funcionario criticó el esquema de beneficios impositivos que rige en la provincia más austral del país, vinculándolo con la estrategia macroeconómica de desregulación que busca incrementar la competitividad general de la economía argentina.

"Es momento de que incrementen sus niveles de competencia. Este régimen lleva funcionando demasiado tiempo y debería ofrecer condiciones de mayor competitividad", expresó Francos durante su intervención en Radio Splendid. El funcionario señaló que las operaciones industriales en la isla se limitan principalmente al ensamblaje de componentes importados: "Su actividad consiste básicamente en ensamblar productos que ingresan desarmados desde el exterior para introducirlos al territorio nacional con una extraordinaria cantidad de beneficios fiscales".

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Estas declaraciones se producen en un contexto donde el Ministerio de Economía anunció recientemente una reducción significativa en los aranceles aplicados a productos tecnológicos importados, medida que provocó reacciones inmediatas en el sector industrial fueguino. La Unión Obrera Metalúrgica respondió con un paro total en las plantas manufactureras de Ushuaia y Río Grande como protesta ante lo que consideran una amenaza directa al empleo regional.

Según la perspectiva gubernamental, la protección arancelaria vigente durante décadas ha generado distorsiones económicas que afectan negativamente a los consumidores y a la competitividad general del país. "Se tiende a exagerar la situación. Los productos elaborados allí gozan de excesiva protección y llegan al territorio continental con costos sustancialmente elevados, mientras que internacionalmente estos valores han disminuido considerablemente", añadió el jefe de Gabinete, sugiriendo que Tierra del Fuego "deberá adaptarse a las nuevas condiciones y elevar su capacidad competitiva".

La reforma arancelaria forma parte de un paquete más amplio de transformaciones económicas impulsadas por el gobierno, que incluye la reducción de regulaciones estatales y un enfoque en el equilibrio fiscal. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó públicamente estas modificaciones mediante un análisis compartido en plataformas digitales donde argumentó que los regímenes preferenciales actuales producen efectos contraproducentes en términos de empleo nacional, productividad general y desarrollo equilibrado entre regiones.

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Aunque Sturzenegger reconoció que la reducción del esquema fiscal especial podría resultar en una disminución del empleo insular, sostuvo que el impacto neto sobre el trabajo a nivel país sería positivo. De acuerdo con sus cálculos, el régimen actual genera una pérdida neta estimada en 60 mil puestos laborales en el conjunto nacional, principalmente porque se trata de actividades con limitada intensidad en uso de mano de obra, particularmente cuando se compara con sectores como servicios.

"La reducción en el costo de dispositivos electrónicos para una población de 47 millones de argentinos representa recursos adicionales que serán destinados al consumo en otros bienes y servicios", manifestó el funcionario encargado de la desregulación económica. Según su análisis, esta redistribución del gasto generaría mayor cantidad de empleos que los potencialmente afectados, al sustituir consumo de productos ensamblados localmente por servicios u otros bienes con superior valor agregado nacional.

Las modificaciones regulatorias anunciadas provocaron inquietud entre empresarios del sector. Durante su participación en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Finanzas, el director ejecutivo de Newsan, Luis Galli, expresó ayer su preocupación indicando que con estas nuevas políticas resultará prácticamente imposible mantener la fabricación de teléfonos móviles en territorio argentino. El empresario explicó que el sistema vigente no solo estaba orientado a fomentar empleo local, sino también a facilitar el desarrollo de cadenas productivas en el sector electrónico nacional.

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Galli argumentó que una liberalización abrupta puede alterar severamente las condiciones productivas y provocar el desmantelamiento de capacidades industriales desarrolladas durante años. Enfatizó que las compañías establecidas en la región austral realizaron inversiones significativas bajo un marco de incentivos que ahora experimenta modificaciones drásticas sin contemplar períodos de transición adecuados.

Este debate sobre el régimen fueguino se desarrolla paralelamente a los recientes anuncios del Ministerio de Economía sobre el desempeño fiscal. El Sector Público Nacional registró en abril un resultado financiero superavitario de $572.341 millones, compuesto por un superávit primario de $845.949 millones y pagos de intereses netos de $273.608 millones. Estos indicadores permiten al sector público acumular en el primer cuatrimestre un superávit financiero cercano al 0,2% del PIB, mientras el superávit primario se aproxima al 0,6%, consolidando la estrategia fiscal gubernamental.

El ministro Luis Caputo destacó que estos resultados positivos se alcanzaron mientras simultáneamente se implementaba una reducción impositiva equivalente a dos puntos porcentuales del PIB durante el 2024, contradiciendo la noción tradicional de que los superávits requieren incrementos tributarios. Los ingresos totales alcanzaron $10.3 billones, con un incremento real del 52,3%, impulsado principalmente por Derechos de Exportación, Aportes a la Seguridad Social, Ganancias, Derechos de Importación e impuestos a transacciones financieras.

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Mientras tanto, los gastos primarios representaron $9.5 billones, implicando una reducción real cercana al 1% comparado con abril del año anterior, marcando la primera contracción efectiva del gasto gubernamental en el año actual. Durante el primer trimestre, el gasto había mostrado incrementos reales significativos: 13,4% en enero, 19% en febrero y 1,9% en marzo.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal confirmó esta tendencia, señalando que la combinación de ingresos tributarios crecientes (+7% real interanual) compensó ampliamente la disminución de ingresos no tributarios (-24%), mientras el gasto primario experimentaba su primera contracción efectiva. Comparativamente, el superávit primario pasó de $390.000 millones en abril 2024 a $845.950 millones en abril 2025, considerando valores constantes actualizados.

Analistas financieros observan con atención estos indicadores económicos, considerando que este equilibrio fiscal constituye uno de los pilares fundamentales del programa económico actual junto con políticas monetarias restrictivas y ajustes cambiarios. La evolución de estos parámetros en los próximos meses será determinante para evaluar la sostenibilidad del modelo económico implementado y sus efectos sobre sectores productivos específicos, como el caso fueguino que ahora enfrenta un escenario de transformación profunda tras décadas de protección industrial especial.