Argentina inicia un proceso de transformación estratégica con la licitación internacional para el dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay por tres décadas, estableciendo restricciones que modifican el equilibrio de poderes en la región. La decisión de excluir empresas estatales extranjeras marca un punto de inflexión en la gestión de esta vital arteria comercial.

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La medida, cristalizada en el artículo 16° de la resolución licitatoria, impacta directamente sobre la participación de Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company. Esta exclusión refleja preocupaciones más amplias sobre la influencia de empresas estatales extranjeras en infraestructuras críticas nacionales.

El contexto histórico de CCCC añade complejidad al escenario. La empresa china, conocida por construir islas artificiales en el Mar Meridional de China con fines militares y económicos, ha generado controversias internacionales por su papel en la expansión geopolítica de Beijing y los impactos ambientales de sus proyectos.

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La nueva licitación surge tras experiencias previas de gestión mixta. Desde 2021, la Administración General de Puertos coordinó operaciones con siete provincias y ocho ministerios, subcontratando servicios a Jan de Nul y Emepa. Un intento anterior de licitación en 2022 fracasó tras impugnaciones de competidores como Rodhe Nielsen y CCCC Shanghai Dredging.

Empresas europeas emergen como principales candidatas para la concesión. Compañías como Jan de Nul, Boskallis y DEME Group, con experiencia probada en proyectos internacionales, lideran la competencia por el control de esta vía estratégica que maneja el 80% del comercio exterior argentino.

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El proyecto contempla una modernización integral incluyendo bases con radares, seguimiento satelital y profundización del canal a 39 pies. Estas mejoras buscan optimizar la competitividad logística argentina frente a países vecinos y fortalecer el control sobre actividades ilícitas.

La decisión genera tensiones en la relación bilateral con China, especialmente considerando la dependencia argentina del swap por 5.000 millones de dólares. El gobierno de Milei mantiene un equilibrio delicado entre su alineamiento con occidente y la necesidad pragmática de mantener vínculos con Beijing, que busca expandir su influencia mediante inversiones en sectores estratégicos como minería e infraestructura.

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La Hidrovía, que se extiende por más de 3.400 kilómetros conectando cinco países sudamericanos, representa un activo crucial para la integración regional y el comercio internacional. Su privatización marca un cambio significativo respecto al modelo de gestión estatal implementado tras el vencimiento de la concesión anterior.

Este proceso licitatorio retoma la visión privatizadora propuesta durante el gobierno de Mauricio Macri, que no llegó a concretarse por el cambio de administración. La nueva convocatoria busca garantizar inversiones sostenidas y eficiencia operativa en esta vía navegable estratégica.

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La exclusión de empresas estatales extranjeras representa una decisión con profundas implicaciones geopolíticas, económicas y comerciales, configurando un nuevo escenario en la gestión de infraestructuras críticas en América Latina. El resultado de esta licitación definirá no solo el futuro de la logística regional sino también el balance de poder en el comercio sudamericano.