La Newsletter de Gustavo Reija - Economista y CEO de NETIA GROUP
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En un movimiento que agudiza la tensión entre el gobierno de Javier Milei y el sector universitario, la Casa Rosada ha tomado la decisión de rescindir o frenar 11 proyectos de mejoras edilicias en universidades públicas de todo el país. Esta medida, que se suma a la ya controvertida discusión sobre el presupuesto universitario, marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el Ejecutivo y las instituciones de educación superior.
Según fuentes del Ministerio de Economía, estas obras "no son priorizadas" por la actual administración. El gobierno argumenta que estos proyectos, iniciados durante la gestión de Alberto Fernández, deberían haberse completado en 2023 y presentaban significativos retrasos. La inversión estatal en estas obras inconclusas ascendía a aproximadamente $1422 millones al momento del cambio de gobierno.
Entre los proyectos cancelados se encuentra el nuevo edificio para la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Salta, con un avance del 35% y una inversión de $131 millones. También se vieron afectadas obras en la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Río Negro, y la Universidad Nacional de José C. Paz, entre otras.
La decisión del gobierno ha generado preocupación en la comunidad universitaria, que ya venía manifestándose a través de tomas y clases públicas en respuesta a lo que consideran un presupuesto insuficiente para 2025. Las autoridades universitarias advierten que estos recortes podrían afectar seriamente el funcionamiento normal de las instituciones.
Por su parte, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, ha anunciado que asumirá la finalización de algunas de estas obras con fondos propios. Gabriel Katopodis, actual responsable de Infraestructura bonaerense y ex funcionario nacional, será el encargado de completar estos proyectos en territorio bonaerense.
Este conflicto se desarrolla en paralelo a la intención del gobierno de Milei de llevar a cabo auditorías en las universidades públicas. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya ha anunciado el inicio de estos procesos, comenzando por las universidades de La Matanza y Lomas de Zamora, con planes de extenderlos a la Universidad de Buenos Aires.
La decisión de cancelar estas obras y la insistencia en las auditorías reflejan la visión del gobierno sobre la gestión de recursos en el sector educativo superior. Mientras el Ejecutivo argumenta la necesidad de eficiencia y transparencia en el gasto público, las universidades y sectores de la oposición ven estas medidas como un ataque a la autonomía universitaria y a la calidad de la educación pública.
Este enfrentamiento entre el gobierno y las universidades plantea interrogantes sobre el futuro de la educación superior en Argentina. La tensión creciente podría tener implicaciones no solo en el ámbito académico sino también en el político, considerando el rol histórico de las universidades en el debate público nacional.
A medida que se acerca la implementación del presupuesto 2025 y avanzan las auditorías, es probable que el conflicto entre el gobierno de Milei y el sector universitario continúe intensificándose. La resolución de esta disputa será crucial no solo para el futuro inmediato de las instituciones educativas, sino también para la relación entre el Estado y la educación pública en Argentina en los próximos años.
