La decisión del Tesoro Nacional de aceptar rendimientos del 65% en términos nominales anuales durante la licitación del martes pasado constituye una confesión implícita de la fragilidad del esquema monetario vigente
Economía02/08/2025 13News-Economía
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La decisión del Tesoro Nacional de aceptar rendimientos del 65% en términos nominales anuales durante la licitación del martes pasado constituye una confesión implícita de la fragilidad del esquema monetario vigente. Mientras las empresas argentinas enfrentan costos financieros que las posicionan entre las menos competitivas del mundo, el Banco Central persiste en una receta que asfixia sistemáticamente al sector privado.
El BCRA intensificó su política de absorción monetaria mediante pases pasivos que drenan liquidez del sistema financiero, transformando el crédito productivo en un lujo inalcanzable para pequeñas y medianas empresas. Esta estrategia punitiva revela la incapacidad oficial para diseñar herramientas que protejan simultáneamente la estabilidad cambiaria y el dinamismo económico.
Los datos proporcionados por Empiria evidencian la brutalidad del ajuste monetario implementado en tiempo récord. Los papeles del Tesoro experimentaron un salto desde 35% nominal anual el viernes 22 de julio hasta 45% tras la operación del martes 29, alcanzando 48% cuando se pondera por volumen colocado. Esta escalada representa un castigo directo hacia cualquier empresa que requiera financiamiento para capital de trabajo o inversiones productivas.
Las operaciones de pase a 24 horas del Banco Central siguieron la misma trayectoria destructiva, elevándose desde 37% hasta superar 40% nominal anual. Estos niveles transforman el sistema financiero en un mecanismo de transferencia de recursos desde el sector real hacia la especulación de corto plazo, consolidando un modelo económico rentístico que penaliza la producción.
El comportamiento del tipo de cambio expone la futilidad de la estrategia oficial. Pese a la implementación de tasas confiscatorias, el dólar avanzó desde 1.277 hasta 1.351 pesos, registrando una suba del 5,8% para cerrar la semana cerca de 1.360 pesos por unidad. Esta evolución demuestra que el mercado cambiario responde a fundamentos estructurales que las tasas punitivas no pueden modificar.
El promedio mensual de julio se ubicó en 1.267 pesos, evidenciando un incremento del 7,3% respecto a junio, mientras el cierre mensual marcó una devaluación del 13% comparado con el último día del mes anterior. Las intervenciones constantes del BCRA en el mercado de futuros, incluyendo ofertas de divisas por debajo del precio spot, confirman la desesperación oficial ante un esquema que colapsa por sus propias contradicciones.
La gestión de la licitación semanal reveló una filosofía económica que prioriza variables financieras por encima de la viabilidad productiva. El análisis de Facimex destacó que el equipo económico rechazó explícitamente inyectar liquidez que pudiera reducir rendimientos, mientras el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ratificó públicamente esta postura antisocial que condena al sector privado a la asfixia crediticia.
La adjudicación masiva de ofertas buscó maximizar la absorción monetaria sin considerar las consecuencias devastadoras sobre empresas que dependen del financiamiento bancario. El Boncer con vencimiento en octubre de 2026 estableció un récord histórico al cotizar CER más 16,2 puntos porcentuales, mientras la tasa promedio ponderada para papeles de corto plazo alcanzó 60,8% efectivo anual.
Este último registro constituye el nivel más elevado desde julio del año anterior, cuando la inflación mensual anualizada navegaba en 65%. La paradoja resulta evidente: tasas reales extraordinarias en un contexto donde la inflación no justifica semejante castigo al sector productivo, sugiriendo que las autoridades utilizan la política monetaria como herramienta de ajuste fiscal encubierto.
La operación final colocó 9 billones de pesos frente a vencimientos por 11,8 billones, pero la inyección neta resultó inexistente debido a encajes adicionales por 2,6 billones que las entidades debieron integrar. El directorio del BCRA formalizó incrementos de hasta 40% en requerimientos de encaje desde el 1 de agosto, profundizando la restricción crediticia que estrangula la actividad económica.
La ausencia de traslado inmediato hacia precios internos no justifica la brutalidad del ajuste monetario implementado. Según Empiria, los precios domésticos no registraron aceleración significativa pese al deslizamiento cambiario, permitiendo que el tipo de cambio real multilateral se posicione 6% por encima del nivel de junio. Esta evolución demuestra que existen alternativas menos destructivas para manejar presiones cambiarias.
Grupo SBS confirmó que los indicadores de alta frecuencia muestran traslado limitado desde mediados de junio, pero advirtió sobre los efectos devastadores de tasas reales elevadas sobre actividad, recaudación tributaria y costos financieros estatales. Esta observación revela que las autoridades implementan políticas cuyas consecuencias negativas superan ampliamente los beneficios proclamados.
El impacto sobre la actividad productiva constituye la dimensión más preocupante de esta estrategia económica suicida. Los analistas de Grupo SBS identificaron las tasas reales como factor principal del estancamiento observado durante el último trimestre, confirmando que la política monetaria opera como freno sistemático del crecimiento económico.
Las variables que determinarán la evolución futura incluyen el efecto de tasas reales sobre financiamiento privado, grados de incertidumbre, dinámica inflacionaria y costos dolarizados. Estos elementos configuran un escenario donde las empresas argentinas enfrentan desventajas competitivas estructurales que comprometen su viabilidad a mediano plazo.
La búsqueda oficial de un nuevo equilibrio basado en tasas nominalmente más elevadas refleja la adopción de un modelo económico que privilegia estabilidad monetaria artificial por encima del desarrollo productivo. Esta elección estratégica condena a Argentina a perpetuar ciclos de estancamiento donde el sector privado subsidia la ineficiencia fiscal mediante el pago de tasas confiscatorias.
El fracaso cambiario de esta política demuestra que los mercados financieros no validan esquemas que sacrifican fundamentos económicos reales en favor de equilibrios nominales insostenibles. La persistencia en esta estrategia destructiva augura períodos prolongados de deterioro competitivo y contracción económica que las futuras administraciones deberán remediar mediante reformas estructurales profundas.
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