¿Cuáles son los argumentos que la Universidad de Buenos Aires sostiene en defensa de la Ley de  Financiamiento Universitario?

En el marco de la sesión que se lleva a cabo en el Senado sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha presentado un conjunto de datos reveladores a través de su observatorio Pulsar. Esta información surge como respuesta a la postura del presidente Javier Milei, quien ha anticipado su intención de vetar la medida si es aprobada.

1. Valoración de la educación universitaria:
Según una encuesta nacional realizada por el Instituto de Investigaciones en Gestión, Desarrollo y Control de las Organizaciones de la UBA, el 59% de los encuestados califica la calidad de la formación universitaria como "buena" o "muy buena", siendo el nivel educativo mejor valorado por la sociedad argentina.

2. Preferencia por universidades públicas:
El mismo estudio revela que el 55% de los consultados considera que las universidades públicas son superiores a las privadas, frente a un 21% que opina lo contrario.

3. Rechazo masivo a los recortes:
Uno de los datos más impactantes muestra que 3 de cada 4 argentinos se oponen a los recortes en educación, ciencia y tecnología. Este consenso se mantiene constante a través de diferentes segmentos sociales.

4. Reconocimiento internacional:
La UBA continúa siendo reconocida como la mejor universidad de Iberoamérica, ocupando el puesto 71 en el ranking mundial de la consultora británica Quacquarelli Symonds.

5. Situación salarial crítica:
Un informe conjunto de las universidades de San Martín y Río Negro destaca que más del 85% de los docentes y el 60% del personal no docente se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

6. Caída presupuestaria:
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política señala una caída real del 31,5% en el presupuesto universitario durante los primeros ocho meses del año, en comparación con 2023.

7. Viabilidad económica del proyecto:
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la actualización de gastos y recomposición salarial previstas en el proyecto requeriría apenas el 0,14% del PBI.

Estos datos se presentan en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el sector universitario. Mientras la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu) se manifiestan frente al Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha reiterado la postura del gobierno: "No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal".

La presentación de estos datos por parte de la UBA busca influir en el debate legislativo y en la opinión pública, destacando la importancia y el apoyo social que tiene la educación universitaria pública en Argentina. Sin embargo, la amenaza de veto presidencial plantea un escenario incierto para el futuro del financiamiento universitario en el país.