La provincia de Buenos Aires consolidó durante las últimas horas el mapa electoral que definirá los comicios legislativos del 7 de septiembre, tras el cierre exitoso de las principales alianzas políticas que competirán en las urnas. El escenario emergente confirma una polarización entre dos coaliciones dominantes: el justicialismo unificado bajo la denominación Fuerza Patria y la alianza La Libertad Avanza que incorpora formalmente al PRO, configurando una contienda que trascenderá las fronteras provinciales para proyectarse hacia las elecciones nacionales de octubre.

Los acuerdos alcanzados no fueron producto de afinidades ideológicas naturales, sino de cálculos estratégicos que reconocían una premisa fundamental: la fragmentación beneficiaría a los adversarios unificados. Esta lógica operó de manera simétrica en ambos bloques, donde las dirigencias comprendieron que mantener divisiones internas equivaldría a entregar ventajas decisivas a sus contrincantes políticos.

La alianza libertaria completó su formalización en el Hotel Libertador de Buenos Aires, estableciendo definitivamente los términos y condiciones que regirán la coalición. El nombre adoptado, La Libertad Avanza, y la elección del color violeta para las boletas reflejan la hegemonía que ejerce el espacio de Javier Milei sobre sus socios del PRO, confirmando las jerarquías establecidas tras la victoria electoral de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

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Karina Milei emergió como la figura central en el diseño de esta coalición, consolidando su influencia sobre las decisiones estratégicas del armado provincial. Su ascendencia se materializó en la capacidad de establecer las reglas del acuerdo con el macrismo, relegando a un segundo plano las resistencias internas que pugnaban por mayor participación en las definiciones electorales.

La firma del acuerdo contó con la presencia de las principales figuras de ambos espacios: por el lado libertario participaron Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja, mientras que el PRO estuvo representado por Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. La ausencia de Santiago Caputo resulta significativa, evidenciando las disputas internas del oficialismo nacional que marginaron al asesor presidencial de los armados electorales provinciales.

Las negociaciones experimentaron fricciones relacionadas con dos aspectos centrales. El PRO logró obtener la designación de un apoderado dentro del frente, concesión que consideraba fundamental para preservar cierta autonomía organizativa. Sin embargo, la principal resistencia surgió por el control que Karina Milei pretende ejercer sobre la conformación de listas municipales para los concejos deliberantes, generando malestar entre los intendentes macristas que aspiran a mantener influencia en sus territorios.

El comunicado emitido por el PRO afirmando que todos sus intendentes participarán de la alianza intentó despejar rumores sobre disidencias municipales, aunque fuentes cercanas a estos dirigentes mantienen canales de diálogo con otros sectores políticos, particularmente con el radicalismo. Esta duplicidad sugiere que existirán comportamientos electorales diferenciados, con posibles cortes de boleta que no necesariamente respetarán la disciplina partidaria formal.

Paralelamente, el justicialismo bonaerense logró superar las profundas desconfianzas que caracterizaron las negociaciones entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. El acuerdo alcanzado en La Plata estableció la denominación Fuerza Patria para el frente electoral que competirá en septiembre, resolviendo semanas de tensiones que amenazaron repetidamente con fracturar la unidad peronista.

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La mecánica acordada por los tres sectores del justicialismo incluye un sistema de apoderados cruzados que busca evitar sorpresas en el proceso de confección de listas. Esta arquitectura institucional refleja las suspicacias mutuas que persisten entre los diferentes liderazgos, particularmente las reservas del kicillofismo respecto a eventuales maniobras unilaterales del kirchnerismo.

La junta electoral interna quedó conformada por Carlos Bianco representando al gobernador, Leo Nardini por el kirchnerismo y Rubén Eslaiman por el Frente Renovador. Esta distribución equilibrada busca garantizar que ningún sector pueda imponer decisiones sin consenso, estableciendo mecanismos de control recíproco entre las diferentes expresiones del peronismo provincial.

