La relación entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se encuentra en un nuevo punto de inflexión debido a la decisión del Gobierno nacional de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones que están bajo el control de 13 provincias. Esta medida, implementada a través del decreto 280/2024, ha complicado la liquidación de los haberes y el funcionamiento de las cuentas públicas locales, generando un fuerte malestar en las administraciones provinciales afectadas.

Ante esta situación, el Gobierno santafesino analizará la próxima semana la posibilidad de impugnar la medida ante la Justicia. Así lo confirmó Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de Santa Fe, quien calificó la decisión como "otra trastada del Presidente" y una "apropiación indebida de fondos" por parte del Estado nacional.

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La controversia surgió debido a que el decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, modificó la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023. Al no aprobarse una nueva ley de leyes debido al contexto electoral del año pasado, Milei prorrogó en enero el ejercicio anterior y le fue incorporando cambios acordes a su plan de gobierno y las medidas libertarias de ajuste de gasto público.

Entre las novedades del decreto, se derogó la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias de las provincias, formalizando así la eliminación de los anticipos que la ANSES realizaba mensualmente a estas jurisdicciones. Estos anticipos, establecidos en los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023, se destinaban a cubrir el déficit correspondiente a cada sistema previsional provincial.

La medida ha generado un fuerte rechazo en las administraciones provinciales afectadas, como es el caso de Santa Fe. Boasso fustigó la decisión, acusando a Milei de convocar al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, mientras que simultáneamente "saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las cajas jubilatorias de 13 provincias".

Además de Santa Fe, las jurisdicciones impactadas por la eliminación de los anticipos jubilatorios son la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

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Boasso defendió la importancia de las cajas de jubilaciones, afirmando que "no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral". Según datos oficiales de noviembre de 2023, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe registraba unos 100.356 beneficiarios, con un haber promedio de $571.503 para las jubilaciones y $335.060 para las pensiones.

El secretario de Seguridad Social santafesino señaló que "Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos" en concepto de estos anticipos, y advirtió que "imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700 mil millones". Esta deuda había sido previamente planteada por Pullaro como una condición para la firma del Pacto de Mayo, exigiendo que se paguen esas obligaciones con la provincia.

La tensión entre Milei y Pullaro se remonta al inicio de la gestión del Presidente, cuando se trató al gobernador de "traidor" por los desacuerdos con el proyecto de Ley Ómnibus. Si bien ambos coincidieron en la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al "narcoterrorismo" en Rosario, esta nueva controversia por los recursos jubilatorios suma un ingrediente adicional al vínculo tumultuoso entre ambos líderes.

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Ante este escenario, el Gobierno de Santa Fe evalúa llevar el reclamo a la Justicia, en un intento por revertir la decisión de Milei y asegurar el flujo de fondos necesario para el pago de las jubilaciones y pensiones en la provincia. Esta disputa pone de manifiesto las tensiones existentes entre el Ejecutivo nacional y las administraciones provinciales, en torno a las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno libertario y sus implicaciones en las finanzas locales.