El gobierno argentino desregula el transporte de media y larga distancia: un cambio radical en el sector

El gobierno del presidente Javier Milei ha anunciado una medida de gran alcance que promete transformar el panorama del transporte de pasajeros en Argentina. A partir de este lunes, se publicará en el Boletín Oficial un decreto que desregula el transporte automotor de media y larga distancia, marcando un cambio significativo en un sector que ha operado bajo normativas con más de tres décadas de antigüedad.

Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a cargo de Franco Mogetta, busca modernizar y liberalizar el sector, adaptándolo a las dinámicas actuales del transporte.

El corazón de esta reforma es la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, que será público, gratuito y estará disponible en línea. Este registro no solo simplificará los trámites burocráticos para las empresas de transporte, sino que también aumentará la transparencia en el sector. Las empresas ya registradas no necesitarán volver a inscribirse, pero las nuevas deberán hacerlo para operar legalmente.

Una de las innovaciones más destacadas es la implementación del principio de "Silencio Positivo". Bajo este sistema, las nuevas empresas que se inscriban obtendrán automáticamente la habilitación para operar después de cinco días de su inscripción, si no hay objeciones por parte de las autoridades. Esta medida busca agilizar los procesos administrativos y fomentar la entrada de nuevos actores al mercado.

La desregulación también implica una mayor libertad para las empresas de transporte en varios aspectos de su operación. A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, las empresas podrán establecer libremente sus recorridos, elegir los vehículos a utilizar, determinar horarios y precios, y decidir sobre la duración de los servicios. Incluso tendrán la flexibilidad de seleccionar los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, siempre y cuando estén autorizados por la jurisdicción local correspondiente.

El gobierno argumenta que esta liberalización generará una mayor oferta de servicios y una competencia de precios que beneficiará tanto a los usuarios como a las empresas y transportistas. Sin embargo, es importante destacar que el decreto mantiene las exigencias en materia de seguridad establecidas en la normativa vigente, buscando un equilibrio entre la liberalización del sector y la protección de los pasajeros.

Las empresas que se inscriban en el nuevo registro deberán proporcionar información detallada sobre su capacidad de transporte, incluyendo la cantidad y tipo de vehículos, número de asientos, seguros contratados, nómina de conductores y sus licencias, así como la periodicidad de los servicios y las rutas a cubrir. Esta información será crucial para mantener un control efectivo sobre la operación del sector.

El nuevo sistema comenzará a implementarse 60 días después de la publicación del decreto, permitiendo así el tiempo necesario para realizar las actualizaciones tecnológicas requeridas. Durante este período, se espera que tanto las empresas como las autoridades se adapten a las nuevas reglas del juego.

Esta medida se enmarca en la política de desregulación y liberalización económica del gobierno de Milei, que busca eliminar trabas burocráticas y fomentar la competencia en diversos sectores de la economía. En el caso específico del transporte de pasajeros, el objetivo es modernizar un sector que, según el gobierno, ha quedado rezagado en términos de innovación y eficiencia.

La reacción del sector empresarial ante esta medida será crucial para determinar su éxito. El transporte automotor de pasajeros en Argentina está representado por varias cámaras empresariales, cada una con sus propios intereses y perspectivas. La Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), por ejemplo, agrupa a algunas de las empresas más grandes y reconocidas del sector, cubriendo una extensa red de destinos en todo el país.

Estas empresas han operado durante décadas bajo un sistema regulado y es probable que vean con cierta aprensión la entrada de nuevos competidores y la flexibilización de las reglas. Sin embargo, también podrían beneficiarse de la mayor libertad operativa que ofrece la nueva normativa.

Por otro lado, la medida podría abrir la puerta a nuevos modelos de negocio en el transporte de pasajeros. Empresas más pequeñas o startups del sector de la movilidad podrían ver en esta desregulación una oportunidad para ingresar al mercado con propuestas innovadoras, posiblemente aprovechando tecnologías digitales para ofrecer servicios más flexibles y personalizados.

El impacto de esta desregulación en los precios y la calidad del servicio será observado de cerca tanto por los usuarios como por los analistas del sector. Si bien el gobierno espera que la mayor competencia lleve a una reducción en los costos de transporte, también existe la posibilidad de que se produzcan ajustes en el mercado que podrían afectar a ciertas rutas o servicios menos rentables.

Asimismo, será importante monitorear cómo esta liberalización afecta a las economías regionales y a la conectividad entre diferentes puntos del país. El transporte terrestre de pasajeros ha sido históricamente crucial para conectar localidades que no están servidas por el transporte aéreo o ferroviario, y cualquier cambio en este ecosistema podría tener repercusiones significativas en la movilidad y el desarrollo económico de diversas regiones.

La desregulación del transporte automotor de media y larga distancia representa un cambio de paradigma en un sector clave de la economía argentina. Si bien promete mayor competencia, innovación y potencialmente mejores precios para los usuarios, también plantea desafíos en términos de adaptación para las empresas existentes y de supervisión para las autoridades. El éxito de esta medida dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica y de cómo respondan todos los actores involucrados a este nuevo escenario regulatorio.