El gobierno del presidente Javier Milei ha anunciado su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera del país, en un movimiento que ha generado tanto expectativa como controversia. Esta decisión, que se enmarca dentro de las políticas de austeridad y reducción del gasto público impulsadas por la administración libertaria, promete reconfigurar el panorama aerocomercial argentino y ha desatado un intenso debate político y social.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el presidente Milei firmará en los próximos días un decreto para "declarar a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización". Esta medida se basa en el artículo 9 de la ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de iniciar procesos de privatización de empresas estatales. Según Adorni, la decisión se fundamenta en el "déficit crónico" que arrastra la aerolínea, producto de "desastrosas gestiones" de gobiernos anteriores. El funcionario señaló que desde su reestatización en 2008, los aportes del Estado para cubrir el déficit de la compañía superan los 8 mil millones de dólares, una cifra que el gobierno considera insostenible en el actual contexto económico del país.

La administración Milei presenta varios argumentos para justificar la privatización. En primer lugar, sostiene que la empresa es una carga para las arcas públicas y que los contribuyentes no deberían subsidiar los vuelos de una minoría. Además, Adorni afirmó que la aerolínea cuenta con una estructura sobredimensionada, con una dotación de 1,204 pilotos para operar 81 aviones activos, un número que considera "absolutamente excesivo" comparado con el promedio de la industria. El gobierno también critica lo que considera una "cantidad de beneficios" extensa para los empleados de la aerolínea, incluyendo salarios elevados, pasajes gratis y otros privilegios. Por último, se argumenta que la gestión estatal ha demostrado ser ineficiente y que el sector privado podría operar la aerolínea de manera más eficaz y rentable.

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Sin embargo, la decisión ha encontrado una fuerte resistencia por parte de diversos sectores. Los sindicatos aeronáuticos han iniciado medidas de fuerza en rechazo a los despidos y en defensa de los derechos laborales adquiridos. En el ámbito político, el peronismo y la izquierda se oponen firmemente a la privatización, argumentando que la aerolínea cumple un rol estratégico para la conectividad del país. Además, algunos sectores recuerdan el fracaso de la privatización de Aerolíneas en la década de 1990, cuando la empresa fue adquirida por Iberia, lo que resultó en un deterioro del servicio y problemas financieros.

El anuncio del decreto llega después de un intento fallido del gobierno de obtener un dictamen favorable en la Cámara de Diputados. En un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto, el oficialismo y sus aliados no lograron el consenso necesario para avanzar con el proyecto de ley de privatización. Durante el debate, surgieron diversas posturas: el PRO y La Libertad Avanza apoyan decididamente la privatización, mientras que la UCR muestra divisiones internas sobre el tema. Encuentro Federal y otros bloques moderados expresan cautela, solicitando más información sobre el proceso y las garantías para el servicio.

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El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) advirtió sobre los riesgos de repetir errores del pasado: "No estamos legislando ni sobre la metodología del procedimiento, sino que estamos dándole al Poder Ejecutivo la total libertad para que de aquí en adelante tenga condición de avanzar en un desguace y en una liquidación de activos sin más".

Actualmente, existen dos proyectos principales para la privatización de Aerolíneas Argentinas. El proyecto del PRO propone una reforma integral del sistema aerocomercial, buscando mayor competencia y mejores precios. El diputado Hernán Lombardi argumenta que es necesario "reemplazar por completo el sistema aerocomercial que nos trajo hasta acá y significó un cepo al turismo". Por otro lado, el proyecto de la Coalición Cívica enfatiza la necesidad de abrir el mercado aerocomercial a la competencia. El diputado Juan Manuel López sostiene que "es mentira que se necesita una aerolínea estatal porque no se vuelan a ciertos destinos" y que podrían existir "compañías más pequeñas que vayan a ciudades más chicas".

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La privatización de Aerolíneas Argentinas enfrenta varios desafíos. La resistencia sindical podría dificultar el proceso, ya que los gremios aeronáuticos han demostrado su capacidad de movilización. Además, la complejidad legal del marco regulatorio del sector aéreo y las implicaciones laborales requieren un análisis detallado para evitar conflictos legales futuros. El gobierno también deberá asegurar que la privatización no afecte la conectividad de regiones menos rentables del país. En un contexto económico complejo, será crucial encontrar inversores dispuestos a asumir los riesgos y compromisos que implica operar la aerolínea. Por último, la falta de una mayoría clara en el Congreso podría complicar la aprobación de leyes necesarias para el proceso.

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La privatización de Aerolíneas Argentinas se perfila como uno de los temas más controversiales y definitorios de la gestión de Javier Milei. El gobierno argumenta que es una medida necesaria para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del sector aerocomercial. Sin embargo, los críticos temen por la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la conectividad y la repetición de errores del pasado. El éxito o fracaso de esta iniciativa no solo tendrá un impacto significativo en el futuro de la compañía y sus empleados, sino que también será una prueba crucial para la capacidad del gobierno de implementar sus políticas de reforma económica en un contexto de alta polarización política y social. El debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos y la eficacia de las privatizaciones está lejos de concluir en Argentina, y el caso de Aerolíneas Argentinas promete ser un capítulo central en esta discusión.