El gobierno argentino elevó su perfil en el conflicto de Medio Oriente al rechazar frontalmente las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros altos funcionarios por presuntos crímenes de guerra en Gaza
Política21 de noviembre de 2024 13News-Política
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El gobierno argentino elevó su perfil en el conflicto de Medio Oriente al rechazar frontalmente las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros altos funcionarios por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
El presidente Milei reafirmó su alianza estratégica con Israel al cuestionar la decisión judicial internacional, argumentando que "ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá".
La postura argentina se alinea con Estados Unidos y contradice a la CPI, que considera a Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant como responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza desde octubre del año pasado. La corte también ordenó la detención de Mohammed Deif, jefe militar de Hamas, aunque Israel asegura que murió en junio.
La decisión de La Haya, aunque de difícil implementación práctica dado que ni Israel ni EEUU son miembros de la corte, representa un desafío diplomático significativo. Netanyahu y su gobierno han calificado las órdenes como "vergonzosas y antisemitas", mientras que Biden expresó su respaldo al derecho de Israel a la autodefensa.
El comunicado argentino va más allá de un simple rechazo, exigiendo "la liberación inmediata de todos los rehenes" y llamando a la comunidad internacional a "condenar las acciones de Hamas y Hezbolá". Esta posición refuerza el giro en la política exterior argentina bajo Milei, quien ha hecho del apoyo a Israel uno de los pilares de su agenda internacional.
La CPI, que actúa como tribunal de última instancia cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren investigar, enfrenta limitaciones prácticas para hacer cumplir sus órdenes, dependiendo de la cooperación voluntaria de sus estados miembros para ejecutar las detenciones.
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