La administración de Javier Milei prepara la inminente publicación de un decreto que solicitará autorización al Congreso para concretar un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional, en una jugada estratégica que busca sortear potenciales obstáculos legislativos. El oficialismo dispondrá en las próximas horas el texto definitivo del Decreto de Necesidad y Urgencia, según confirmaron fuentes gubernamentales a diversos medios de comunicación.

El mecanismo elegido por Casa Rosada responde a una doble estrategia: cumplir con la normativa vigente que exige aprobación parlamentaria para acuerdos internacionales de esta naturaleza, mientras evita dilaciones en una negociación considerada fundamental para el programa económico. Esta iniciativa refleja la urgencia del equipo económico por cerrar un entendimiento con el organismo multilateral en un contexto donde las reservas internacionales y el financiamiento externo resultan críticos.

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Una vez oficializado en el Boletín Oficial, el decreto iniciará un recorrido legislativo establecido por la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los DNU. El primer paso contempla su envío a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dentro de un plazo máximo de diez días hábiles. Este órgano parlamentario, presidido actualmente por el senador riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), dispone de un período similar para emitir dictamen, requiriendo el respaldo de nueve de sus dieciocho integrantes.

El texto incluiría una extensa fundamentación con severas críticas a la denominada "Ley Guzmán", normativa que estableció como requisito la aprobación legislativa para acuerdos con el FMI. Fuentes del Ejecutivo han calificado esta legislación como "un acto de cobardía de un mal ministro, en un momento de debilidad de un mal presidente como Alberto Fernández", argumentando que históricamente los acuerdos con el organismo internacional fueron responsabilidad exclusiva de los gobiernos.

Estos funcionarios destacan que la constitución del propio FMI reconoce a los poderes ejecutivos como facultados para suscribir convenios, y consideran que la ley promovida por el exministro Martín Guzmán buscaba "sacarse la responsabilidad de encima". La argumentación central del decreto sostendría que posee efectos y validez equivalentes a una ley hasta tanto no sea rechazado por ambas cámaras del Congreso.

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La estrategia gubernamental apunta a obtener rápidamente un dictamen favorable en la Comisión Bicameral para trasladar inmediatamente el debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo percibe un equilibrio de fuerzas más favorable que en el Senado. Altos funcionarios confían en reunir las nueve firmas necesarias para el dictamen y posteriormente los 129 votos requeridos para su aprobación en el recinto de la cámara baja.

Esta maniobra responde a un cálculo político detallado: según la normativa actual, con la aprobación de una sola cámara legislativa el decreto queda convalidado, ya que la ley impulsada por Cristina Kirchner en 2006 estableció que solo se anula un DNU con el rechazo conjunto de Diputados y Senado. El oficialismo subraya que la mayoría de los decretos firmados por administraciones anteriores nunca llegaron a ser tratados en los recintos parlamentarios, manteniendo sin embargo plena vigencia.

La urgencia del Ejecutivo se entiende al analizar la composición del Senado, donde La Libertad Avanza cuenta apenas con seis legisladores propios y depende de alianzas circunstanciales. La cámara alta presenta un escenario adverso para los intereses oficialistas, con un bloque kirchnerista que controla 34 bancas y nuevos opositores como el senador Francisco Paoltroni, quien inicialmente integraba las filas libertarias pero ahora vota frecuentemente alineado con la oposición. A estos se suman legisladores radicales críticos, configurando una potencial mayoría de 37 senadores sobre un total de 72.

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La decisión de proceder mediante este mecanismo fue consensuada en una reunión reciente en Casa Rosada, que congregó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe Lisandro Catalán; Eduardo "Lule" Menem y Santiago Caputo, asesor presidencial con creciente influencia en las decisiones gubernamentales.

Los participantes de este encuentro manifestaron su convicción de obtener las firmas necesarias para el dictamen y reunir más de 129 votos para su aprobación en Diputados. "Si logramos sacarlo rápido, va a ser una señal muy potente para los mercados. El FMI no va a poner reparos, se puede acelerar el acuerdo y podemos bajar 200 puntos básicos el riesgo país", expresaron fuentes gubernamentales, evidenciando las expectativas depositadas en esta iniciativa.

La composición actual de la Comisión Bicameral de los DNU refleja un delicado equilibrio político. Además de Pagotto en la presidencia, integran el cuerpo el diputado Hernán Lombardi (PRO) como vicepresidente y el senador radical Víctor Zimmermann (alineado con el Gobierno) como secretario. Entre los vocales se encuentran los senadores oficialistas Luis Juez y Camau Espínola, junto a opositores como Francisco Paoltroni, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González (Unión por la Patria).

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Completan el organismo los diputados kirchneristas Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez; los oficialistas Lisandro Almirón, Francisco Monti y Oscar Zago; y el legislador crítico Nicolás Massot. Esta distribución torna incierto el resultado de la votación, aunque el oficialismo confía en obtener respaldos adicionales entre sectores moderados de la oposición.

El Gobierno observa con optimismo la disposición de algunas fuerzas políticas tradicionalmente opositoras para apoyar iniciativas vinculadas al FMI. Funcionarios libertarios señalan que en recientes sesiones extraordinarias, proyectos como la suspensión de las PASO reunieron más de 160 votos, incluyendo respaldos del sector massista. "No creemos que Massa vaya a mandar a sus diputados a boicotear un acuerdo con el FMI", expresaron irónicamente fuentes oficiales.

Esta maniobra legislativa ocurre mientras el Ejecutivo asegura encontrarse en la recta final de las negociaciones con el organismo multilateral, habiendo acordado presuntamente el monto y las primeras medidas del nuevo programa financiero. Sin embargo, los plazos apremian y la administración libertaria necesita materializar este entendimiento para fortalecer la confianza de los mercados internacionales.

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El caso constituye un precedente interesante sobre la interpretación de las facultades constitucionales en materia de acuerdos internacionales y la delimitación de competencias entre los poderes del Estado. Mientras el Gobierno argumenta la validez del procedimiento elegido, sectores de la oposición podrían cuestionar la constitucionalidad de esta vía para aprobar compromisos financieros de largo alcance.

El desenlace de esta iniciativa será determinante no solo para la consolidación del programa económico oficial, sino también para establecer pautas sobre la dinámica institucional y el equilibrio de poderes en un contexto político marcado por profundas transformaciones en la estructura gubernamental argentina.