Un decreto ejecutivo establece una drástica disminución del 80% en las remuneraciones de los altos funcionarios del organismo recaudador, junto con una significativa reestructuración administrativa que promete generar ahorros superiores a los $121.000 millones durante el presente año
Economía07/01/2025 13News-Economía
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La administración del presidente Javier Milei profundiza su política de reducción del gasto público con una intervención directa en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Un decreto ejecutivo establece una drástica disminución del 80% en las remuneraciones de los altos funcionarios del organismo recaudador, junto con una significativa reestructuración administrativa que promete generar ahorros superiores a los $121.000 millones durante el presente año.
La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, establece que el Director Ejecutivo de ARCA percibirá una remuneración equiparable a la de un ministro nacional, mientras que los titulares de las direcciones generales Impositiva y de Aduanas tendrán salarios equivalentes a los de secretarios de Estado. Esta disposición marca un punto de inflexión en la política salarial del sector público.
La reorganización del organismo recaudador incluye una reducción en la cuenta de jerarquización, que pasará del 0,65% al 0,60% del presupuesto total. Además, se instruye a las autoridades a implementar una considerable disminución en la estructura organizacional inferior, que deberá aproximarse al 45% de su configuración actual.
Esta transformación se enmarca en una serie de cambios que comenzaron con la disolución de la antigua AFIP en octubre del año pasado y continuaron con el reemplazo de Florencia Misrahi por Juan Pazo en la dirección del organismo. La salida de Misrahi estuvo vinculada a controversias sobre la implementación de un régimen impositivo para influencers y creadores de contenido digital, incluyendo servicios de streaming y canjes publicitarios.
La nueva gestión de Pazo ya había iniciado un proceso de reducción de personal, que ahora se intensificará siguiendo los lineamientos del reciente decreto presidencial. Esta decisión refleja la determinación del gobierno de Milei de materializar su promesa de campaña de reducir significativamente el tamaño del Estado y sus costos operativos.
El impacto presupuestario de estas medidas se proyecta como sustancial, especialmente considerando que los recortes afectan a una de las agencias gubernamentales más importantes en términos de recaudación fiscal. La reducción del 80% en los salarios directivos representa un mensaje contundente sobre la política de austeridad que caracteriza a la actual administración.
La transformación de ARCA no solo implica cambios en su estructura salarial y organizacional, sino que también señala un giro en la concepción del rol del organismo recaudador. Esta reestructuración busca optimizar su funcionamiento mientras se alinea con los objetivos de eficiencia y reducción del gasto público promovidos por el gobierno nacional.
La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político y económico, donde se debate el equilibrio entre la necesidad de reducir el gasto público y mantener la eficiencia operativa de un organismo crucial para las finanzas del Estado. Los próximos meses serán determinantes para evaluar el impacto real de estas modificaciones en la capacidad recaudatoria y el funcionamiento general de la agencia.
El decreto también establece un precedente para futuras intervenciones en otros organismos estatales, sugiriendo que la política de reducción del gasto público podría extenderse a otras áreas de la administración nacional. La implementación de estas medidas será monitoreada de cerca por diversos sectores, considerando su potencial impacto en la eficiencia recaudatoria y la gestión administrativa del Estado.
Esta reforma en ARCA representa uno de los ajustes más significativos en la estructura del Estado desde el inicio de la gestión Milei, reflejando la determinación del gobierno de avanzar con su agenda de transformación del sector público, aun cuando esto implique decisiones que pueden generar resistencias en diversos sectores de la administración pública.
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