El Congreso argentino enfrenta uno de sus mayores desafíos legislativos para 2025: establecer un marco regulatorio coherente para la Inteligencia Artificial, una tecnología que ya permea todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las aulas hasta los tribunales. Las diferentes bancadas parlamentarias han comenzado a delinear sus propuestas, revelando un escenario donde convergen dos corrientes principales de pensamiento sobre cómo abordar esta regulación.

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La Comisión de Ciencia y Tecnología se ha convertido en el epicentro de estas discusiones, donde especialistas del sector advierten sobre la necesidad de proceder con cautela ante el vertiginoso avance tecnológico. La legisladora Mónica Litza, de Unión por la Patria, impulsa la creación de un Registro Nacional de Sistemas de IA, una iniciativa que busca catalogar y evaluar los riesgos potenciales de estas tecnologías. 

En el otro extremo del espectro legislativo, Silvana Giudici del PRO propone un enfoque más flexible, argumentando que los intentos previos de regular la innovación tecnológica en Argentina han demostrado ser contraproducentes. Esta postura encuentra respaldo en expertos como Lucas Barreiro, especialista en protección de datos, quien sostiene que el actual Código Civil y Comercial ya proporciona herramientas suficientes para abordar las responsabilidades derivadas del uso de la IA.

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La creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad ha generado controversia, especialmente por sus capacidades de vigilancia y análisis predictivo. La bancada peronista ha expresado preocupación por la falta de transparencia en su implementación, mientras que expertos advierten sobre los riesgos de discriminación algorítmica en la prevención del delito.

El fenómeno de los "deepfakes" emerge como una preocupación central, impulsando iniciativas legislativas específicas. La diputada Giudici ha presentado un proyecto para sancionar delitos cometidos mediante esta tecnología, una propuesta que encuentra eco en diferentes bloques parlamentarios. El consenso general apunta hacia penalizar el uso malicioso de la tecnología, en lugar de restringir las herramientas en sí mismas.

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En el ámbito educativo, la propuesta del diputado Dante López Rodríguez para establecer Laboratorios de Informática e IA en escuelas busca preparar a las nuevas generaciones para un futuro tecnológico. Esta iniciativa se complementa con el proyecto de Silvana Giudici para convertir a Argentina en un hub de desarrollo de IA, aprovechando el potencial del país que ya cuenta con cinco unicornios tecnológicos.

La cuestión de los derechos de autor en obras generadas por IA emerge como otro punto crítico del debate. Los legisladores enfrentan el desafío de determinar la autoría y los derechos sobre creaciones algorítmicas, un tema que promete dominar la agenda parlamentaria del próximo año.

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El panorama legislativo revela una tensión fundamental entre la necesidad de regular y el imperativo de no obstaculizar la innovación. Mientras algunas voces abogan por crear marcos normativos completamente nuevos, otros sugieren adaptar la legislación existente. A pesar de estas diferencias, existe un consenso sobre la urgencia de establecer reglas claras que protejan a los ciudadanos sin frenar el desarrollo tecnológico.

La fuga de talentos emerge como una preocupación subyacente en estas discusiones. Los expertos advierten que sin un marco regulatorio adecuado y condiciones competitivas, Argentina podría perder su capacidad de retener profesionales calificados en el sector tecnológico.