La administración de Javier Milei continúa profundizando su política de ajuste fiscal, con especial énfasis en la reducción de subsidios a servicios públicos, alcanzando valores mínimos históricos que no se observaban desde hace al menos diez años. Durante abril, los subsidios económicos cayeron un 66,3% en términos interanuales, situándose en aproximadamente 0,47 billones de pesos, según datos divulgados por la consultora PPI.

La contracción del gasto público en este rubro forma parte de la estrategia gubernamental para consolidar el superávit fiscal, uno de los pilares fundamentales del programa económico del actual gobierno. En el desglose por sectores, los subsidios destinados al sector energético experimentaron la reducción más drástica, con una contracción del 78,1%, equivalente a 0,9 billones de pesos. Por su parte, las transferencias al sector transporte disminuyeron un 8,2%, representando 0,02 billones, mientras que otros subsidios diversos se contrajeron un 78%, por un valor de 0,01 billones.

Esta tendencia descendente queda evidenciada en los informes del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que señalan que los subsidios destinados a energía y transporte representaron apenas el 3,4% del gasto primario total de la Administración Nacional acumulado hasta marzo, cifra que contrasta significativamente con el comportamiento histórico reciente. Este porcentaje implica menos de la mitad del peso relativo observado durante el mismo período del año anterior, y muy por debajo del promedio de 10,2% registrado entre 2018 y 2024.

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La contribución de esta política de recorte al equilibrio fiscal resulta particularmente significativa, ya que la disminución de subsidios explicó aproximadamente el 9,4% de la mejora del superávit fiscal primario durante marzo de 2025, convirtiéndose en uno de los componentes más relevantes del ajuste presupuestario implementado por el Ministerio de Economía.

Expertos del sector señalan que, si bien la magnitud del recorte resulta impresionante, el diseño conceptual del esquema de subsidios mantiene similitudes estructurales con el implementado durante la administración precedente. "El esquema de subsidios del gobierno actual continúa siendo estructuralmente similar al de la administración anterior, ya que mantuvo la segmentación de tarifas en tres grandes grupos y bonifica el precio mayorista", explicó Julián Rojo, investigador del IIEP, en declaraciones exclusivas para este medio.

La continuidad se evidencia en que, hasta el momento, únicamente los usuarios catalogados con nivel de ingresos altos (N1) abonan la tarifa completa de energía eléctrica. Un esquema similar se aplica para los servicios de agua y saneamiento proporcionados por AYSA, donde todos los usuarios pagan la tarifa plena, excepto quienes solicitan anualmente la aplicación del subsidio correspondiente.

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Análisis elaborados por la consultora Empiria complementan este panorama, señalando que en el acumulado del primer cuatrimestre del año, los subsidios económicos registraron una contracción del 47% en términos reales interanuales. Particularmente notable resulta la caída en los subsidios energéticos, que se redujeron un 66% real interanual durante el mismo período.

"En materia de subsidios energéticos ya estamos observando niveles de cobertura superiores al máximo alcanzado durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que implica subsidios en niveles históricamente bajos. Estimamos que este año los subsidios al sector energético representarán aproximadamente un 0,6% del Producto Interno Bruto, lo que constituiría el nivel más reducido de los últimos quince años", analizó Nicolás Gadano, economista de Empiria.

Sin embargo, expertos del sector advierten que la comparación con períodos anteriores debe considerar las variaciones en los costos subyacentes de los servicios. "La diferencia principal respecto a 2019 radica fundamentalmente en la estructura de costos del servicio, que ha experimentado modificaciones significativas. Durante los últimos años no se realizó una revisión exhaustiva del costo real de provisión de los servicios públicos", puntualizó Rojo.

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El especialista destacó un dato histórico relevante: en el último cuarto de siglo, el Estado argentino solamente realizó una revisión tarifaria integral del componente regulado de las tarifas de gas y electricidad. Esta iniciativa, implementada en 2017, no llegó a completarse debido a la inestabilidad macroeconómica manifestada en la crisis cambiaria de 2019, que interrumpió el proceso de normalización tarifaria.

"Observamos efectivamente una disminución en los recursos destinados a subsidios, cuyo peso relativo en la estructura del gasto público ha disminuido notablemente. Esto responde a decisiones políticas sobre la distribución de costos entre usuarios y Estado, aunque no se evidencia un cambio radical en la arquitectura del sistema. La principal modificación consiste en la implementación de bonificaciones decrecientes: los usuarios del segmento N2 reciben subsidios únicamente para los primeros 350 kilovatios consumidos, mientras que al segmento N3 se le bonifican solamente los primeros 250 kilovatios", explicó el analista.

Respecto a la situación específica de abril, la configuración de precios mayoristas para la energía eléctrica quedó establecida mediante las Resoluciones 26/2025, que determina la reprogramación trimestral definitiva correspondiente al período estival, complementada con las resoluciones 110/2025 y 36/2025, que establecen los nuevos parámetros aplicables a la bonificación de los precios mayoristas tanto para gas natural como para energía eléctrica.

En este marco regulatorio, se observaron comportamientos divergentes en la evolución mensual de los subsidios según el servicio considerado. Para el caso del gas natural distribuido por redes, se registró un incremento intermensual en los subsidios, atribuible principalmente a factores estacionales. La excepción fue el segmento N1, donde la proporción subsidiada disminuyó del 14% en marzo al 12% en abril. En contraste, para los segmentos N2 y N3, la proporción subsidiada aumentó del 70% al 77% y del 57% al 71%, respectivamente.

Estas variaciones implican que los usuarios del segmento N1 cubren actualmente el 88% del costo real de abastecimiento del gas, mientras que los consumidores clasificados en los segmentos N2 y N3 afrontan apenas el 23% y el 29% del costo efectivo, respectivamente, siendo el remanente absorbido por el presupuesto nacional.

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En el sector eléctrico, sin embargo, los subsidios experimentaron una leve reducción en la comparación intermensual. Los usuarios del nivel 1 ya abonan la tarifa integral sin bonificaciones, mientras que los subsidios dirigidos a los segmentos N2 y N3 pasaron del 71% al 70% y del 55% al 54%, respectivamente. Según los cálculos oficiales, la cobertura promedio de los costos del sistema eléctrico para la categoría residencial indica que aproximadamente el 63% es aportado directamente por los usuarios a través de las tarifas, mientras que el 37% restante continúa siendo financiado por el Estado Nacional.

Esta reconfiguración del esquema de subsidios se enmarca en una política fiscal más amplia orientada a equilibrar las cuentas públicas, considerada por el equipo económico como condición necesaria para estabilizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible. El gobierno ha manifestado su intención de continuar profundizando el ajuste del gasto público durante el resto del ejercicio, con el objetivo de consolidar un superávit fiscal primario de 1,6% del PIB para el cierre del año, meta que exigirá mantener e incluso intensificar los recortes en diversas partidas presupuestarias.

Los analistas coinciden en que la sostenibilidad de esta política dependerá tanto de la tolerancia social frente al incremento tarifario como de la capacidad del gobierno para compensar sus efectos regresivos mediante políticas focalizadas hacia los sectores más vulnerables, equilibrando el necesario ordenamiento fiscal con la protección de los hogares de menores recursos ante el impacto del ajuste económico.