El enfrentamiento entre el gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que a partir del 1 de septiembre, la administración porteña deberá asumir la responsabilidad de subvencionar el transporte público local, específicamente las 31 líneas de colectivos que operan en la capital.

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Esta decisión surge como respuesta a las presiones de gobernadores provinciales, quienes cuestionaban el trato preferencial hacia CABA en materia de subsidios al transporte. Caputo argumentó que esta medida busca equiparar las condiciones entre la capital y el resto de las provincias argentinas, donde los gobiernos locales ya gestionan sus propios sistemas de transporte, incluyendo la determinación de tarifas y subsidios.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó su preocupación ante este panorama. Durante la presentación de un programa educativo, Macri advirtió sobre las posibles consecuencias de retirar los subsidios, sugiriendo que podría llevar al colapso de las empresas de transporte o a un aumento significativo en las tarifas, difícil de afrontar para los ciudadanos.

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En respuesta, Caputo defendió la posición del gobierno nacional en una entrevista radiofónica. El ministro enfatizó que la decisión no implica necesariamente la eliminación total de los subsidios, sino que traslada la responsabilidad de su gestión a las autoridades de la Ciudad. Según Caputo, esta medida se alinea con las prácticas ya implementadas en otras provincias y responde a principios de equidad y sentido común.

Paralelamente, el ministro abordó otro punto de fricción entre ambas administraciones: el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. Caputo aseguró que el gobierno nacional está cumpliendo con la orden judicial de transferir el 2,95% de coparticipación a CABA. Para respaldar su afirmación, reveló haber mantenido una conversación con el ex presidente Mauricio Macri, figura influyente en la política porteña y crítico de la supuesta falta de pago.

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Este conflicto pone de manifiesto las complejas relaciones entre los diferentes niveles de gobierno en Argentina, especialmente en lo que respecta a la distribución de recursos y responsabilidades. La decisión sobre los subsidios al transporte no solo afecta la dinámica política entre la Nación y CABA, sino que también tiene implicaciones directas para los habitantes de la ciudad, quienes podrían enfrentar cambios en el costo y la calidad del servicio de transporte público.

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A medida que se acerca la fecha de implementación de esta medida, se espera que continúen las negociaciones y debates entre ambas partes. La resolución de este conflicto será crucial no solo para el futuro del transporte en la capital, sino también como precedente para las relaciones fiscales y administrativas entre el gobierno nacional y las entidades subnacionales en Argentina.