La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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En un nuevo capítulo de la controversia legal en torno a los Cupones PBI, Argentina ha obtenido un fallo favorable por parte de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos. Esta decisión le permite al país evitar el pago de 1.300 millones de euros (aproximadamente 1.400 millones de dólares) reclamados por fondos de inversión internacionales.
Los Cupones PBI fueron emitidos en 2005 como parte de la reestructuración de la deuda soberana argentina, tras el default de 2002. Estos instrumentos estaban diseñados para pagar rendimientos a los bonistas cada vez que el Producto Bruto Interno (PBI) del país creciera por encima del 3,3% anual. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner, Argentina experimentó un fuerte crecimiento económico, lo que hizo de estos cupones un activo muy atractivo para los inversores.
Sin embargo, en el último trimestre de 2013, durante la presidencia de Cristina Kirchner, se produjo un cambio en la fórmula de cálculo del PBI por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Como resultado, el crecimiento anual se situó en 3,2%, apenas por debajo del umbral que obligaba al pago de los cupones. Este cambio metodológico generó controversia y acusaciones de manipulación estadística por parte del gobierno de entonces.
Los fondos de inversión afectados, que poseían alrededor del 48% de los títulos vinculados al PBI en 2013, iniciaron acciones legales contra Argentina, reclamando los pagos no realizados debido a la modificación de los datos del INDEC. En un primer momento, los tribunales británicos fallaron a favor de los demandantes, condenando a Argentina a pagar 1.330 millones de euros más intereses.
No obstante, Argentina apeló esta decisión y, como parte del proceso, el gobierno de Javier Milei constituyó un fideicomiso por 337 millones de dólares como garantía. Los abogados que representan al país argumentaron que el pago de la suma reclamada causaría un "perjuicio al pueblo de Argentina".
Finalmente, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ha fallado a favor de Argentina. Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, la magistrada no se pronunció sobre la posible mala fe de Argentina al cambiar la fórmula de cálculo del PBI. En cambio, se centró en un tecnicismo legal conocido como "no action clause", que impediría a los demandantes presentar la demanda por no cumplir con ciertos requisitos estipulados.
Este fallo representa un importante respiro para las finanzas públicas argentinas, ya que evita el desembolso de una suma significativa en un contexto de fragilidad económica. Sin embargo, no pone fin a la controversia de fondo sobre la manipulación de las estadísticas durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La emisión de los Cupones PBI fue parte de una compleja reestructuración de deuda llevada a cabo en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Este proceso puso fin al default declarado en diciembre de 2001 y permitió a Argentina regularizar su situación con los acreedores internacionales.
No obstante, la posterior manipulación de los datos del INDEC, especialmente durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, puso en tela de juicio la credibilidad de las estadísticas oficiales y generó conflictos con los tenedores de deuda. El gobierno de Mauricio Macri, a partir de 2015, impulsó una normalización del INDEC y recalculó los datos de crecimiento económico de años anteriores.
En este contexto, el fallo de la jueza Preska constituye una victoria legal para Argentina, pero no resuelve el problema de fondo de la manipulación estadística y sus consecuencias para la confianza de los inversores. El gobierno de Javier Milei deberá ahora gestionar cuidadosamente las relaciones con los acreedores y trabajar para reconstruir la credibilidad de las instituciones económicas del país.
El caso de los Cupones PBI pone de manifiesto la importancia de contar con estadísticas confiables y transparentes, así como la necesidad de honrar los compromisos asumidos en los procesos de reestructuración de deuda. Solo así Argentina podrá recuperar plenamente la confianza de los mercados internacionales y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible en el largo plazo.
