Deterioro del mercado laboral argentino: Se perdieron más de 236.000 empleos formales mientras crece la precarización
El panorama laboral en Argentina continúa deteriorándose según revelan los últimos datos oficiales publicados por la Secretaría de Trabajo. Las cifras correspondientes a enero de 2025 confirman una tendencia preocupante que se viene observando desde agosto de 2023, con la pérdida acumulada de 236.700 puestos de trabajo asalariados formales en poco más de un año y medio.
El primer mes del año evidenció una nueva caída de 8.600 empleos asalariados registrados, revirtiendo la leve mejora que se había experimentado en diciembre del año anterior. Este segmento, que incluye tanto a trabajadores del sector privado como estatal y empleadas domésticas, alcanzó los 10,1 millones de personas, pero su trayectoria descendente refleja un mercado laboral en contracción.
La situación se agravó significativamente desde el inicio de la administración de Javier Milei. Los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que, en comparación con noviembre de 2023 —mes previo a la asunción presidencial—, se han perdido 194.500 empleos asalariados formales, lo que representa más del 82% del total de la caída registrada desde agosto de 2023.
En contraste con esta reducción, el sistema ha incorporado más de 42.000 nuevos monotributistas durante el mismo período, lo que analistas interpretan como un claro indicador de precarización laboral. Esta tendencia coincide con los datos recientemente publicados por el INDEC a través de una versión modificada de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que revela un aumento de la informalidad laboral, que pasó del 41,4% en el último trimestre de 2023 al 42% en igual período de 2024.
El informe del INDEC, que por primera vez desagrega de manera detallada los niveles de informalidad, considera dentro de esta categoría al conjunto de personas ocupadas —sean independientes o en relación de dependencia— que desarrollan actividades al margen de las normativas que las regulan. Los datos muestran que la informalidad afecta de manera desigual a distintos sectores: mientras entre los trabajadores por cuenta propia alcanza el 62,4%, entre los asalariados se ubica en 36,1%, aunque este último grupo experimentó un incremento porcentual mayor respecto al año anterior.
Por sectores económicos, las actividades con mayor incidencia de informalidad son el servicio doméstico (77%), la construcción (76,6%), hoteles y restaurantes (63,2%) y el comercio (51,2%). La industria manufacturera presenta un panorama relativamente mejor, con un 36,1% de informalidad, por debajo del promedio general.
La dinámica del mercado laboral argentino muestra un desplazamiento desde empleos formales con mayor protección social hacia modalidades más precarias, con menos derechos y mayor inestabilidad. Este fenómeno no solo afecta las condiciones actuales de los trabajadores sino también sus perspectivas futuras, particularmente en términos de acceso a prestaciones jubilatorias.
En cuanto a la evolución salarial, los datos presentan algunas discrepancias según la fuente consultada. Mientras el SIPA reporta una mejora del 1,8% mensual en los salarios reales del sector privado para enero —lo que representaría la décima suba consecutiva—, las cifras del INDEC para el mismo mes muestran un incremento mucho más modesto, de apenas 0,1% en términos reales.
Según el SIPA, los sueldos del sector privado formal se ubicarían un 5,8% por encima del nivel previo al inicio del gobierno de Milei, aunque todavía permanecen un 8,3% por debajo del último pico registrado en 2017. Por su parte, el indicador elaborado por la consultora C-P, basado en un seguimiento de paritarias representativas, refleja un estancamiento de los ingresos reales durante el primer bimestre de 2025.
Esta disparidad en las mediciones podría explicarse por diferentes metodologías de cálculo y universos de análisis. Sin embargo, más allá de estas diferencias, existe consenso respecto a que el poder adquisitivo enfrenta importantes desafíos en el corto plazo.
Las perspectivas para los próximos meses no resultan alentadoras. La inflación de marzo alcanzó el 3,7% según el INDEC, interrumpiendo la tendencia a la baja que había caracterizado a los primeros meses del año. A este factor se suma la reciente devaluación del dólar oficial, que inevitablemente impactará en los precios, aunque la magnitud de su traslado a la economía real aún está por determinarse.
Este escenario plantea serios interrogantes sobre la evolución del poder adquisitivo de los salarios. Si el gobierno no habilita o convalida mejoras salariales más significativas en las próximas negociaciones paritarias, es probable que los ingresos reales de los trabajadores continúen deteriorándose, lo que podría tener consecuencias políticas de cara a las elecciones legislativas.
El comportamiento del mercado laboral argentino no solo refleja el impacto de las políticas económicas implementadas por la actual administración, sino también problemas estructurales de larga data. La alta informalidad, la segmentación entre sectores protegidos y precarizados, y la persistente brecha entre salarios y precios constituyen desafíos que trascienden coyunturas específicas.
La reducción sostenida del empleo asalariado registrado, junto con el incremento de modalidades más precarias de inserción laboral, configuran un panorama preocupante que podría profundizar las desigualdades sociales y comprometer las perspectivas de recuperación económica en el mediano plazo.
Los analistas coinciden en que revertir esta tendencia requerirá no solo de un crecimiento económico sostenido sino también de políticas específicas orientadas a formalizar el empleo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo, aspectos que hasta el momento no parecen formar parte de las prioridades de la agenda gubernamental.
Mientras tanto, los trabajadores argentinos enfrentan un mercado laboral cada vez más restrictivo y con crecientes niveles de precarización, en un contexto donde la recuperación del poder adquisitivo se vuelve cada vez más esquiva debido a la persistencia de presiones inflacionarias y a un modelo económico que prioriza el ajuste fiscal y la estabilización macroeconómica por sobre otras variables.