El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina ha revelado cifras alarmantes sobre la situación socioeconómica del país. Durante el primer semestre de 2024, la tasa de pobreza escaló al 52.9%, afectando a 24.9 millones de personas en todo el territorio nacional. Este dato representa un incremento significativo de 11.2 puntos porcentuales respecto al cierre de 2023 y 12.8 puntos en comparación con el mismo período del año anterior.

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La indigencia, por su parte, también mostró un aumento preocupante, alcanzando el 18.1% de la población. Esto significa que aproximadamente 8.5 millones de argentinos no pueden cubrir sus necesidades alimentarias básicas, evidenciando un deterioro marcado en las condiciones de vida de un segmento considerable de la sociedad.

Estos números marcan la primera medición oficial bajo el gobierno de Javier Milei y reflejan un panorama sombrío. En términos concretos, 6.2 millones de habitantes se sumaron al grupo que no puede adquirir la canasta básica total de alimentos y servicios en el último año. Asimismo, la población que no logra cubrir el valor de la canasta básica alimentaria aumentó en 4.2 millones, a pesar de la existencia de planes de asistencia social.

El primer semestre del año estuvo caracterizado por una escalada inicial de la inflación, que posteriormente se estabilizó en torno al 4% mensual desde mayo. Paralelamente, se registró una caída significativa en el poder adquisitivo de los salarios, aunque hacia el final del período comenzó a mostrar signos de recuperación, sin llegar a compensar totalmente las pérdidas acumuladas en el último año.

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Un factor novedoso en esta crisis es el impacto en el mercado laboral. La tasa de desempleo aumentó a 7.7% en el primer trimestre y 7.6% en el segundo, lo que representa un incremento de 336,000 desocupados en comparación con el año anterior. Además, se observa una tendencia preocupante hacia la precarización laboral, con una disminución del empleo registrado y un aumento del trabajo informal.

En perspectiva histórica, estos datos marcan un retroceso significativo. El gobierno anterior finalizó su mandato con una tasa de pobreza del 41.7%, que ya representaba un aumento respecto al inicio de su gestión. Comparativamente, el gobierno de Mauricio Macri también había registrado un deterioro en los indicadores sociales durante su administración.

Es importante destacar que, tras la crisis de 2001, cuando la pobreza alcanzó un pico del 57.5%, los gobiernos kirchneristas lograron una reducción significativa, llegando al 26.9% en el segundo semestre de 2006. Sin embargo, esta tendencia positiva se estancó en los años subsiguientes.

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Frente a esta situación crítica, el gobierno ha anunciado medidas para reforzar la asistencia social. Entre ellas, se destaca la ampliación de la cobertura de la Tarjeta Alimentar, que se extenderá hasta los 17 años a partir del 1 de octubre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Anses.

Estos datos ponen de manifiesto los desafíos monumentales que enfrenta la administración de Milei en materia económica y social. La combinación de alta inflación, pérdida de poder adquisitivo y aumento del desempleo ha llevado a un deterioro significativo en las condiciones de vida de la población argentina.

El gobierno se encuentra ahora ante la difícil tarea de implementar políticas que puedan revertir esta tendencia negativa, en un contexto de restricciones presupuestarias y presiones inflacionarias. La efectividad de las medidas anunciadas y la capacidad del gobierno para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo serán cruciales para determinar si estas cifras de pobreza pueden ser reducidas en los próximos semestres.

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La situación actual también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo económico y la necesidad de reformas estructurales que puedan abordar las causas profundas de la pobreza en Argentina. El debate sobre cómo equilibrar el ajuste fiscal con la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad seguramente se intensificará en los próximos meses, a medida que se evalúe el impacto de las políticas implementadas por el gobierno de Milei.