La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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El Gobierno se encuentra en una situación tensa después de los despidos masivos en el sector público, desatando una ola de protestas y enfrentamientos que amenazan con paralizar servicios esenciales. A pesar de las advertencias de los gremios estatales, la administración desestimó la reacción sindical y celebró la efectividad de la estrategia para cumplir con el objetivo de reducir 70.000 empleados públicos.
Sin embargo, la decisión de ATE y UPCN de profundizar las medidas de fuerza el próximo miércoles ha encendido las alarmas en la Casa Rosada y los ministerios de Seguridad y Capital Humano. Estos últimos evalúan cómo enfrentar las protestas en las calles mientras temen mayores complicaciones en servicios estatales sensibles.
El Gobierno mantiene una postura inflexible, negándose a ceder ante las presiones sindicales. Más allá del ahorro en las cuentas públicas, los despidos masivos respaldan la narrativa central del Ejecutivo, que presenta a "la casta" como el enemigo a combatir. No obstante, la posibilidad de que las medidas de fuerza paralicen la administración nacional y afecten aún más la atención al público, especialmente en áreas delicadas como ANSES, genera inquietud.
Desde el Gobierno, se muestran confiados en la efectividad de su estrategia, minimizando el poder de los gremios. "Se notaba que no tenían mucho poder de fuego", afirmaron en uno de los ministerios afectados por las protestas. Además, se jactaron de la efectividad de su táctica de difundir rumores de despidos, iniciar con casos puntuales y finalmente oficializarlos en masa.
Por su parte, en ATE admiten que los tomaron con la guardia baja, culpando a la administración anterior por debilitar las redes de trabajadores. Sin embargo, advierten que en los últimos días se han fortalecido y que la estrategia del Gobierno de notificar los despidos antes de Semana Santa no frenará la lucha.
Tras el envío masivo de correos electrónicos de despido, ATE denunció más de 10.000 cesantías y confirmó un nuevo paro nacional para el próximo miércoles, con ingresos masivos a los edificios públicos. Esto ha puesto en alerta al ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, quien evaluaba cómo contener las protestas.
Algunas voces dentro del Gobierno advierten sobre las consecuencias no deseadas de una confrontación violenta con los trabajadores. "La doctrina Bullrich de llenar todo de policías puede salir mal, el clima está bravo. Vamos a tratar de cuidar a la gente que labura", deslizaron desde una secretaría.
Además de la conflictividad por las protestas, preocupan los efectos no deseados en la atención al público y la administración. ANSES, a cargo de Mariano de los Heros, es una de las áreas de mayor nerviosismo debido al cierre de decenas de oficinas y las largas filas en las centrales de atención para jubilados. Estos problemas se suman al malestar por la demora en los aumentos de las prestaciones para paliar la alta inflación y la polémica por el pago en dos tramos de los haberes debido a un error administrativo.
A pesar de la intransigencia del Gobierno para mantener su relato anti-política y anti-ñoquis ante sus bases, los despidos intempestivos, en muchos casos sin auditorías previas ni medición de riesgo, pueden terminar en un escenario contraproducente. El Ejecutivo ha comenzado a calcular los próximos pasos en esta situación desafiante.
