La víspera del paro nacional de transporte intensifica el enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos. Manuel Adorni, vocero presidencial, elevó el tono del conflicto al calificar la medida como una acción de "privilegiados que pueden darse el lujo de parar", contrastando con "los argentinos de bien que quieren trabajar".

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La paralización, que inicia esta medianoche, promete afectar severamente la movilidad urbana e interurbana. El impacto se extenderá desde el sistema ferroviario hasta las operaciones portuarias, incluyendo la suspensión total de vuelos de Aerolíneas Argentinas y posibles complicaciones en otras aerolíneas.

Las críticas oficiales apuntan específicamente hacia diversos sectores. El vocero señaló al gremio de aeronavegantes y pilotos liderado por Pablo Biró, cuestionando beneficios como pasajes gratuitos en clase ejecutiva. También mencionó al sindicato de Pablo Moyano, sugiriendo que su adhesión responde principalmente a solidaridad gremial.

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El panorama de servicios afectados resulta extenso. La red ferroviaria quedará completamente paralizada por la adhesión de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. El subterráneo tampoco funcionará, tras la incorporación de los metrodelegados a la protesta. La actividad portuaria se detendrá en terminales clave como Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Rosario.

Una particularidad emerge en el transporte automotor. La UTA decidió desdoblar su medida, programando un paro independiente para el jueves 31. Sin embargo, cinco seccionales provinciales -Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy y Mar del Plata- mantienen incertidumbre sobre su posición.

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La adhesión se extiende hacia sectores estatales estratégicos. ATE paralizará organismos reguladores como ANAC, ORSNA y diversos entes vinculados al transporte. Incluso la recolección de residuos en la Capital Federal se verá interrumpida desde la noche previa hasta las 21 horas del miércoles.

El gobierno asegura haber agotado instancias de diálogo para evitar la medida. Adorni enfatizó que confrontarán cuando "los gremios compliquen la vida a la gente", acusándolos de defender intereses particulares en lugar de representar genuinamente a sus trabajadores.

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La protesta coincide con tensiones en múltiples frentes. El conflicto en AFIP por la eliminación de cargos hereditarios y la resistencia de ATE a evaluaciones de idoneidad ejemplifican disputas más amplias sobre la reforma estatal.

Este paro representa más que una medida sectorial. Refleja un choque entre visiones contrapuestas sobre el rumbo económico y social del país. Mientras el gobierno lo enmarca como resistencia de sectores privilegiados a necesarias transformaciones, los gremios lo presentan como defensa de derechos laborales fundamentales.

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Para millones de ciudadanos, la jornada anticipada significa reorganizar actividades cotidianas. El alcance de las adhesiones y sus consecuencias prácticas pondrán a prueba tanto la capacidad de movilización sindical como la estrategia gubernamental frente al conflicto social.