La administración de Javier Milei ha puesto en marcha la fase decisiva para concretar un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional, que representaría el vigésimo tercer acuerdo en siete décadas de relación entre Argentina y el organismo multilateral. Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno autorizó formalmente las negociaciones que ya llevan aproximadamente cuatro meses y que, aunque tienen definido un marco general, aún presentan importantes aspectos pendientes de resolución.

El equipo económico argentino trabaja contrarreloj para finalizar los aspectos técnicos y asegurar que el Congreso Nacional no bloquee el decreto presidencial. Si estas condiciones se cumplen, las autoridades esperan tener aprobado un nuevo Servicio Ampliado del Fondo (Extended Fund Facility o EFF) antes de que concluya abril.

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Los primeros indicios sugieren que el acuerdo incluiría una reestructuración del cronograma de pagos de capital y un componente de financiamiento adicional, aunque su monto exacto permanece indefinido. Este nuevo aporte tendría como destino principal una operación financiera para cancelar deuda interna y fortalecer las reservas del Banco Central. Analistas del mercado financiero ya manejan estimaciones que sitúan el programa entre 20.000 y 25.000 millones de dólares.

El decreto presidencial establece algunos elementos estructurales del futuro acuerdo, como la existencia de desembolsos en moneda extranjera y la postergación de pagos programados para los próximos ejercicios fiscales. Un aspecto destacado es la inclusión de un período de gracia de cuatro años y medio, lo que permitiría al país un respiro en sus obligaciones financieras inmediatas.

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Aunque el DNU no especifica el volumen del financiamiento adicional, sí precisa que los recursos se destinarán a recomprar Letras Intransferibles emitidas por el Ministerio de Economía que actualmente están en poder del Banco Central. El texto oficial menciona que se buscará cancelar "una parte sustancial" de estos títulos, lo que indica que los nuevos fondos probablemente no alcanzarán para cubrir la totalidad de los 23.000 millones de dólares registrados en el balance del BCRA.

Estimaciones preliminares del sector financiero indican que solo para cancelar la primera Letra Intransferible con vencimiento programado para el 1 de junio, por un valor nominal de 10.000 millones de dólares, el gobierno necesitaría aproximadamente 3.000 millones en financiamiento adicional del FMI. Esta diferencia entre valores se explica por los distintos criterios de contabilización: mientras el Ministerio de Economía registra estos instrumentos por su valor nominal completo, el Banco Central los contabiliza a aproximadamente un 30% de ese valor, reflejando una valoración más realista de esta deuda intragubernamental.

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El calendario incluye vencimientos menores de Letras Intransferibles en 2026 y 2027, con montos que vuelven a superar los 10.000 millones de dólares recién en 2029. Entre 2031 y 2033, los vencimientos alcanzan aproximadamente 12.000 millones anuales. Dado que el monto total de fondos frescos aún no ha sido confirmado oficialmente, resulta prematuro determinar qué proporción de estos compromisos podrá ser cancelada con los recursos provenientes del organismo internacional.

Respecto al costo financiero del acuerdo, aunque el decreto no lo especifica, estimaciones privadas han calculado la tasa de interés que Argentina deberá abonar. Para programas de elevado monto como los que el país mantiene desde 2018, la tasa se compone de diferentes factores relacionados con la duración del acuerdo y el excedente sobre la cuota que corresponde al país por su participación como miembro del organismo. Según análisis de Romano Group, la tasa de interés del nuevo acuerdo se ubicaría en aproximadamente 6,47% anual, considerando las modificaciones realizadas por el directorio del FMI en octubre del año pasado.

Con estos limitados detalles oficiales sobre el futuro acuerdo, proliferan en el mercado financiero diversas interpretaciones sobre su contenido definitivo, sus implicancias para la estrategia económica del gobierno y un aspecto particularmente controvertido: la validez jurídica de su aprobación mediante decreto.

