Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el mes de junio, la Administración Pública Nacional (APN) volvió a mostrar números en rojo, con un déficit primario que alcanzó el billón de pesos y un desequilibrio financiero aún mayor, llegando a los $2,7 billones. Estos resultados representan un giro en la tendencia fiscal que se venía observando en el primer semestre, aunque en el acumulado del período enero-junio todavía se mantienen saldos positivos: $6,7 billones en el resultado primario y $0,6 billones en el financiero. Sin embargo, ambos indicadores muestran un deterioro en términos reales frente al mismo período del año anterior.

El debilitamiento de las cuentas públicas está vinculado principalmente a una baja generalizada de los ingresos, que superó la reducción de los gastos. En este contexto, la eliminación del impuesto PAIS desde fines de 2024 jugó un papel determinante, quitando una fuente de financiamiento clave que en el primer semestre del año pasado había generado casi $5 billones para el Estado nacional (a precios de junio de 2025).

A pesar de algunos rubros que mostraron buen desempeño gracias a la recuperación de la actividad económica —como el IVA (3,7% interanual), el impuesto al cheque (6,1%) y los derechos de importación (16%)—, otros de peso cayeron con fuerza. La recaudación por el impuesto a las Ganancias se desplomó un 12,9% interanual, tras un fuerte retroceso en mayo y junio. Pero sin dudas, el impacto más profundo provino del desplome del impuesto PAIS, que prácticamente desapareció respecto del año pasado (-99,9%).

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En cuanto al gasto, hubo una reducción leve del total (-0,2% interanual), aunque los desembolsos primarios crecieron un 2,8%. Entre las partidas que se redujeron, se destacan los subsidios energéticos, que se recortaron un 67% frente a 2024 por menores compras de gas importado y ajustes tarifarios en el sector eléctrico. También se pagaron menos intereses de deuda (-19,7%) y se redujo el gasto en personal (-9,7%) gracias a salarios que crecieron menos que la inflación y a un achicamiento de la planta estatal.

No obstante, otras áreas mostraron incrementos importantes. Las transferencias corrientes a provincias aumentaron un 172,7%, en parte por la aplicación de fallos judiciales como el de la Corte Suprema sobre la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. También se disparó el gasto en prestaciones del PAMI (159%) tras la caída del impuesto PAIS, que financiaba directamente a esa obra social. Las jubilaciones y asignaciones familiares crecieron un 16,7% y 21,4%, respectivamente, debido al nuevo esquema de actualización automática.

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En definitiva, aunque el primer semestre del año mantiene un saldo positivo, el regreso del déficit en junio prende luces de alerta sobre la sostenibilidad fiscal. Con ingresos en retroceso y gastos presionados por compromisos sociales y judiciales, el equilibrio de las cuentas públicas enfrenta un escenario cada vez más desafiante.