Arizona establece Fondo de Reserva de Bitcoin para gestionar criptoactivos no reclamados tras rechazo a inversión directa

El estado de Arizona ha marcado un hito en la integración de criptomonedas a su estructura financiera gubernamental con la firma de la Ley 2749, que establece oficialmente el primer Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales del estado. La gobernadora Katie Hobbs promulgó la legislación el 7 de mayo, adoptando un enfoque más cauteloso que busca equilibrar la innovación financiera con la responsabilidad fiscal pública.

La iniciativa representa un punto intermedio después de que Hobbs vetara anteriormente el Proyecto de Ley del Senado 1025, conocido como el Acta de Reserva Estratégica de Bitcoin de Arizona. Mientras el proyecto rechazado habría permitido inversiones directas de fondos públicos en criptomonedas, la legislación aprobada se centra exclusivamente en la gestión de activos digitales no reclamados y abandonados que ya están bajo custodia estatal.

"Esta ley asegura que Arizona no deje valor sobre la mesa y nos posiciona para liderar el país en cómo aseguramos, gestionamos y, en última instancia, nos beneficiamos de la moneda digital abandonada", explicó el representante Jeff Weninger, principal impulsor de la iniciativa. "Es exactamente el tipo de política que deberíamos encabezar: moderna, precisa y construida con una comprensión clara de hacia dónde se dirigen la tecnología y las finanzas".

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El mecanismo establecido por la HB 2749 permite al estado reclamar la propiedad de activos digitales cuando el propietario original no responde a comunicaciones oficiales durante un período de tres años. Una vez que estos activos pasan legalmente a control estatal, la legislación autoriza a los custodios designados a implementar estrategias como staking (participación en protocolos de validación) o recibir airdrops (distribuciones gratuitas), generando rendimientos adicionales para el erario público.

Estos ingresos serán canalizados hacia el recién creado Fondo de Reserva, proporcionando un marco institucional para la gestión de estos activos sin comprometer directamente recursos presupuestarios en inversiones especulativas, un punto que generaba resistencia entre diversos sectores políticos y financieros.

Matthew Sigel, Jefe de investigación de activos digitales de VanEck, contextualizó la decisión señalando que "días después de vetar el SB 1025, que habría permitido a Arizona invertir fondos públicos y cripto incautada en Bitcoin, la gobernadora Katie Hobbs firma la HB 2749, una versión reducida que financia una reserva utilizando cripto no reclamada, airdrops y recompensas de staking".

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La gobernadora había justificado su veto anterior mencionando preocupaciones sobre la volatilidad inherente a los activos digitales y cuestionando su idoneidad como vehículo de inversión para sistemas de jubilación respaldados por el estado. La HB 2749 aborda directamente estas inquietudes al eliminar el componente de inversión directa de fondos públicos.

El movimiento de Arizona se produce en un contexto de creciente actividad legislativa relacionada con criptoactivos a nivel estatal en todo el país. Casi simultáneamente, New Hampshire se convirtió en el primer estado en crear oficialmente una reserva de Bitcoin tras la aprobación de la HB 302, estableciendo una carrera entre jurisdicciones para adaptarse al cambiante panorama financiero digital.

La actividad legislativa en Arizona no se limita a la HB 2749. Actualmente, dos proyectos adicionales se encuentran en consideración: el SB 1373 propone un Fondo de Reserva Estratégica de Activos Digitales gestionado por el tesorero estatal, que incluiría tanto fondos apropiados como activos digitales incautados. Esta propuesta permitiría al estado invertir hasta el 10% anualmente y prestar activos digitales para generar rendimientos adicionales.

Paralelamente, la HB 2324, que buscaba crear una reserva específica para activos digitales confiscados, no logró avanzar en su lectura final el 7 de mayo, aunque permanece sujeta a una posible reconsideración legislativa.

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El impulso por integrar criptoactivos en las estructuras financieras estatales trasciende las fronteras de Arizona. En Texas, el Proyecto de Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin (SB 21) recientemente superó el Senado y avanza hacia una votación plenaria. Julian Fahrer, fundador de Bitcoin Laws, comentó que "la Reserva de Bitcoin de Texas debería estar a un voto de distancia. La legislatura de TX se levanta el 2 de junio, por lo que deberíamos conocer el resultado en aproximadamente tres semanas como máximo".

Oregón también ha avanzado en el reconocimiento legal de los activos digitales. La gobernadora Tina Kotek promulgó el SB167, actualizando el Código Comercial Uniforme del estado para proporcionar claridad sobre el tratamiento legal de las criptomonedas, particularmente en su reconocimiento como garantía en transacciones financieras.

Sin embargo, no todos los estados están avanzando al mismo ritmo en este ámbito. Las propuestas para establecer una Reserva de Bitcoin en Florida, identificadas como HB 487 y SB 550, no han logrado progresar significativamente en el proceso legislativo, evidenciando los complejos debates y desafíos que persisten en torno a la regulación y adopción institucional de activos digitales.

La diversidad de enfoques estatales refleja las diferentes interpretaciones sobre el papel que las criptomonedas deberían desempeñar en las finanzas públicas. Mientras algunos estados adoptan posiciones más agresivas, permitiendo inversiones directas de fondos gubernamentales, otros, como Arizona bajo la administración de Hobbs, optan por aproximaciones más conservadoras que buscan aprovechar las oportunidades de los activos digitales sin exponer directamente recursos públicos a su volatilidad característica.

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La proliferación de estas iniciativas legislativas coincide con un momento de renovado interés en Bitcoin y otras criptomonedas, cuyas valoraciones han experimentado importantes recuperaciones en los últimos meses. Esta convergencia entre el fortalecimiento del mercado cripto y el creciente reconocimiento institucional a nivel estatal podría representar un punto de inflexión para la adopción generalizada de activos digitales en el sistema financiero estadounidense.

A medida que más estados consideren y potencialmente implementen sus propias versiones de reservas de Bitcoin, surgirán importantes preguntas sobre la interacción entre estos fondos estatales y las regulaciones federales, así como sobre sus implicaciones para la política monetaria nacional. La experimentación a nivel estatal podría proporcionar valiosos precedentes y lecciones para futuras consideraciones de política cripto a escala federal.

Para Arizona, la implementación de este fondo representa una oportunidad de posicionarse como pionero en la gestión responsable de activos digitales mientras navega cuidadosamente las complejidades regulatorias y volatilidades del mercado que han caracterizado históricamente al ecosistema cripto.