La confrontación entre el gobierno nacional y las provincias agrícolas se intensifica mientras los mandatarios provinciales respaldan el reclamo del sector agropecuario para eliminar las retenciones a las exportaciones. Este conflicto emergente evidencia las primeras fisuras significativas en la relación entre el campo y la administración de Javier Milei.

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Los gobernadores Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Martín Llaryora de Córdoba han manifestado su respaldo explícito a las demandas del sector agrario, cuestionando el actual esquema tributario que, según argumentan, perjudica al interior productivo en beneficio del conurbano bonaerense. Esta postura marca un punto de inflexión en la relación entre las provincias productivas y el gobierno central.

La situación se torna especialmente delicada considerando que el sector agropecuario había mostrado un apoyo inicial significativo a la gestión libertaria. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas, combinadas con la presión impositiva, han generado un clima de creciente malestar entre los productores rurales.

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Pullaro, en declaraciones que resonaron en todo el arco político, cuestionó el destino de los recursos generados por su provincia. Según sus cálculos, Santa Fe aporta anualmente entre cuatro y cinco mil millones de dólares en concepto de retenciones, fondos que, sostiene, podrían tener un impacto más significativo si permanecieran en la región para reinversión y desarrollo local.

Por su parte, Llaryora ha advertido sobre el riesgo de una crisis profunda en el interior productivo si no se implementan cambios en la política tributaria. El mandatario cordobés enfatizó la necesidad de liberar la capacidad productiva del campo, señalando que la provincia ha aportado miles de millones de dólares desde la implementación de las retenciones.

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La Mesa de Enlace cordobesa ha sido particularmente crítica con la postura del gobierno nacional. En un comunicado reciente, la entidad rechazó la idea de condicionar la revisión del esquema de retenciones a otros logros macroeconómicos, argumentando que el sector agropecuario es fundamental para el crecimiento sostenible del país.

Este conflicto se desarrolla en el marco de la Región Centro, una alianza interprovincial que incluye a Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, ya había celebrado anteriormente algunas medidas de alivio fiscal para ciertos sectores productivos, como la eliminación de derechos de exportación para productos cárnicos específicos.

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La tensión actual refleja un debate más amplio sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos entre el interior productivo y las zonas metropolitanas. Los gobernadores argumentan que el actual sistema impositivo obstaculiza el desarrollo regional y la reinversión en sectores productivos clave.

El timing de esta controversia resulta especialmente relevante considerando el calendario electoral que se avecina, con Santa Fe programando sus elecciones primarias para abril. Este contexto político añade una dimensión adicional a la disputa, mientras las provincias buscan fortalecer su posición negociadora frente al gobierno nacional.

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La resolución de este conflicto podría definir no solo el futuro del sector agropecuario sino también la dinámica de las relaciones entre el gobierno nacional y las provincias productivas, en un momento crucial para la implementación del programa económico libertario.