La mesa de negociación para la definición de candidaturas incluirá 6 integrantes, con 2 representantes por cada espacio político. Por el Movimiento Derecho al Futuro participarán Carlos Bianco y Gabriel Katopodis, el kirchnerismo designó a Facundo Tignanelli y Emiliano Santalla, mientras que el massismo estará representado por Sebastián Galmarini y Rubén Eslaiman.

Los apoderados del frente también reflejan esta lógica de representación proporcional: Eduardo Cergnul y Sebastián Galmarini por el Frente Renovador, Facundo Tignanelli y Patricia García Blanco por el kirchnerismo, y Mariano Cascallares junto a Agustina Vila por el sector kicillofista. El sistema de firmas cruzadas en todos los niveles busca impedir modificaciones unilaterales en las composiciones finales.

Las tensiones más significativas en el peronismo giran en torno a la distribución de lugares en las listas y la determinación de quiénes encabezarán las boletas en cada sección electoral. El equilibrio entre los sectores debe considerar no solo la representación formal sino también el peso electoral real de cada agrupación, generando negociaciones complejas sobre la valoración de los aportes de votos esperados.

Ya circulan nombres para las principales candidaturas: el massismo reclama la primera sección y postula a Sebastián Galmarini, mientras que el kicillofismo propone a Verónica Magario para la tercera sección, reemplazando a Cristina Kirchner tras su condena en la causa Vialidad. El kirchnerismo mantiene cartas guardadas y aprovecha el liderazgo reforzado de la expresidenta para reclamar posiciones prominentes.

El mensaje de campaña del frente peronista se enfocará en las consecuencias sociales y económicas de la gestión libertaria: cierres de pequeñas y medianas empresas, incremento del desempleo, deterioro de la infraestructura vial, paralización de obras públicas y desfinanciamiento provincial. Esta estrategia busca nacionalizar el debate electoral pese al desdoblamiento de los comicios bonaerenses.

Las conversaciones entre los dirigentes peronistas también abordaron la preocupación compartida por los despidos masivos, el cierre de fábricas, la caída del consumo y la reducción de la recaudación como efectos directos de las políticas implementadas por la administración de Milei. La disolución de Vialidad Nacional y el abandono de obras de infraestructura se posicionaron como ejes centrales del discurso opositor.

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El espacio radical decidió ampliar sus tradicionales alianzas para conformar Somos Buenos Aires, incorporando al peronismo schiarettista y a intendentes díscolos del conurbano, además de sus socios habituales como el GEN, la Coalición Cívica y el Partido Socialista. Esta tercera vía busca capitalizar el descontento con la polarización dominante, aunque enfrenta el desafío de construir una propuesta diferenciada en un contexto de alta confrontación.

Otros frentes menores intentan posicionarse en el espacio de centro: Potencia agrupa a UNIR y el MID, mientras que Es con vos, es con nosotros reúne al Encuentro Republicano Federal de Miguel Ángel Pichetto con Unión Popular Federal. También se registraron opciones liberales no oficiales bajo la denominación liberblue, como el frente Nuevos Aires, que agrupa dirigentes expulsados de LLA junto a los partidos Renovador Federal y Unión Celeste y Blanco.

La izquierda constituye la única fuerza que no logró sellar acuerdos unitarios, manteniendo sus tradicionales divisiones programáticas que la llevarán a competir fragmentada en al menos 2 frentes diferenciados durante los comicios de septiembre.

El próximo hito crítico se producirá el 19 de julio, fecha límite para la presentación de las listas definitivas de candidatos. Este proceso promete reactivar las tensiones internas en ambas coaliciones principales, particularmente en el peronismo donde persisten desconfianzas sobre la distribución real del poder dentro del frente.

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La configuración electoral resultante establece un escenario de alta polarización que replica las divisiones nacionales en el territorio bonaerense. La capacidad de cada alianza para mantener la cohesión interna durante la campaña y movilizar eficazmente a sus electorados determinará no solo los resultados provinciales sino también las proyecciones hacia los comicios presidenciales de octubre, convirtiendo a Buenos Aires en un laboratorio crucial para medir las fuerzas políticas en pugna a nivel nacional.