Ajuste económico y licuación de ingresos: los salarios formales acumulan una caída del 23,9% en cuatro meses
El impacto del ajuste económico y la licuación de los ingresos continúa golpeando fuertemente a los trabajadores argentinos. Según los datos de la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (RIPTE), los salarios formales registraron en febrero el cuarto mes consecutivo de retroceso frente a la inflación, acumulando una caída del 23,9% desde noviembre. Esta preocupante situación acerca a los salarios al mínimo histórico del final de la convertibilidad, un escenario que parecía haber quedado en el pasado.
En febrero, los salarios aumentaron un 11,5%, mientras que la inflación alcanzó el 13,2%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Como resultado, el salario promedio se ubicó en $619.007,05, un valor que, al igual que en enero, se situó por debajo de la canasta familiar de pobreza. Para un matrimonio con dos hijos menores, cubrir sus necesidades básicas, sin considerar el alquiler, requirió $690.901,57.
La situación es aún más alarmante si se analiza la caída interanual de los salarios. Según los cálculos del economista Salvador Vitelli, los salarios de los trabajadores tuvieron una caída del 26% interanual en febrero, alcanzando la peor caída cuatrimestral en la historia del índice. Este derrumbe supera incluso al de la convertibilidad en cuanto a un periodo de cuatro meses, que fue del 20%, y se acerca peligrosamente al mínimo mensual.
En 2023, el salario promedio terminó en $484.298,40, creciendo un 149,4% frente al valor que presentaba a finales del 2022. Sin embargo, este incremento no fue suficiente para ganarle a la inflación, que alcanzó el 211,4% en los 12 meses del año pasado. La diferencia representó una pérdida del poder adquisitivo del 20% para los 10 millones de trabajadores formales del sector público y privado que contempla el RIPTE.
Es importante destacar que el RIPTE se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. Este indicador es una de las variables que se toma en cuenta para el cálculo de la movilidad previsional, junto a la evolución de la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social, descontando el incremento del padrón de beneficiarios.
La crítica situación que enfrentan los trabajadores argentinos es el resultado de una combinación de factores, entre los que se destacan el ajuste económico implementado por el gobierno y la licuación de los ingresos producto de la alta inflación. Esta realidad no solo afecta a los trabajadores activos, sino que también tiene un impacto directo en los jubilados y pensionados, cuya movilidad previsional se ve seriamente comprometida.
Es imperativo que el gobierno tome medidas urgentes para frenar la caída de los salarios reales y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin políticas económicas que fomenten el crecimiento sostenible, la creación de empleo de calidad y el control de la inflación, la situación de los asalariados continuará deteriorándose, profundizando la crisis social y económica que atraviesa el país.
En un contexto de ajuste y licuación de ingresos, es fundamental que se priorice el bienestar de los trabajadores y se implementen políticas que garanticen salarios dignos y acordes a la realidad económica. De lo contrario, Argentina corre el riesgo de retroceder a escenarios del pasado que creíamos superados, con consecuencias devastadoras para el tejido social y productivo del país.