La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional se encuentran en una encrucijada sobre el futuro del transporte público, específicamente en lo que concierne a 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por territorio porteño. El conflicto, que involucra subsidios mensuales de $8.500 millones, amenaza con impactar significativamente en el bolsillo de los usuarios.

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Ante la intención del gobierno de Javier Milei de transferir unilateralmente la responsabilidad de estos servicios a partir de septiembre, la administración de Jorge Macri ha propuesto un plan de transición de seis meses. Fuentes cercanas a la negociación revelan que la Ciudad argumenta no estar en condiciones de asumir los costos de manera inmediata.

El ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, advierte sobre las posibles consecuencias de una transferencia abrupta. Según sus cálculos, si la Nación retira su parte del subsidio, el costo del boleto podría elevarse de los actuales $371 a aproximadamente $700, representando un aumento sustancial para los pasajeros.

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La discusión se centra no solo en aspectos financieros sino también en cuestiones jurídicas y operativas. El gobierno de la Ciudad sostiene que la responsabilidad del servicio aún recae sobre la Nación, basándose en el Decreto 656 de 1994, que regula el transporte urbano y suburbano de jurisdicción nacional.

Por su parte, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, busca modificar este marco legal para concretar el traspaso. Sin embargo, las autoridades porteñas insisten en la necesidad de un proceso gradual y coordinado que priorice el bienestar de los ciudadanos.

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En un intento por desbloquear la situación, ambas partes trabajan en la redacción de un acta que definiría las competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno durante la transición. La Ciudad espera que este documento incluya detalles sobre la estructura de costos y el acceso a la información del sistema SUBE, elementos cruciales para la gestión eficiente del servicio.

El conflicto pone de manifiesto las tensiones entre diferentes niveles de gobierno en un contexto de ajuste fiscal. Mientras el ejecutivo nacional busca reducir subsidios como parte de su política económica, las autoridades locales temen las repercusiones sociales y políticas de un aumento brusco en las tarifas del transporte.

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La resolución de esta disputa tendrá implicaciones significativas no solo para los usuarios del transporte público en Buenos Aires, sino también como precedente para futuras negociaciones entre el gobierno federal y las administraciones locales en materia de servicios públicos y subsidios.

A medida que se acerca septiembre, la presión aumenta para alcanzar un acuerdo que equilibre las necesidades fiscales del país con la accesibilidad del transporte público para millones de ciudadanos. El desenlace de estas negociaciones será crucial para el futuro de la movilidad urbana en la capital argentina y podría marcar un punto de inflexión en las relaciones intergubernamentales en materia de política económica y social.