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El reconocido economista Ricardo Arriazu, quien generalmente ha mostrado respaldo al programa económico oficial, expresó preocupación ante la posibilidad de que el acuerdo incluya modificaciones al esquema cambiario actual. "El único problema que veo es que el Fondo se equivocó rotundamente. No comprende una economía bimonetaria, como la mayoría de los argentinos, y consecuentemente quiere que Argentina adopte un régimen de flotación", señaló durante una presentación en el Jockey Club.

"Calculo que el acuerdo está prácticamente finalizado en un 99%. Mi inquietud actual es que, evidentemente, Argentina no devaluará, pero tanto al Presidente como al Fondo les atrae la idea de flotación. Temo que intentarán implementar un esquema de flotación con bandas similar al de 2018, lo que generará inconvenientes", advirtió Arriazu.

Por su parte, Adrián Rozanski, director de la consultora 1816, consideró que "el desafío fundamental será encontrar un punto intermedio entre un FMI que no respalda tipos de cambio múltiples ni restricciones cambiarias y un gobierno decidido a mantener su esquema actual".

"No anticipamos una devaluación significativa desde el primer día, pero sí alguna modificación en la política cambiaria. Una alternativa sería eliminar el mecanismo de dólar blend, otra podría ser acordar un esquema más restringido de intervención en el mercado financiero, lo que implicaría mantener la capacidad de intervenir pero no discrecionalmente, sino dentro de parámetros predefinidos", explicó Rozanski durante una conferencia con inversores organizada por Petrini Valores.

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La consultora LCG, en tanto, planteó interrogantes sobre la utilización de los fondos: "Permanece la incógnita sobre si el Banco Central dispondrá plenamente de estos recursos, por ejemplo, para administrar los tipos de cambio financieros y controlar la brecha cambiaria".

Un análisis elaborado por PxQ, la firma consultora del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, destacó que la recompra de Letras Intransferibles mejoraría la posición de liquidez en divisas del Banco Central sin generar expansión monetaria. Esto incrementaría la capacidad de intervención en el mercado cambiario sin necesidad de emitir pesos, aunque como contrapartida aumentaría el endeudamiento público con el FMI y solo se reduciría el pasivo del Tesoro con la autoridad monetaria.

Entre los riesgos potenciales, PxQ advirtió que "si la dolarización de carteras durante el período preelectoral alcanza magnitudes significativas, podría producirse la paradoja de que el Banco Central vea reducidas sus reservas mientras el Tesoro mantiene su endeudamiento con el FMI. Aunque la deuda se cancele mediante superávit fiscal, si la posición de reservas del BCRA se debilita, estos pagos requerirán en el futuro una reducción del consumo, ya sea directamente o indirectamente a través de una depreciación de la moneda nacional".

Héctor Torres, ex director argentino ante el FMI, opinó que "el organismo respetará el procedimiento elegido por el gobierno para obtener la aprobación del programa por parte del Congreso, siempre que dicho proceso no cuestione la legalidad de la deuda contraída con el Fondo".

"Independientemente de eso, el programa seguramente incluirá restricciones al posible uso de los dólares proporcionados por el FMI para sostener el tipo de cambio actual, es decir, para adquirir pesos a precios elevados en el mercado cambiario", señaló Torres.

El ex ministro de Economía Martín Guzmán, impulsor de la legislación que establece que este tipo de programas deben ser aprobados por el Congreso, fue más categórico: "El gobierno está evitando al Poder Legislativo. Emitieron un decreto porque no desean sostener este debate ante la ciudadanía. El propio ministro Caputo reconoció recientemente que recurren a un decreto porque carecen de respaldo en el Senado. Esto generará serias complicaciones futuras. El FMI tiene normas específicas para el otorgamiento de préstamos a un país, y una de ellas exige un amplio consenso político".

Mientras continúan las negociaciones técnicas, los mercados financieros y analistas económicos permanecen atentos al desenlace de este proceso que podría redefinir la relación de Argentina con su principal acreedor internacional y establecer las bases de la política económica para los próximos años.