La oposición en el Senado está preparando una ofensiva legislativa para rechazar formalmente los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, los dos candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia y que fueron designados mediante decreto presidencial en comisión, una decisión que generó profunda controversia institucional y constitucional.

El bloque de Unión por la Patria, principal espacio opositor, considera que García-Mansilla violó la Constitución Nacional al aceptar asumir por decreto y jurar como integrante del máximo tribunal judicial sin contar con el acuerdo del Senado, requisito establecido por la Carta Magna. Similar postura mantienen respecto a Lijo, aunque este finalmente no pudo tomar posesión del cargo porque la Corte Suprema rechazó su solicitud de licencia como juez federal.

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La iniciativa para convocar una sesión especial que trate específicamente ambos pliegos está ganando apoyo multipartidario. Al bloque peronista se sumarían legisladores de la Unión Cívica Radical y el senador formoseño Francisco Paoltroni, quien abandonó recientemente el espacio oficialista La Libertad Avanza y se ha convertido en uno de los más férreos opositores a la candidatura de Lijo.

Esta articulación opositora cobró renovado impulso tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar el pedido de licencia presentado por Ariel Lijo al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, con sede en Comodoro Py. La resolución, aprobada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla, bloqueó la posibilidad de que Lijo asumiera como juez del máximo tribunal sin abandonar previamente su cargo en la justicia federal.

El magistrado Ricardo Lorenzetti fue el único que sostuvo una postura diferente, proponiendo avanzar con el nombramiento. Según establece el reglamento interno de la Corte, las cuestiones de superintendencia se resuelven por mayoría simple, lo que requiere al menos tres votos afirmativos.

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El senador radical Pablo Blanco expresó su satisfacción por esta determinación de la Corte, calificándola como "correcta" y manifestando que aún queda "alguna llamita de institucionalidad en este país". Blanco anticipó que votará por el rechazo de ambas candidaturas cuando los pliegos sean discutidos en el recinto, aunque reconoció que el pedido de sesión especial que planeaba convocar permanece en suspenso hasta conseguir las mayorías necesarias.

Para la tramitación de los pliegos en la Comisión de Acuerdos del Senado se requiere un mínimo de nueve firmas que respalden el dictamen. En el caso de Lijo, ese número ya fue alcanzado con el apoyo de legisladores del oficialismo, la UCR, Unión por la Patria y representantes de fuerzas provinciales. Sin embargo, el PRO se ha manifestado desde el principio en contra de su llegada al máximo tribunal.

El pliego de García-Mansilla ha reunido hasta el momento ocho firmas, quedando a solo una de completar el requisito para avanzar hacia el recinto. Este número se compone de un dictamen de Unión por la Patria con seis respaldos, y un dictamen de rechazo suscrito por el radical Martín Lousteau y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri. La firma faltante podría provenir de los senadores radicales Maximiliano Abad o Carolina Losada.

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Si se consigue esa firma adicional durante la semana, se habilitaría el tratamiento inmediato del pliego, siempre que se convoque formalmente a sesionar. Mientras tanto, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, intenta impedir que más senadores de su espacio respalden la candidatura de García-Mansilla. Vischi, quien responde políticamente al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, mantiene una línea de diálogo con la Casa Rosada, lo que ha generado tensiones internas en la bancada radical.

Para rechazar definitivamente estos nombramientos se necesitan al menos 25 votos negativos en el recinto, ya que la Constitución establece que para aprobar designaciones a la Corte Suprema se requieren dos tercios de los votos de los senadores presentes. Esto significa que, con la totalidad de los 72 legisladores en el recinto, serían necesarios 48 votos afirmativos para confirmar los nombramientos.

Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Acuerdos, ha defendido el rol institucional del Senado en este proceso. "El lugar natural que da certeza y marco jurídico, que da respaldo constitucional a los jueces de la Corte Suprema, es el ámbito del Senado", afirmó, comprometiéndose a continuar trabajando para que los pliegos enviados por el Ejecutivo sean tratados por la cámara alta.

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La controversia sobre estos nombramientos tiene un antecedente directo en noviembre del año pasado, cuando durante la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Senado, el líder del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, le entregó formalmente una nota sobre la situación del Poder Judicial. En esa oportunidad, Mayans cuestionó públicamente la posibilidad de designaciones por decreto: "Una persona que es nombrada por decreto, ¿qué garantía tiene de estabilidad, de independencia?", argumentó entonces.

El rechazo que ahora impulsa la oposición no solo responde a cuestionamientos sobre los perfiles de los candidatos, sino que representa una defensa de las prerrogativas institucionales del Senado y del procedimiento constitucional establecido para la designación de jueces del máximo tribunal.

La situación se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde el gobierno de Javier Milei ha recurrido a diversos mecanismos para implementar su agenda política frente a un Congreso donde no cuenta con mayorías propias. La designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, una medida inusual en la historia institucional argentina reciente, forma parte de esta estrategia que ha generado resistencias tanto en el ámbito político como en el judicial.

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Mientras tanto, Lijo ha advertido que no renunciará a su cargo actual y apuesta a que finalmente el Senado apruebe su pliego, lo que legitimaría su designación y le permitiría asumir formalmente como miembro de la Corte Suprema. García-Mansilla, por su parte, ya ha jurado y ejerce funciones en el máximo tribunal, a pesar de las críticas y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de su nombramiento.

El desenlace de esta controversia podría establecer un precedente significativo sobre los límites del poder presidencial y el equilibrio institucional entre los tres poderes del Estado, en un momento político caracterizado por profundas transformaciones en la estructura gubernamental argentina.