El Gobierno ha ultimado los detalles de los proyectos del paquete fiscal y la nueva ley ómnibus, una versión acotada de la iniciativa original que fracasó en la Cámara de Diputados. Estos proyectos fueron enviados a los legisladores y gobernadores antes de su tratamiento en el Congreso, aunque aún podrían sufrir modificaciones durante el debate y la discusión en el recinto.

La nueva ley ómnibus incluye la declaración de emergencia por un año, la facultad de privatizar empresas del Estado, accionar sobre organismos descentralizados y fideicomisos, entre otras cuestiones. Por su parte, el paquete fiscal abarca una moratoria de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social; el blanqueo de capitales; modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e impuestos internos; y cambios en el monotributo.

Uno de los puntos más destacados es la modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que quedaría en $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para trabajadores casados con dos hijos. Además, se establecería una escala progresiva del tributo que va del 5% al 35%, con una actualización por IPC para mantener la proporcionalidad inicial.

En cuanto a las privatizaciones, la nueva ley ómnibus amplía la cantidad de empresas sujetas a este proceso de 12 a 18, agrupándolas en tres categorías según su destino. En el primer grupo se encuentran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, que podrían ser privatizadas totalmente. El segundo grupo incluye a Aysa, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE y Corredores Viales, que serían traspasadas a concesionarias privadas. Por último, un tercer grupo de empresas, como Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación y sus subsidiarias, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, solo podrían ser privatizadas parcialmente, manteniendo el Estado una participación mayoritaria.

La ley también establece que el proceso de privatización deberá desarrollarse bajo los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión. Además, se prevé la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación en el control y seguimiento de estos procesos.

Otros aspectos relevantes de la nueva ley ómnibus incluyen la desregulación económica, la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Mercados y Competencia, modificaciones a la ley de Hidrocarburos y cuestiones referidas al gas, como la autorización de importaciones sin aprobación previa. Además, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes debieran aportes.

Se espera que los proyectos sean tratados en comisión la semana próxima para alcanzar a fin de mes el debate en el recinto. También se incluirá una reforma laboral, previamente dictaminada en el DNU 70/2023 pero frenada en la Justicia, que será consensuada con fuerzas de la oposición, especialmente con la UCR.

En resumen, la nueva ley ómnibus y el paquete fiscal enviados por el Gobierno al Congreso incluyen una serie de medidas que abarcan desde la declaración de emergencia y la facultad de privatizar empresas estatales hasta modificaciones impositivas y una reforma laboral. El tratamiento de estos proyectos en el Congreso será clave para determinar su alcance final y su impacto en la economía y la sociedad argentina.