El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 enviado al Congreso reveló una estrategia fiscal que contradice compromisos anteriores del gobierno con el sector agropecuario. La administración de Javier Milei proyecta incrementar la recaudación por conceptos de derechos de exportación en un 66,7% durante el próximo ejercicio, desestimando así las expectativas rurales sobre la eliminación gradual de estas cargas tributarias.

La documentación oficial, que anticipa las cuentas públicas que deberán presentarse formalmente antes del 15 de septiembre, establece que los ingresos por retenciones experimentarán un salto significativo que los llevará desde el 1,07% del Producto Interno Bruto registrado en 2025 hasta alcanzar el 1,50% del PIB en el ejercicio siguiente. Esta modificación representa una consolidación de estos gravámenes como fuente permanente de financiamiento estatal, contrariando las señales políticas transmitidas previamente al sector productivo.

El mensaje presupuestario carece de especificaciones detalladas respecto a las proyecciones de cosecha nacional, lo que impide determinar si el ejecutivo contempla ajustes en las alícuotas vigentes como mecanismo para alcanzar estos objetivos recaudatorios. No obstante, el documento gubernamental sí confirma expectativas de crecimiento exportador del orden del 10% para el período analizado, sugiriendo que el incremento en la captación fiscal provendría tanto del volumen comercial como del mantenimiento de las tasas actuales.

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La certeza que emerge del análisis presupuestario indica que la eliminación de estos derechos no forma parte de la agenda fiscal inmediata, frustrando las aspiraciones del empresariado agrícola que considera estos tributos como distorsiones estructurales que desalientan la inversión sectorial. Esta posición gubernamental representa un giro respecto a declaraciones anteriores que habían generado expectativas sobre una eventual supresión de estas cargas.

Las proyecciones macroeconómicas incorporadas en el mensaje presupuestario establecen parámetros específicos para el desempeño económico nacional durante 2025. El gobierno estima que el tipo de cambio oficial alcanzará los 1.229 pesos por dólar al cierre del ejercicio corriente, mientras que la inflación anual se ubicaría en 22,7%. Simultáneamente, las autoridades proyectan una expansión del PIB del 5,5%, reflejando optimismo sobre la recuperación económica tras el ajuste implementado durante los primeros meses de gestión.

El documento oficial especifica en su página 38 que los recursos totales derivados de los derechos de exportación registrarán el mencionado incremento del 66,7% en términos interanuales. Esta proyección se fundamenta en el mantenimiento del esquema tributario vigente, descartando explícitamente la continuidad de beneficios establecidos en normativas anteriores.

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Particularmente, el texto gubernamental establece que no se extenderá la reducción de alícuotas dispuesta mediante el Decreto 38 del 25 de enero de 2025, consolidando así las tasas tributarias en sus niveles actuales. El escenario macroeconómico subyacente contempla un crecimiento del 10,3% en las exportaciones totales medidas en términos reales, proporcionando la base sobre la cual se construyen estas estimaciones fiscales.

Las relaciones entre el gobierno nacional y la dirigencia del sector agropecuario han experimentado tensiones recurrentes desde el inicio de la actual administración. Los representantes rurales han manifestado sistemáticamente su oposición a estos gravámenes, argumentando que constituyen barreras al desarrollo productivo y la competitividad internacional del sector.

En su presentación más reciente ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ministro de Economía había sugerido que la eliminación de los derechos de exportación podría materializarse en un horizonte temporal de aproximadamente un año. Sin embargo, en esa misma oportunidad reconoció la persistencia de restricciones fiscales que limitan el margen de maniobra gubernamental para implementar reducciones tributarias significativas.

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El sector energético también enfrentará incrementos sustanciales en su carga impositiva según las proyecciones presupuestarias. Los ingresos estimados por concepto del Impuesto sobre Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono experimentarían un aumento del 61,2% respecto a los valores de 2025, superando ampliamente las expectativas inflacionarias para el período.

Esta variación se explica principalmente por las actualizaciones programadas de las sumas fijas utilizadas para calcular el impuesto, las cuales continuarían incrementándose gradualmente hasta aproximarse a los valores establecidos en el Decreto 501 del 31 de mayo de 2018. Este proceso de convergencia hacia los parámetros históricos representa una estrategia de normalización tributaria que impacta directamente sobre los costos energéticos nacionales.

La estrategia fiscal delineada en el proyecto presupuestario refleja la prioridad gubernamental de consolidar el equilibrio de las cuentas públicas mediante el mantenimiento de fuentes de recaudación establecidas, aún cuando esto implique postergar compromisos políticos asumidos con sectores específicos de la economía nacional.

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Esta decisión sitúa al gobierno en una posición compleja respecto a sus vínculos con el sector agropecuario, tradicionalmente considerado como uno de los motores fundamentales de la economía argentina y fuente principal de divisas internacionales. La tensión entre necesidades fiscales inmediatas y objetivos de desarrollo sectorial a largo plazo constituye uno de los desafíos centrales que deberá abordar la administración durante el próximo ejercicio presupuestario.