Un consorcio histórico de las principales compañías petroleras que operan en Argentina ha puesto en marcha una iniciativa transformadora para el sector energético nacional. El proyecto Vaca Muerta Sur (Vmos), que demandará una inversión de 3.000 millones de dólares, marcará un antes y después en la capacidad exportadora de hidrocarburos del país.

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La firma del acuerdo se concretó en la emblemática Torre YPF de Puerto Madero, donde los máximos ejecutivos de siete petroleras líderes se reunieron para dar inicio inmediato a esta obra estratégica. La alianza, encabezada por YPF, incluye a Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell, representando una colaboración sin precedentes en el sector energético argentino.

Este megaproyecto, que ya ha sido incorporado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contempla la construcción de infraestructura crítica para potenciar las exportaciones de petróleo no convencional. El plan incluye un oleoducto de 437 kilómetros, una moderna terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas, y una extensa playa de tanques de almacenamiento en Punta Colorada, Río Negro.

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La infraestructura proyectada permitirá transportar inicialmente 550.000 barriles diarios, con posibilidad de expansión a 700.000 barriles para 2028. Las principales accionistas del consorcio -YPF, PAE, Vista Energy y Pampa Energía- han asegurado un compromiso de capacidad de aproximadamente 275.000 barriles diarios, mientras que Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina tienen opciones para sumar 230.000 barriles adicionales.

El financiamiento de la obra seguirá un esquema innovador: 30% será aportado directamente por las empresas socias, mientras que el 70% restante se buscará en los mercados financieros locales e internacionales durante 2025. Esta estructura representa un hito para el sector privado argentino, marcando el retorno al mercado de préstamos sindicados.

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Según proyecciones de la consultora PwC, el desarrollo integral de Vaca Muerta podría generar un superávit energético de 30.000 millones de dólares para 2030, equiparando los ingresos que genera el sector agrícola. Este proyecto, junto con la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y la expansión de OldelVal, resultan fundamentales para superar las actuales limitaciones en la capacidad de transporte.

La materialización de esta infraestructura se presenta como un elemento clave para alcanzar exportaciones anuales por 15.000 millones de dólares en el corto plazo, con potencial de superar los 20.000 millones considerando las expansiones previstas. Este salto cualitativo en la capacidad exportadora podría aliviar significativamente la histórica restricción de divisas que ha enfrentado la economía argentina.

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El cronograma establecido prevé que las instalaciones estén operativas para el último trimestre de 2026, marcando un punto de inflexión en la historia energética del país. La iniciativa no solo promete transformar la matriz productiva nacional, sino que también posiciona a Argentina como un actor relevante en el mercado energético global.

Este acuerdo representa la consolidación de una visión estratégica compartida por el sector público y privado, demostrando que la colaboración entre grandes actores puede generar proyectos transformadores para la economía nacional. La magnitud de la inversión y el alcance del proyecto sugieren un compromiso a largo plazo con el desarrollo de los recursos no convencionales argentinos.