La administración Milei decidió extender la vigencia del Presupuesto 2023 para el ejercicio fiscal 2025, evidenciando las dificultades del gobierno para alcanzar consensos legislativos en materia económica. La decisión, formalizada mediante el decreto 1131/2024, marca un revés significativo para el Ejecutivo que inicialmente había presentado una ambiciosa propuesta presupuestaria ante el Congreso.

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El ministro de Economía Luis Caputo, quien había proyectado una inflación del 18,5% para finales del próximo año y un crecimiento del PIB del 5%, encontró una firme resistencia de los gobernadores provinciales. Las jurisdicciones subnacionales demandaban una serie de compensaciones financieras, incluyendo fondos por el pacto fiscal de 2017, coparticipación de Aportes del Tesoro no distribuidos y financiamiento para las cajas previsionales no transferidas.

La continuidad del presupuesto anterior implica que el ejercicio 2025 comenzará con proyecciones de gastos por 96 billones de pesos e ingresos estimados en 89,9 billones, cifras que requerirán actualizaciones por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, según establece la normativa vigente. El gobierno argumenta que el avanzado estado del ejercicio 2024 imposibilita realizar ajustes inmediatos con la precisión necesaria.

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La propuesta original del Ejecutivo contemplaba un panorama económico optimista para los próximos años, con proyecciones de crecimiento sostenido hasta 2027. El plan preveía una expansión significativa en sectores clave como la industria y el comercio, con aumentos proyectados del 6,2% y 6,7% respectivamente, mientras que el sector agropecuario mostraría un avance más modesto del 3,5%.

En el frente externo, las estimaciones oficiales anticipaban un superávit comercial de 20.748 millones de dólares, resultado de exportaciones por 104.030 millones e importaciones por 83.282 millones. Esta perspectiva favorable se complementaba con previsiones de recuperación en el consumo privado y la inversión, componentes fundamentales para la reactivación económica.

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Sin embargo, las divergencias con las provincias sobre el financiamiento y la distribución de recursos provocaron un estancamiento en las negociaciones legislativas. Los gobernadores aliados manifestaron su desacuerdo con diversos aspectos de la propuesta, incluyendo la subjecución de fondos específicos y las asignaciones para las cajas previsionales provinciales.

El ministro Caputo ha defendido la posición del gobierno, argumentando que el equilibrio fiscal es innegociable. Destacó que la Nación ya realiza un esfuerzo significativo al prescindir del impuesto PAÍS, equivalente al 1,5% del PIB, y señaló que comprometer la estabilidad fiscal no es una opción viable, incluso a costa de no contar con un nuevo presupuesto.

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La decisión de prorrogar el presupuesto anterior representa el segundo episodio de extensión presupuestaria bajo la administración Milei, evidenciando las complejidades inherentes a la construcción de consensos en materia fiscal. Aunque el gobierno ha logrado acuerdos significativos en otras áreas legislativas durante el año, la cuestión presupuestaria ha demostrado ser particularmente desafiante.

La ausencia de un nuevo marco presupuestario podría generar desafíos adicionales para la gestión económica en 2025, aunque el decreto de prórroga establece mecanismos para realizar las adecuaciones necesarias. El gobierno mantiene su compromiso con el ajuste fiscal y la reorganización del gasto público, aun cuando esto implique navegar sin un presupuesto específicamente diseñado para el próximo ejercicio.