La compleja batalla legal que rodea a la petrolera estatal argentina se ha intensificado con la entrada de nuevos actores financieros internacionales que buscan ejecutar sus sentencias judiciales contra Argentina utilizando el mismo mecanismo: el paquete accionario mayoritario que el Estado mantiene en YPF
Economía04/07/2025 13News-Economía
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La compleja batalla legal que rodea a la petrolera estatal argentina se ha intensificado con la entrada de nuevos actores financieros internacionales que buscan ejecutar sus sentencias judiciales contra Argentina utilizando el mismo mecanismo: el paquete accionario mayoritario que el Estado mantiene en YPF.
La información fue revelada por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien monitorea de cerca los procedimientos judiciales relacionados tanto con la nacionalización de la compañía petrolera como con los reclamos de deuda soberana. A través de sus redes sociales, el especialista dio a conocer que varios acreedores han presentado solicitudes ante la justicia estadounidense para acceder al mismo recurso que la magistrada Loretta Preska había destinado previamente a los demandantes victoriosos en el caso de expropiación.
Los protagonistas de esta nueva ofensiva legal son cinco entidades financieras: Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee. Estas firmas de inversión poseen características particulares que las distinguen de los litigantes anteriores, ya que no estuvieron involucradas en los procesos judiciales relacionados con la nacionalización de la petrolera ni en el caso Bainbridge. Su participación se fundamenta en resoluciones judiciales obtenidas por separado, vinculadas a bonos argentinos en situación de incumplimiento.
La estrategia legal de estos acreedores presenta un elemento distintivo y potencialmente decisivo: sus sentencias judiciales anteceden temporalmente a las resoluciones obtenidas en los casos de expropiación y Bainbridge. Esta circunstancia temporal constituye el núcleo de su argumentación para reclamar prioridad en el orden de ejecución, lo que podría generar un debate jurídico significativo sobre la prelación en el cobro de las acreencias.
El mecanismo legal que emplean estos fondos se conoce como orden "me too", una figura procesal que permite replicar los efectos de una decisión judicial previa para extender sus beneficios a otros demandantes en circunstancias similares. En este contexto específico, la petición busca que la magistrada Preska otorgue a estos acreedores el mismo acceso al patrimonio accionario estatal de YPF que había concedido anteriormente a los demandantes de Petersen/Eton y Bainbridge.
La documentación judicial presentada por estos fondos caracteriza a la República Argentina como una entidad deudora en estado de incumplimiento que debe proceder a la transferencia de sus participaciones en YPF como consecuencia de las sentencias dictadas. Los demandantes fundamentan su reclamo en el hecho de que el Estado argentino mantiene la titularidad de aproximadamente 51% del capital social de la compañía, activo que consideran susceptible de ejecución forzosa.
El contexto temporal de estas presentaciones resulta particularmente significativo, ya que se produjeron apenas días después de que la jueza Preska emitiera su orden dirigiendo al gobierno argentino a entregar el control mayoritario de YPF a los ganadores del litigio por expropiación. Esa decisión judicial estableció la restitución del paquete accionario a los reclamantes mencionados, como consecuencia de la sentencia adversa para Argentina en el tribunal neoyorquino.
La emergencia de estos nuevos demandantes introduce una dimensión adicional de complejidad al ya intrincado panorama legal, generando interrogantes sobre la distribución y asignación del activo más valioso en disputa. La cuestión central que emerge es determinar qué grupo de acreedores tendrá prioridad para recibir el producto de una eventual transferencia de las participaciones estatales.
Según el análisis proporcionado por Latam Advisors, la particularidad de esta presentación radica en que las resoluciones judiciales que exhiben estos fondos preceden cronológicamente a las causas Petersen/Eton y Bainbridge. Esta circunstancia temporal abre un debate adicional sobre el alcance y las implicaciones de futuras ejecuciones patrimoniales.
Los nuevos demandantes han estructurado su argumentación legal combinando referencias tanto a la legislación estadounidense como a las normas internacionales aplicables en casos de incumplimiento de deuda soberana. Su presentación pone en conocimiento del tribunal la existencia de múltiples resoluciones firmes, todas pendientes de cumplimiento por parte del Estado argentino, lo que según su perspectiva justifica la ejecución integral de los activos disponibles.
La respuesta del gobierno argentino a esta escalada judicial ha sido solicitar la suspensión del fallo de la magistrada Preska, calificando la sentencia como jurídicamente inaplicable. La solicitud gubernamental busca detener la ejecución de la orden que obliga a transferir el control mayoritario de la petrolera estatal, argumentando que la implementación de tal decisión resultaría inviable tanto desde la perspectiva legal como práctica.
Esta serie de presentaciones forma parte de una estrategia más amplia de los acreedores destinada a proteger sus derechos frente a eventuales transferencias o medidas cautelares sobre las acciones de la empresa controlada por el Estado. El planteo refleja la determinación de estos fondos de inversión de no quedar excluidos de los mecanismos de cobro que puedan materializarse a partir de la ejecución del patrimonio accionario estatal.
La complejidad del caso se ve amplificada por la naturaleza de los demandantes, que adquirieron títulos de deuda argentina en situación de incumplimiento y posteriormente iniciaron acciones legales en territorio estadounidense. Cada una de estas entidades obtuvo resoluciones favorables en sus respectivos expedientes, lo que ahora les proporciona la base legal para reclamar participación en la ejecución patrimonial.
El desarrollo de estos eventos genera incertidumbre sobre el futuro del control estatal de YPF y plantea interrogantes sobre los precedentes que podría establecer para otros activos estatales argentinos. La multiplicación de demandantes con pretensiones sobre el mismo patrimonio accionario sugiere que el litigio podría extenderse y complicarse aún más en las próximas etapas procesales.
La situación actual ilustra las complejidades inherentes a los litigios de deuda soberana en jurisdicciones extranjeras y las dificultades que enfrentan los Estados cuando múltiples acreedores buscan ejecutar sentencias sobre activos limitados. El caso YPF se ha convertido en un punto focal de estas tensiones, concentrando la atención de diversos sectores financieros internacionales.
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