Caputo pudo renovar el 76% de vencimientos, con tasas del 4,28 mensual, y quedaron $2.8 billones circulando

La volatilidad financiera en Argentina alcanzó nuevos niveles de tensión tras los resultados de la reciente licitación de instrumentos de deuda pública, donde el gobierno nacional enfrentó condiciones adversas que revelan las crecientes dificultades para mantener la estabilidad monetaria. Los números exponen una realidad preocupante: el Estado argentino debe pagar tasas de interés extraordinariamente elevadas para atraer inversores, mientras simultáneamente enfrenta presiones devaluatorias que complican su estrategia económica.

El proceso de refinanciamiento de obligaciones gubernamentales evidenció las tensiones subyacentes en el mercado financiero local. La operación logró renovar únicamente el 76.3% del total de instrumentos que vencían, dejando sin refinanciar una suma considerable que permanecerá en circulación. Esta cifra contrasta marcadamente con las expectativas oficiales de lograr una renovación casi completa de los títulos.

Las condiciones bajo las cuales se concretó esta renovación parcial resultan particularmente llamativas. Los inversores exigieron rendimientos que alcanzan el 4.28% efectivo mensual para los plazos más cortos, lo que equivale a una rentabilidad anual del 65%. Estas cifras cobran dimensión cuando se comparan con las proyecciones inflacionarias actuales, que estiman un incremento de precios mensual inferior al 2% y una inflación anualizada del 20%.

La brecha entre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias sugiere que los inversores están incorporando en sus cálculos un componente significativo de riesgo cambiario. Quienes adquirieron bonos con vencimiento en octubre obtendrían una rentabilidad equivalente a un dólar cotizado a 1438 pesos, superando incluso las cotizaciones del mercado de futuros para ese período, donde los contratos se negocian a 1410 pesos.

La imposibilidad de renovar completamente los vencimientos genera consecuencias inmediatas: aproximadamente 2.8 billones de pesos permanecerán circulando en la economía. En contextos anteriores, esta situación habría sido interpretada por las autoridades como señal de crecimiento económico y mayor demanda de liquidez por parte del sector bancario. Sin embargo, las circunstancias actuales sugieren una interpretación diferente.

Los indicadores del sistema crediticio muestran señales de desaceleración que contradicen la narrativa optimista. Durante junio, los préstamos bancarios registraron un crecimiento real mensual del 2.6%, representando una ralentización respecto a los meses previos, cuando la expansión crediticia alcanzaba el 3.9%. Paralelamente, el financiamiento mediante tarjetas de crédito experimentó una contracción del 7.1% mensual, mientras los depósitos también disminuyeron, aunque en menor proporción, con una caída del 1.4%.

El comportamiento del mercado cambiario refuerza estas preocupaciones. En el último mes, el dólar mayorista acumuló un incremento del 7.6%, evidenciando las presiones devaluatorias persistentes. Los datos del Banco Central revelan que durante junio, los minoristas adquirieron divisas por 4357 millones de dólares, incluyendo compras netas de billetes por 2020 millones y otras salidas de divisas por 2308 millones. Esta demanda representa un aumento del 25% respecto a mayo, el primer mes completo sin restricciones cambiarias, que a su vez había superado en 59% las compras de abril.

Las autoridades monetarias estimaron que aproximadamente un millón de personas participaron en la compra de divisas a través del sistema bancario, cifra similar a la registrada en mayo. Los pronósticos sugieren que los números de julio serán aún más elevados, particularmente después de las declaraciones públicas del ministro de Economía Luis Caputo incentivando la compra de dólares.

La composición de la renovación de deuda también genera inquietudes entre los analistas. Cerca del 70% de los títulos renovados corresponden a instrumentos de muy corto plazo, con vencimientos en agosto. Notablemente, no se colocaron bonos con vencimientos posteriores a octubre, mes que el mercado considera crucial debido a las elecciones legislativas programadas.

Un elemento adicional de preocupación surge del análisis de los agregados monetarios. Mientras el gobierno enfoca su atención en la base monetaria amplia como ancla de estabilidad, diversos economistas señalan que el agregado M3, que incluye depósitos a plazo y cuentas corrientes, ha experimentado un crecimiento acelerado del 11% mensual y 59% acumulado en el año.

Esta expansión monetaria alimenta los temores sobre lo que algunos analistas denominan la "bomba de Lecaps", sugiriendo que el gobierno simplemente trasladó el déficit cuasifiscal desde las Leliqs y pases del Banco Central hacia una nueva forma de endeudamiento. El calendario de vencimientos para agosto presenta desafíos adicionales, con obligaciones por 30 billones de pesos.

Los cuestionamientos se extienden hacia la veracidad de los números fiscales oficiales. Algunos economistas argumentan que si se contabilizaran correctamente los intereses devengados de la deuda acumulada, el supuesto superávit fiscal se transformaría en déficit. Según estos cálculos alternativos, mientras el resultado oficial de junio muestra un superávit de 551000 millones de pesos, la incorporación de intereses capitalizados no pagados generaría un déficit de 5.8 billones de pesos.

Esta metodología de cálculo sugiere que el déficit acumulado anual rondaría los 27 billones de pesos, creciendo desde los 3.1 billones registrados en enero. Estas cifras representan un desafío fundamental para la narrativa oficial, que basa su credibilidad en el mantenimiento del equilibrio fiscal.

La combinación de tasas elevadas, renovación incompleta de deuda, presiones cambiarias y cuestionamientos metodológicos configura un escenario complejo para las autoridades económicas. La sostenibilidad del esquema dependerá de la capacidad de mantener la confianza de los inversores mientras se gestionan las tensiones inherentes entre la estabilidad cambiaria y la política monetaria contractiva.

Los próximos meses serán cruciales para determinar si el gobierno puede mantener el delicado equilibrio entre estos factores o si las presiones del mercado forzarán ajustes en la estrategia económica implementada.