El gobierno de Javier Milei ha anunciado la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la nueva Agencia Nacional de Recaudación (ANR). Esta medida, presentada como un paso hacia la eficiencia y la modernización, conlleva cambios significativos en la estructura, personal y remuneraciones del organismo recaudador.

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Manuel Adorni, vocero del gobierno, declaró triunfalmente: "El Gobierno anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir". Esta afirmación marca el inicio de una transformación profunda en uno de los organismos más cruciales del Estado argentino.

La nueva ANR tendrá una estructura significativamente reducida. Se prevé una disminución del 45% en los cargos de autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores de la estructura actual. En términos coloquiales, fuentes oficiales señalaron que habrá "un 34% menos de ravioles", refiriéndose a los funcionarios de tercer y cuarto orden en la jerarquía del organismo.

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Uno de los aspectos más controvertidos del anuncio es la reubicación y pase a disponibilidad de aproximadamente 3,100 empleados. Según el gobierno, estos agentes ingresaron de manera irregular durante la última administración kirchnerista. Esta medida, aseguran, generará un ahorro presupuestario anual de 6,400 millones de pesos.

Además de los cambios estructurales, se anunciaron modificaciones en la cúpula directiva. Andrés Gerardo Vázquez asumirá la Dirección General Impositiva (DGI), mientras que José Andrés Velis se hará cargo de la Aduana, reemplazando a Gabriel Ramírez y Eduardo Mallea, respectivamente. Florencia Misrahi, por el momento, permanecerá al frente del organismo.

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Un cambio significativo afecta a las remuneraciones de los altos cargos. Los titulares de la AFIP, DGI y DGA dejarán de percibir la controversial "cuenta de jerarquización", que elevaba sus salarios a niveles considerados excesivos por la actual administración. En su lugar, pasarán a cobrar sueldos equiparables a los de ministros y secretarios del gabinete nacional.

El gobierno justifica estas medidas argumentando que la estructura actual de la AFIP ha mostrado limitaciones para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de seguridad social. Se busca establecer sistemas de control y evaluación más precisos y focalizados, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas.

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Esta reestructuración se enmarca en una serie de cambios que el gobierno de Milei viene implementando en el área fiscal. En julio, ya se había iniciado una reorganización que centralizó funciones de fiscalización y eliminó varias estructuras jerárquicas.

La creación de la ANR representa un cambio paradigmático en la administración fiscal argentina. La AFIP, creada en 1996 durante la presidencia de Carlos Menem, había unificado la DGI y la Aduana. Ahora, el desafío será mantener y mejorar la eficiencia recaudatoria en un contexto de estructura reducida.

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Estas medidas, aunque presentadas como necesarias para la modernización y eficiencia del Estado, no están exentas de controversia. Los sindicatos y sectores de la oposición probablemente expresarán preocupaciones sobre los despidos y la posible pérdida de capacidad operativa del organismo.

El éxito o fracaso de esta transformación tendrá implicaciones significativas no solo para la recaudación fiscal, sino también para la relación entre el Estado y los contribuyentes, así como para la capacidad del gobierno de implementar sus políticas económicas. En los próximos meses, será crucial observar cómo estos cambios afectan la eficiencia recaudatoria y la lucha contra la evasión fiscal en Argentina.