El Poder Ejecutivo ha tomado una decisión estratégica respecto a la agenda legislativa de diciembre al excluir el Presupuesto 2025 de las sesiones extraordinarias, priorizando en cambio la reforma política y potenciales privatizaciones. Esta determinación surge tras el fracaso en las negociaciones con las provincias por demandas que superan los 3700 millones de pesos.

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La administración actual considera viable gobernar mediante la prórroga presupuestaria, descartando ceder ante los reclamos provinciales que incluyen diversos conceptos financieros. Entre estas demandas destacan el déficit de cajas jubilatorias por 322.000 millones de pesos, compensaciones pendientes del consenso fiscal 2017 por 1000 millones, y la coparticipación del Impuesto a Combustibles Líquidos, que asciende a 1700 millones.

Adicionalmente, las provincias solicitan compensaciones por la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que representa 221.000 millones, y reclaman Aportes del Tesoro Nacional no distribuidos por 293.000 millones. Ante esta situación, el gobierno ha optado por canalizar las negociaciones sobre deudas mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones, establecido por decreto 969/24, designando al ministro Luis Caputo como interlocutor principal con los gobernadores.

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La agenda legislativa de diciembre se centrará en tres ejes fundamentales: la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, modificaciones en la composición de partidos políticos según la Ley 23.298, y cambios en el financiamiento político establecido por Ley 26.215. Como estrategia para conseguir respaldo legislativo, el ejecutivo contempla incorporar el proyecto de Ficha Limpia, buscando el apoyo del PRO, UCR y Coalición Cívica.

Paralelamente, el gobierno impulsa la privatización de Aerolíneas Argentinas, aunque reconoce no contar actualmente con los votos necesarios para su aprobación. Esta iniciativa se suma a la reforma política como prioridades legislativas para el último mes del año.

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Otro tema crucial en la agenda gubernamental concierne a los nombramientos judiciales. La administración mantiene especial atención sobre los pliegos del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla, que aguardan dictamen del Senado. Ante la posibilidad de que la Corte Suprema quede reducida a tres miembros desde el 30 de diciembre, el ejecutivo contempla realizar nombramientos por decreto si no se alcanza consenso legislativo.

Esta reconfiguración de prioridades legislativas refleja un giro estratégico en la gestión gubernamental, que opta por avanzar con reformas estructurales mientras posterga la discusión presupuestaria. La decisión evidencia una apuesta por transformaciones institucionales sobre negociaciones financieras con las provincias, marcando un nuevo rumbo en las relaciones entre el poder central y los gobiernos provinciales.

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El enfoque adoptado sugiere una disposición a gobernar bajo esquemas presupuestarios prorrogados, priorizando reformas consideradas estratégicas por encima de acuerdos fiscales con las provincias. Esta postura podría generar nuevas tensiones en el diálogo federal, especialmente considerando las significativas demandas financieras pendientes de resolución.