¿Qué pasará con Aerolíneas Argentinas?: Plan de liquidación si fracasa el diálogo con los gremios

El gobierno argentino prepara una drástica transformación del sector aeronáutico nacional, con un plan que contempla la liquidación total de Aerolíneas Argentinas e Intercargo si las negociaciones programadas para hoy con los gremios no producen resultados satisfactorios. La estrategia, que incluye la venta de activos y la apertura del mercado a operadores extranjeros, marca un punto de inflexión en la política aerocomercial del país.

El ultimátum gubernamental establece una serie de reuniones cruciales a partir de las 14 horas con los sindicatos de pilotos, aeronavegantes y personal aeronáutico, que se realizarán de manera individual. La administración Milei insiste en que, sin un plan viable para desactivar los conflictos, procederá con la liquidación de bienes, incluyendo la flota de aeronaves y equipamiento de servicios de rampa.

Fuentes oficiales revelan que, aunque existieron conversaciones para privatizar ambas empresas estatales, los potenciales inversores se mostraron reticentes debido a los actuales convenios colectivos de trabajo. Esta situación ha llevado al Ejecutivo a considerar mecanismos jurídicos para la disolución y posterior liquidación de las compañías.

La reforma aerocomercial, diseñada por el ministro Federico Sturzenegger junto al secretario Franco Mogetta y el subsecretario Hernán Gómez, contempla una apertura sin precedentes del mercado. Ya se han mantenido conversaciones con Avianca, Air Europa y Arajet, mientras que el decreto 844/24 facilita la operación de aeronaves con matrícula extranjera en vuelos domésticos, incluyendo tripulaciones foráneas.

El plan de modernización incluye también la eliminación de regulaciones consideradas restrictivas. Entre ellas, se prepara la derogación del decreto 778/2021, que establece límites en las horas de vuelo y períodos de descanso para los pilotos. Actualmente, esta normativa fija un máximo de 90 horas mensuales para aviones con dos comandantes y establece un tope de 34 horas semanales por tripulación.

La administración ha iniciado ya varios cambios regulatorios significativos: eliminó la necesidad de audiencias públicas, implementó un nuevo sistema de autorización de rutas, modificó el registro de aeronaves y contratos, y digitalizó diversos trámites. Además, ha introducido cambios en los protocolos de atención al pasajero y en el régimen de infracciones aeronáuticas.

Este giro en la política aérea se produce en medio de crecientes tensiones laborales, evidenciadas por la reciente paralización de operaciones en Aeroparque y Ezeiza. El gobierno ha respondido con la amenaza de iniciar un procedimiento preventivo de crisis para ambas empresas, un paso preliminar hacia el posible cierre si no se alcanza un acuerdo.

La propuesta gubernamental representa un cambio radical en el modelo aeronáutico argentino, tradicionalmente centrado en la operadora estatal. La apertura a aerolíneas extranjeras para operar rutas anteriormente exclusivas de Aerolíneas Argentinas, junto con la liberalización de los servicios de rampa, sugiere una transformación profunda del sector.

Para el gobierno, esta reforma busca eliminar el déficit crónico de las empresas estatales y modernizar la industria aérea argentina. Sin embargo, los sindicatos ven en estas medidas una amenaza a miles de puestos de trabajo y a la soberanía aérea nacional.

Las próximas horas serán decisivas para el futuro del transporte aéreo argentino. La respuesta de los gremios al ultimátum gubernamental determinará si se mantiene el modelo actual con modificaciones o si se produce un cambio radical en la estructura del sector, con consecuencias significativas para trabajadores, usuarios y la conectividad nacional.